El sector empresarial y Gobierno van por caminos distintos, lo cual se manifiesta palmariamente en la política establecida por cada uno de ellos para el sector Construcción.
Este sector en los últimos dos trimestres del año 2011 y el primero del 2012 mostró una tendencia creciente, por lo que se esperaba que se mantuviese durante el presente año, debido a la cantidad de recursos provenientes del petróleo y al interés en el cumplimiento de las promesas de otorgamiento de viviendas hechas por el Gobierno.
No obstante, la realidad es que las grandes expectativas que se tenían con este sector en el presente año, especialmente las del sector privado, parecieran haberse esfumado; ya que cuando se analizan las cifras presentadas por este sector, lo que acusan son números que denotan recesión en el mismo, con el consabido efecto que representa para el crecimiento y desarrollo de la nación.
Al finalizar el tercer trimestre de 2011, el BCV informaba que la construcción demandada por el sector público, se había incrementado 17,6%, a consecuencia de una mayor ejecución de las obras requeridas tanto por el Gobierno general, como por las empresas petroleras y no petroleras, principalmente de índole residencial.
Sin embargo, en el sector privado la situación fue bastante distinta. La construcción permisada y demandada por el sector privado disminuyó 12,2%, debido al menoscabo en la ejecución de obras tanto de carácter residencial como no residencial. El mismo BCV ha reconocido que el nivel de actividad en el sector es consecuencia de “la menor disponibilidad de insumos básicos”.
En otras palabras, la recuperación del sector construcción privado ha tardado, en medio de un escenario de reactivación del ramo público, debido a la edificación de soluciones habitacionales construidas por el Ejecutivo Nacional, mientras que el sector privado continua lleno de incertidumbre.
Es evidente, por lo tanto, que no existen coincidencias reales en las planes del sector privado y Gobierno para el sector Construcción, lo que da por resultado el efecto negativo en el crecimiento y desarrollo del país, con la consecuente frustración para los ciudadanos que necesitan con urgencia una solución habitacional.
