A río revuelto, ganancia de las transnacionales

El Gobierno nacional ha anunciado como una gran cosota el acuerdo reciente con las trasnacionales LG y Chery –sudcoreana la primera, china la segunda- para producir en Venezuela electrodomésticos y motores de carros, respectivamente.

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Obviamente se trata de montar en el país armadurías de ese tipo de bienes, por la vía de traer desde los países de origen las partes y piezas que correspondan. Para esos efectos tienen que asegurarles a estas empresas transnacionales los dólares suficientes para traer los insumos necesarios para armar en el país las cantidades de los producto0s finales que hayan sido convenidas con el Gobierno. Si se les va a imponer la larga y tortuosa permisología para poder optar a los dólares oficiales que se les impone a las empresas nacionales, ni los chinos, armados de su proverbial paciencia, se habrían metido en este lío. Es dable suponer, por lo tanto, que el convenio establece formas particulares de acceso a las divisas necesarias para comprar las partes y piezas que serian armadas en el país.  ¿O los sudcoreanos y los chinos traerán esas mercancías sin tener un mecanismo claro y seguro de pago? ¿Serán así de ingenuos y de simpáticos? ¿O les pagarán con petróleo, como las otras deudas que ya se han ido acumulando con los chinos? No hay respuestas seguras a estos interrogantes, pues los convenios no se conocen en su integridad.

Los bienes finales producidos por esta vía, lo más probable es que sean  vendidos directamente al Gobierno, o a empresas señaladas por éste, para que por esa vía lleguen directamente al público, al precio que el Gobierno quiera. Las empresas LG y Chery tienen que asegurar su ganancia en ese primer eslabón de la cadena de comercialización: la venta de la mercancía al Gobierno. Lo que pase de allí en adelante, ya no les compete ni les interesa. Lo que sí les interesa y muchísimo, es tener claro que pasará con los bolívares que obtendrán en ese negocio. Si no les autorizan a convertir rápidamente esos bolívares en dólares, el negocio se cae, a menos que les paguen directamente en dólares. Tiene que haberse convenido un mecanismo claro y expedito para remesar utilidades al país de origen. Si no, ni los chinos ni los sudcoreanos se habrían metido en este asunto. Ellos saben tan bien como todo el mundo, que los inversionistas extranjeros en este país pasan meses y años sin que les autoricen la remesa de utilidades. Si ellos se metieron en este negocio -de armar lavadoras y motores en el país- es dable suponer que es porque les dieron seguridades de que no los iban a hacer pasar por ese vía crucis. Tampoco se habrían metido en este negocio, si el precio de compra de las lavadoras y de los motores por parte del Gobierno, va a quedar  sujeto a fijaciones arbitrarias de precios o si se van a producir requisas arbitrarias a sus bodegas por concepto de acaparamiento. Todo parece indicar, por lo tanto, que se está en presencia de tratos discriminatorios en contra de los empresarios nacionales -y también en contra de generaciones anteriores de inversionistas extranjeros- para efectos de favorecer a ciertas empresas transnacionales. 

Mientras no se conozca la letra chica, es difícil suponer que la cantidad de valor agregado nacional de las mercancías armadas en el país sea lo suficientemente alto, como para pasar las vallas establecidas en esta materia en el  Mercosur. Serán, probablemente consideradas internacionalmente como productos chinos o sudcoreanos armados en Venezuela, pero no como productos venezolanos que puedan ser exportados a los países socios de la región. Serán productos, por lo tanto, solo para el mercado nacional.

Todo esto no hay dudas de que será muy provechoso y seguro para las empresas transnacionales LG y Chery -y para otras que sigan su ejemplo- que tendrán un mercado cautivo sin pasar por grandes complejidades de competencia ni de marketing. Será también relativamente ventajoso para el Gobierno, que tendrá a su disposición bienes para repartir al precio que se le de la gana, sin preocuparse del incómodo cálculo capitalista de ingresos, costos y ganancias. Además, el Gobierno se saca de encima la presión de los empresarios nacionales para tener acceso a las divisas, con las cuales se podría hacer lo mismo, pero un poco más barato. Al público consumidor, a su vez, se le podrá vender la idea de que todo esto lo beneficia, pues los bienes llegarán a sus manos  baratos o regalados; pero en el fondo, lo que el público no paga directamente de su bolsillo, lo termina pagando de las arcas del Fisco, que también en última instancia es plata de los ciudadanos nacionales. El único que pierde es el país, que malgasta sus divisas en una operación que destruye un pedazo importante de la industria nacional. 

Blog: sergio-arancibia.blogspot.com