El Desarrollo Económico Local en el bienestar social

Globalización y localismo obligan a redefinir tanto los espacios sobre los que se ejercen las capacidades de gobierno como la propia forma como adoptan estas capacidades. El intenso ritmo de los cambios que acontecen en nuestras sociedades complejas en el naciente tercer milenio, está dando lugar a profundas transformaciones en el modelo de sociedad, en la que aparecen nuevas configuraciones institucionales y políticas en la reorganización de la Sociedad del Bienestar o Sociedad solidaria.

Un proceso de reorganización tanto de finalidades, instrumentos, como de los actores que intervienen en el Bienestar de los ciudadanos. Como argumenta Goss (2001), el cambio más significativo en la “gobernanza” local es el de roles y de relaciones que se manifiestan entre los actores.

La progresiva desintegración de los escenarios nacionales, crea oportunidades para las ciudades, que emergen como lugares estratégicos en los que se manifiestan procesos de cambio y de reestructuración urbana más complejos. El gobierno local adquiere relevancia e influencia en el contexto de la crisis del Estado de Bienestar y la descentralización administrativa, debiendo suministrar multitud de servicios que precisa su heterogénea población. (Sassen, 2002)

Ante esta realidad y las formas de afrontarla, las aproximaciones analíticas que introducen el concepto de “gobernanza” local se centran en las posibilidades que tienen las élites políticas, económicas y sociales locales para convertir las ciudades en actores políticos con estrategias y proyectos colectivos autónomos. Proyectos que serán más sólidos cuanto más logren ser compartidos y pactados por la diversidad de actores públicos y privados que forman parte de la realidad local.

Se demuestra, según Arriba, Calzada y Del Pino (2006), que las preferencias respecto a un modelo público para la provisión del bienestar han variado poco en los últimos veinte años y si lo han hecho ha sido para consolidarse, probablemente, debido a que los ciudadanos consideran todavía modesto el grado de desarrollo del Estado de Bienestar. La oferta es juzgada todavía de insuficiente, al menos no alcanza a la demanda social de servicios públicos en las diversas áreas de política de bienestar.

La integración social y el desarrollo local son dimensiones esenciales e inseparables en la gestión de estrategias de análisis e intervención integrada y sostenible en el ámbito municipal. Es imprescindible impulsar la gestión participada de proyectos integrales, mediante formulas creativas locales, capaces de hacer converger los valores del desarrollo en un contexto globalizado de competencia que trascienda lo económico, como único valor, y se filtre en todas las esferas de nuestras vidas. Un desarrollo local basado en el mundo asociativo, los agentes locales y que apuesta por la acción colectiva. (Martínez Román, 2000)

Es necesario reconocer, aceptar e integrar la complejidad como un elemento intrínseco del proceso de intervención comunitaria, articulando sistemas inclusivos de participación de los diferentes actores en el marco de las redes locales. Los profesionales del ámbito social tienen la obligación de elaborar análisis y propuestas formalizadas y viables, de escuchar a los otros, pero también de comprometerse en defender las propuestas y los proyectos ciudadanos locales. (Harms y Pereyra, 2006)

En la actualidad, el acceso al ámbito de las decisiones públicas por parte de los ciudadanos precisa de la mediación de organizaciones sociales que asuman estrategias encaminadas a favorecer la activación y la transformación del denominado capital social en capital político.

La integración social ya no se produce únicamente a partir de instituciones estatales, públicas y formales, sino que se construye desde la diversidad reflexiva de los actores que conforman un entorno de redes, basado en transacciones de personas y organizaciones públicas y privadas. Una trama de prácticas sociales dónde se renegocian constantemente las mutuas conexiones entre lo público y lo privado. (Herrero y Castón, 2003)

La progresiva descentralización de las Instituciones del Bienestar hacia niveles administrativos – competenciales más próximos al ciudadano permite afirmar que la Política Social en el ámbito local ha dejado de ser residual para convertirse en un área central. Esta circunstancia implica una reorganización de las Administraciones Locales, tanto en su proyección interna como en sus relaciones externas.

De ahí, que el objetivo de las instituciones y las políticas públicas sea la de impulsar organizaciones que atiendan las necesidades sentidas de los sujetos-destinatarios de intervención; e implantar procesos sostenidos que potencien la comunicación, la participación y la capacidad de relación entre actores sociales. Torre (2005)

Las asociaciones locales se ven sometidas a dos estructuras distintas: una relacionada con los rasgos característicos de la acción colectiva que emprenden; otra, con el hecho de que sólo el gobierno local puede suministrarles los bienes públicos locales que reivindican y los bienes privados que precisan. (Aguiar y Navarro, 2000)

La nueva cultura de bienestar debe basarse en el impulso de un contexto simétrico en las relaciones y decisiones de sus actores, en términos de poder, preservando el Estado (en sus diferentes niveles administrativos) las competencias necesarias para promover y garantizar la responsabilidad pública de los procesos orientados a garantizar los derechos humanos como derechos de ciudadanía.

Contribuir al desarrollo humano en el siglo XXI, significa ampliar las alternativas de las personas para que puedan tener un nivel de vida que aprecien; siendo necesario para ello desarrollar las capacidades humanas. La capacidad de poder participar en la vida de la propia comunidad a la que se pertenece es fundamental para el desarrollo humano. Pero la promoción del desarrollo humano requiere de una gobernabilidad democrática tanto en la forma como en el contenido de hacer participar a los ciudadanos.

Las Políticas Locales orientadas al desarrollo humano deben enfatizar las fuerzas, las capacidades y los recursos de las personas, las familias, los grupos y las comunidades para desarrollar todas sus potencialidades y generar mecanismos personales, institucionales y ambientales de prevención y resolución de situaciones de dificultad. No hay que olvidar que son los ciudadanos los que hacen funcionar a las instituciones, por lo que éstas deben ampliar el espacio destinado a escuchar y a comprender a las personas y grupos a los que se sirven. (PNUD, 2002)

Finalmente, podemos advertir que el desafío de la calidad de vida se puede concretar con el desarrollo de un conjunto de derechos humanos que solo se pueden garantizar con la incorporación de los propios sujetos en los procesos sociales que les afectan. Resultando que se tiene calidad cuando se está en condiciones de controlar la propia vida, así como el medio en que ésta se desenvuelve. (Alguacil, 2003)

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