Para convencer a cualquier venezolano de que el país está  pasando por una tremenda crisis, no es necesario  hacer mucho esfuerzo ni abundar en muchos razonamientos. El 80% de los venezolanos la sienten en carne propia. No les alcanza el salario, los precios suben, la producción baja, los bienes escasean, hay que hacer colas para conseguir lo que antes se conseguía sin esfuerzo, no se puede salir del país, florece el mercado negro. Se vive peor que en cualquier otro momento del presente siglo. Pero, al mismo tiempo, se difunde la idea de que la raíz de todos estos problemas es la baja en los precios del petróleo. El precio del petróleo bajó a la mitad, o menos aún, y por eso los ingresos del país y de todos sus ciudadanos bajaron a  la mitad. Es como si a un trabajador cualquiera le bajan de repente su salario a la mitad, sin derecho a pataleo. Tiene que apretarse el cinturón. Pobre Maduro, le toco bailar con la fea. Ni él tiene la culpa, ni tampoco su antecesor en la Presidencia de la República. Todo es culpa del mercado petrolero.

Todo ese razonamiento tiene el tremendo atractivo que siempre acompaña a las ideas simples, que evitan tener que estar pensando y recordando. Ahí ya se cuenta con una idea fácil de digerir, de memorizar y de repetir. Pero, desgraciadamente, es una idea falsa. Y con las ideas falsas se pueden hacer muchas cosas, pero no sirven para construir, a partir de ellas, un programa de acción que sea útil para solucionar los problemas que enfrenta el país.

La baja en los precios del petróleo apareció en el horizonte de Venezuela y de los demás países petroleros de este mundo, más o menos a mitad del año pasado. Es decir, hace aproximadamente 8 meses atrás. Antes de eso, el precio del petróleo bordaba los 100 dólares por barril y hubo incluso, momentos estelares, en que subió más arriba aun. Y en el país había la misma ineficiencia en el aparato del Estado, la misma baja de la producción y de la productividad en las empresas públicas y privadas, los mismos niveles de corrupción, el mismo despilfarro de las finanzas públicas, la misma inseguridad y la misma generación rápida de algunos pocos nuevos ricos.

Con el sistema de “ordeno y mando” que impuso el Presidente Chávez y que el Presidente Maduro intenta continuar, la administración pública, desde los mismos ministros para abajo,  no tiene ninguna capacidad de tomar decisiones sobre nada, ni de discutir las instrucciones que reciben, por descabelladas que sean. La continuidad en el  cargo de cualquier funcionario, no depende de que piense adecuadamente sobre cómo solucionar los problemas que le toca enfrentar, sino de su capacidad para repetir hacia abajo, las consignas oficiales, y de  trasmitir hacia arriba, una cantidad de resultados fantasiosos. Se genera así una burocracia pública lenta, ineficiente, temerosa y sumamente abultada. Para conseguir insumos y materias primas importadas, las empresas públicas y privadas tienen que depender de la buena voluntad de ciertos funcionarios públicos que dominan el acceso a las divisas y que tienen el poder de decidir a quién le asignan la posibilidad de importar y a quién se la niegan. Imposible con ese sistema planificar las compras internacionales, ni la producción nacional,  ni ganar competitividad, ni abastecer fluidamente al mercado nacional o extranjero.  La propiedad de la tierra no está asegurada para los agricultores, ni la propiedad de locales y mercancías está asegurada para los comerciantes, ni la propiedad de las viviendas está asegurada para sus propietarios. Eso tiene que afectar necesariamente la producción agropecuaria y la actividad de la construcción y del comercio. El Banco Central no tiene capacidad de luchar contra la inflación, pues recibe órdenes de financiar al Gobierno y a las empresas públicas deficitarias, echando a la circulación millones de bolívares sin respaldo alguno. Toda la economía está llena de controles sobre lo que se produce, lo que se importa, sobre los precios de venta, sobre las tasas de interés, los salarios, las tasas de ganancia, la movilización de las mercancías, etc.  Y junto a los controles, va siempre unida una cuota importante de corrupción. Hay subsidios absolutamente ineficaces y precios internos artificialmente más bajos que los precios de los países vecinos, con lo cual se fomenta el contrabando de extracción. A lo anterior se agrega una Contraloría, un Parlamento y una Justicia, que hacen poco o nulo uso de la capacidad contralora e investigativa que les corresponde. 

Con petróleo caro o barato, todo aquello seguiría igual: la sobredosis de controles; la ineficacia de los subsidios; la irracionalidad de los tipos de cambio múltiples; el rol de PDVSA como una caja chica paralela del Gobierno, que gasta en lo que se ocurre; la incapacidad del Banco Central para luchar contra la inflación; la fantasía con que se construye el Presupuesto anual de la nación, las instituciones que no funcionan. Ojalá, el precio del petróleo suba, para que los venezolanos no la pasemos tan mal. Pero el problema de fondo es y seguirá siendo, cómo se administra lo mucho o lo poco que el mercado petrolero nos proporcione y cómo se incrementa con otros eventuales rubros de producción nacional.   

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