Aun cuando hay ciertas semejanzas, la situación económica que presenta Argentina, tiene también algunas diferencias sustantivas con la situación que presenta o que ha presentado Venezuela.
Argentina se enfrenta en el presente a una demanda incrementada de dólares, la cual tiene su razón de ser en la visión generalizada de que esta moneda tiene un precio más barato que el resto de los bienes y servicios que se transan en esa sociedad. En año 2010 la inflación fue superior al 10%, -de acuerdo a cifras oficiales que gozan de bastante poca credibilidad- mientras que el precio de la divisa norteamericana se incrementó sólo en 4,5 %.
Esas tendencias se han mantenido durante el año en curso, lo cual genera pérdida de competitividad de las mercancías argentinas en los mercados internacionales, al mismo tiempo que se incrementan las importaciones y, por lo tanto, se incrementa también la demanda de divisas para esas necesarias operaciones de comercio exterior. Además, el tener una moneda sobrevaluada, hace que surja y se desarrolle la idea de que ésta tiene que devaluarse en un futuro cercano, con el consiguiente beneficio para los que hayan logrado acopiar una cierta cantidad de estas divisas. Esto último hace que se incremente la demanda de dólares con fines claramente especulativos.
En Argentina el precio del dólar no está fijado en forma administrativa y obligatoria por parte del Ejecutivo o del Banco Central, sino que se deja fluctuar en el mercado correspondiente. Desde luego el Banco Central interviene, vendiendo dólares, cuando la demanda es superior a la oferta, lo cual lo ha llevado, en el transcurso del presente año, a perder reservas internacionales. Todo ello acrecienta en la ciudadanía la sospecha, de que el Banco Central tendrá que permitir una devaluación del peso argentino, so riesgo de perder reservas más allá de lo conveniente. Pero devaluar el peso se visualiza como una medida que implicaría un salto adelante en materia de inflación, lo cual tiene consecuencias políticas y económicas indeseables.
Venezuela, enfrentada a situaciones similares en el pasado, respondió con dos medidas que no le han traído buenos resultados. Por un lado, el Gobierno venezolano estableció un control generalizado de cambios, que implica no sólo que la tasa de cambio está fijada por el Ejecutivo, sino que el acceso mismo al mercado de divisas, está controlado por el Gobierno. Con ello, pretendía poner coto a la salida de capitales, lo cual no se logró en absoluto, pues la salida de capitales nunca en la historia del país ha sido tan alta como en el presente, con el agravante de que dificultó en alta medida, el acceso a las divisas necesarias para la importación de mercancías.
Los argentinos han sido manifiestamente más cautos. Han establecido que el mercado formal de divisas -conformado básicamente por las casas de cambio- tiene que recabar autorización gubernamental para concretar cada operación de compra venta de divisas, con lo cual cada comprador de dólares deja sus huellas en los sistemas informáticos oficiales, y tiene, por lo tanto, en algún momento, que responder al menos tributariamente, por el origen de los fondos que utilizó para dichos fines. Pero se mantiene la libertad para comprar, vender, transportar y poseer divisas, y se mantiene la posibilidad de hacer transacciones entre agentes económicos distintos a las casas de cambio. Es decir, la eventual existencia de un mercado informal de divisas no es penada ni castigada por la ley.
En segundo lugar, el Gobierno venezolano -en el intento de frenar la inflación, además de imponer una tasa de cambio que sobrevalua la moneda nacional- ha impuesto un control generalizado de precios. El Gobierno argentino, en cambio, ha anunciado en los días recientes que pondrá fin a una serie de subsidios presentes en la economía nacional, con lo cual se reducirán los gastos fiscales.
Esa una forma de tratar el problema de la inflación de una forma radicalmente distinta a como lo enfrentó el Gobierno venezolano pues -en vez del control generalizado de precios, para intentar infructuosamente detener la inflación- el Gobierno argentino opta por frenar el gasto fiscal y la emisión monetaria, que están más cerca de las raíces del problema inflacionario.
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