La (im)potencia de las universidades venezolanas

Comité de Redacción - 8 Abr '16

Entorno Universitario

[UCV]

06-04-2016
GABRIELA ROJAS

La educación superior atraviesa una de sus peores crisis y lucha por mantenerse a flote en un entorno regional cada vez más competitivo. Los rankings latinoamericanos, la disminución de investigaciones, la carencia de insumos básicos, los sueldos que se acercan al salario mínimo lo demuestran

En la sede del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología -antes Ministerio de Educación Universitaria, antes de Educación Superior y mucho antes dos o tres denominaciones más-, una serie de pendones gigantes muestran imágenes de profesionales trabajando a plenitud, junto a la frase: “Venezuela Potencia”. Esta palabra puede significar, según se vea, poder o capacidad de ser. En teoría, Venezuela es o Venezuela puede ser.

Pero en la práctica, Venezuela lucha por mantener. Por mantener a sus estudiantes, por mantener las instituciones a flote, por mantener a sus docentes, por mantener la calidad y el reconocimiento académico que construyó durante años. “Cada vez aguantamos menos. Muchos tenemos un título en la mano y ni siquiera nos podemos mantener”, dice Andrés Rodríguez, egresado de la Universidad Central de Venezuela.

El déficit presupuestario acumulado año tras año, el éxodo de docentes y estudiantes, la violencia, la inseguridad y unas cifras de inflación imparables terminaron por convertirse en la urgencia constante que se antepone a la creación y la reflexión. La letra con hambre y golpe no entra.

Un ejemplo es la ubicación de Venezuela en el ranking latinoamericano de universidades que muestra un estancamiento desde 2007. Las tres casas de estudio superior mejor posicionadas según la lista  QS University Ranking son la Universidad Central de Venezuela en el puesto 32, la Universidad Simón Bolívar en el puesto 34 y la Universidad Católica Andrés Bello en el lugar 48 de las 300 instituciones evaluadas.

Estos rankings miden factores como el número de la matrícula estudiantil, la cantidad de docentes que trabajan tanto en pre como en posgrado, el número de investigaciones publicadas cada año, la reputación académica y el reconocimiento profesional de sus docentes.

Tulio Ramírez, investigador y profesor de la UCV, explica que Venezuela aún tiene una buena posición en los ranking por el trabajo de años anteriores: “hay una especie de colchón que nos soporta por la cantidad de publicaciones e investigación que se ha acumulado durante años y por eso la caída es poco perceptible pero en dos o tres años será más obvio que estamos estancados o retrocediendo”. Uno de los datos que ha encontrado es que desde 2010 los únicos dos países de Latinoamérica que registraron retroceso en número de patentes inscritas (inventos e investigaciones) fueron Venezuela y Honduras.

Ramírez realizó una investigación comparativa entre la producción de ensayos y trabajos académicos entre las universidades de la región. Pone como ejemplo la relación entre Venezuela y Colombia por la similaridad de sus condiciones educativas y observó que desde hace diez años la proporción se invirtió: por cada dos publicaciones de Colombia en revistas arbitradas internacionales, Venezuela tiene una, cuando históricamente había sido al contrario. Pero la proporción con otros países se ha hecho mucho más asimétrica: por cada trabajo venezolano publicado, Argentina tiene 18 y Chile 16, por mencionar sólo dos casos.

Precisamente estos tres países, junto a Brasil, ocupan los primeros lugares de los rankings, lo que revela que la región cada vez se hace más competitiva, y en paralelo estos países también se han convertido en los principales destinos de profesionales venezolanos emigrantes.

Claudio Mendoza, investigador y docente del Ivic, explicaba en una investigación sobre la emigración de jóvenes científicos que la captación de los países vecinos se ha hecho muy agresiva porque aprovecha un recurso humano muy bien formado. Lo ejemplifica con las ofertas salariales de países como Colombia donde un investigador puede cobrar 4.000 dólares frente al equivalente a 100 e incluso menos que recibe en Venezuela.

La lectura que hace Amalio Belmonte, secretario de la UCV, es que en Venezuela está ocurriendo un fenómeno sociológico que vivió Europa: los hijos de la generación adulta actual tienen menos posibilidades que sus padres. “Es un retroceso, una injusticia intergeneracional porque aunque pongan su talento a producir perciben que van a vivir en peores condiciones que sus padres aunque tengan el respaldo de una educación universitaria”.

Inclusión como sea

Además de la Venezuela Potencia, la inclusión universitaria también se promueve desde el Gobierno como uno de los más grandes logros de la Revolución. En el más reciente Consejo Nacional de Universidades (CNU) realizado el martes 29 de marzo, el vicepresidente para la Planificación y el Conocimiento, Ricardo Menéndez, presentó como punto especial a los rectores que Venezuela tendría que duplicar su número de estudiantes en pregrado y postgrado, además de la creación de nuevas carreras según las necesidades de la sociedad.

“Es totalmente contradictorio duplicar el ingreso de estudiantes si desde hace ocho meses no hay recursos para insumos mínimos y se acentúa la carencia, las facultades de ciencias no tienen reactivos ni material en los laboratorios. La única carrera nueva que hemos creado en la UCV en los últimos 10 años ha sido una de la Facultad de Ingeniería, que tiene sede en Cagua”, explica Belmonte.

En los datos monitoreados por Ramírez, en los últimos cinco años la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) ha producido cinco artículos en revistas arbitradas (científicas y de investigación), el 80% restante de los artículos publicados durante ese período de tiempo eran trabajos de las seis universidades autónomas (UCV, USB, Universidad de Los Andes, Universidad de Carabobo, Universidad de Oriente y La Universidad del Zulia) más dos privadas (Ucab y Unimet) “pero en el país hay aproximadamente 53 instituciones de educación superior, entonces debemos asumir que hay universidades donde dan clases nada más”, señala Ramírez.

La inversión en educación universitaria que declara Venezuela es aproximadamente 2,16% del Producto Interno Bruto, cifra similar a la que declara EEUU y mayor a la que declara Colombia, que ronda 0,16% de su PIB.

Belmonte resume la idea de inclusión que se está promoviendo desde la política oficial: “al Gobierno lo que le interesa es que ingresen a un pupitre pero no al conocimiento. Si es por cifras podemos decir que tenemos 200 mil estudiantes pero ¿en qué condiciones? Lo ideal es que ingresen a un espacio cuya dotación en profesores y recursos sea plena, para que puedan vincularse entre universidades y con sus pares a nivel mundial. Pero si uno no puede bailar con los gigantes, ni siquiera desde lo virtual porque no hay recursos tecnológicos, entonces de qué estamos hablando”.

A pesar de la diferencia de recursos entre las universidades públicas y privadas, el elemento común que se repite en los salones es que los jóvenes dicen que están cansados, algo paradójico para un país que vive del bono generacional más generoso de su historia. Pero además, la crisis y la escasez tocan a todos. En las casas de estudio privadas comienza a notarse las fallas en la procura de materiales, aunque aún muy lejana a la realidad de las aulas públicas, determinadas por la poca disponibilidad de recursos académicos.

“No porque uno estudie en una universidad privada significa que tiene dinero, la solicitud de becas cada vez es más grande y la mayoría tenemos que trabajar para terminar de pagarnos los estudios. Eso no fuese un problema si sabes que al final va a haber una recompensa por el esfuerzo. Pero no. Te puedes graduar de físico nuclear, de ingeniero, de médico, de lo que sea y no tienes garantía de que vas a vivir bien”, dice Daniela Álvarez, estudiante de la UCAB.

Educación utilitaria vs educación para el desarrollo

La idea de los Programas Nacionales de Formación (PNF) ha ido y venido como política ministerial desde la gestión de Héctor Navarro y se concretó en mayo de 2008 cuando fue creada su normativa, concepto y gestión por iniciativa del Ejecutivo Nacional, establecida en la Resolución 2.963 que se publicó en la Gaceta Oficial No. 38.930.

Su definición oficial indica que los PNF son “conjuntos de estudios en áreas estratégicas de desarrollo para la Patria socialista y actividades académicas conducentes a títulos o grados de estudios universitarios, creados por iniciativa del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), diseñados en colaboración con una o más instituciones de educación universitaria, para ser dictados y acreditados en distintos espacios del territorio nacional, en las Aldeas Universitarias de Misión Sucre o en Instituciones de Educación Universitaria, en función de prioridades nacionales, regionales y locales”.

Los PNF intentaban no repetir el diseño de las carreras tradicionales porque su objetivo era “la formación del nuevo ser humano que requiere la Venezuela del presente y del futuro”, según señala el documento de su definición. Estos programas estaban diseñados dentro de la Misión Alma Mater, el escalón siguiente de la Misión Sucre.

Su propósito respondía a dos criterios: la territorialidad y la utilidad del conocimiento para el desarrollo del país. En una oportunidad, el entonces viceministro de Políticas Estudiantiles, Jehyson Guzmán, ejemplificaba: “no necesitamos más abogados, administradores o contadores”, en referencia a la histórica tendencia de que determinadas carreras mantuvieran la mayor demanda para ingresar a las instituciones de educación superior.

La idea era que los jóvenes tuvieran la posibilidad de estudiar una carrera que les permitiera profesionalizarse dentro de las potencialidades de sus regiones, y que a su vez, esas profesiones sirvieran de empuje para áreas económicas de desarrollo del país. En pocas palabras: que un bachiller de Portuguesa o Apure prefiriera estudiar tecnología de la producción agroalimentaria o que los de Sucre y Nueva Esparta decidieran dedicarse a la ingeniería pesquera o al turismo.

A partir de 2012 la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) implementó como tercer criterio la territorialidad para hacer los cálculos de los índices del Sistema Nacional de Ingreso. El índice de admisión OPSU se evalúa con base a 100 puntos: el promedio de notas de 1ro a 4to año de bachillerato equivale a 50, el estrato socioeconómico vale 30, la territorialidad equivale a 15 y la participación comunitaria los restantes 5 para completar 100; luego se determina qué tipo de carrera o Programa Nacional de Formación (PNF) se le puede asignar y en cuál universidad.

Esta visión se fundamenta en la idea de la educación utilitaria, con lo cual la inclinación individual de los estudiantes por carreras menos atractivas para el área económica, podrían ser menos promovidas como prioritarias.