CRECIMIENTO Y POLÍTICAS DE CAMBIO

Frente a los vientos de cambio que soplan en el país, algunos sectores han postulado que los cambios institucionales que están en el medio de los grandes debates nacionales, implicarían una menor tasa de crecimiento económico. Esos personeros parecen postular, en el fondo de sus argumentos, que el crecimiento de un país como Chile depende solo de la inversión extranjera directa que recibe y del nivel de sus exportaciones o, dicho en otras palabras, de los mecanismos con que el país se relaciona con la economía internacional. Así ven que ha sucedido en Chile en las últimas décadas y así creen que debe seguir siendo. No conciben crecer de otra manera, a pesar de los cambios que están en curso en el mundo contemporáneo y de los cambios que han sacudido a la sociedad chilena en los últimos tres años.

El crecimiento económico depende de muchas otras variables, tales como el rol del Estado, los derechos de propiedad, los equilibrios macroeconómicos, los incrementos de productividad, la estabilidad política, la innovación tecnológica, etc. Pero centrándonos en algunos pocos temas dentro de ese listado podemos mencionar lo siguiente:

La inversión extranjera directa que Chile ha recibido en el periodo enero-mayo año 2022 alcanza a 9,6 mil millones de dólares, lo cual representa una cifra 60% superior al promedio de los meses enero -mayo desde el año 2003 en adelante. Pareciera que los inversionistas extranjeros no se sienten mayormente preocupados por los cambios institucionales que se discuten en el país, pues así fuera, ellos deberían haber comenzado a disminuir su presencia en el país, y no a aumentarla, como ha estado sucediendo.

Parece cierto suponer que los inversionistas extranjeros le tienen cierta aversión a la inseguridad jurídica, pero eso no significa que solo estén dispuestos a hacerse presentes en aquellos países que sean extraordinariamente generosos en las tratativas que establecen con ellos. Lo importante para ellos es que las normas sean permanentes, es decir, que nazcan para estar vigentes durante varias décadas y que les permita obtener una tasa razonable de ganancia. Y todo eso está fuera de discusión en los actuales debates del país. La norma que propone la nueva constitución en materia de propiedad minera recoge casi textualmente, palabra por palabra, lo que ya ha estado presente en las constituciones chilenas desde el año 1971 en adelante, y la concreción de ello en eventuales nuevas leyes tendrá que ser discutida en el parlamento, como suele hacerse en los países democráticos. Por si fuera poco, nadie ha cuestionado los tratados vigentes en materia comercial y de protección de inversiones. Así que todo parece indicar que los inversionistas extranjeros pueden dormir tranquilos, aun cuando existan sectores nacionales que pongan el grito en el cielo.

En materia de exportaciones no hay ningún partido, corriente de pensamiento o político relevante en el país que postule que debe terminarse con las exportaciones de frutas, de madera o de peces. Pero la única forma de preservar esas exportaciones es preservando el medio ambiente y poniendo fin a una explotación depredadora y contaminante, que amenaza con matar a la gallina de los huevos de oro. La nueva constitución que se debate en el país es extraordinariamente cuidadosa en materia de defensa de la naturaleza, no porque se aspire a que los chilenos se queden quietos mirándola y admirándola, sino porque hay que cuidar y resguardar sus ciclos vitales para que pueda seguir proporcionando alimentos y dólares a las generaciones presentes y futuras.

Finalmente – no porque se agote el tema, sino porque ese acaba el espacio normal de un artículo como este-  es necesario mencionar los efectos positivos que tiene en la productividad y el crecimiento del país el ejercicio real de determinados derechos sociales tales como la salud y la educación. Una población que goza de buena atención en salud es una población que no solo será más feliz y se sentirá más respetada, sino que también presentará mejor y mayor productividad laboral. Lo mismo se puede decir de la educación, que es un bien social cuya extensión y profundización incide no solo en la calidad de vida de la población, sino también en su rendimiento y habilidad en todo trabajo que desempeñe. En palabras de la jerga económica se puede decir que el financiamiento y el ejercicio de esos derechos sociales no debe considerarse como un gasto, sino como una legítima, necesaria y tremenda inversión.

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