Introducción
Año a año las Universidades Públicas presentan al Gobierno Nacional de turno sus requerimientos presupuestarios que buscan mantener la inversión en innovación científica y tecnológica, fortalecer la calidad y pertinencia en la formación, así como generar las bases del conocimiento y capacidades programadas necesarias para contribuir al desarrollo económico social del país.
Planteamiento General
La Insuficiencia Presupuestaria Crónica de las Universidades
Si bien es cierto, el Principio de Autonomía es fundamental para la vida de la institución universitaria y está consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 109; al mismo tiempo, se debe reconocer que el factor Financiamiento de las Universidades es determinante para garantizar la sustentabilidad de éstas.
Sin duda alguna, entre los principales problemas que caracterizan a la Educación Superior en Venezuela, es la mentalidad del Gobierno Central, de utilizar un esquema de financiamiento basado exclusivamente en la asignación vía presupuesto anual y la consecuente política de crédito adicional, obviamente condicionada por la situación del mercado petrolero y la Recaudación Fiscal del periodo correspondiente.
En tal sentido, este esquema de Financiamiento ha venido comprometiendo el desarrollo sostenible de las Universidades públicas, porque prácticamente las ha obligado a funcionar bajo un régimen de insuficiencia presupuestaria crónica, por varias razones:
La primera, los aportes del Ejecutivo nacional tienden a disminuirse o estancarse, lo cual condiciona y limita el desarrollo de las Universidades. Se desdice de su desarrollo por las limitaciones financieras a que han sido sometidas; por ejemplo, los consejos de desarrollo científico, tecnológico y humanístico de las diferentes universidades, impidiendo inversiones en el incremento del número de proyectos de investigación, adquisición de equipos de tecnología avanzada, mantenimiento de la infraestructura física de institutos, centros y laboratorios de investigación, reducción al mínimo de la participación de investigadores en eventos nacionales e internacionales y la interrupción de la periodicidad de las revistas arbitradas existentes.
La segunda, es referida al carácter estructural del persistente y sostenido incremento de los niveles de inflación en Venezuela. Para no ir tan lejos, desde 1997 hasta la fecha, el IPC ha tenido como característica de ser de dos dígitos, de 20,7% en promedio, salvo el 103,2% del año 1996, el cual ha perjudicado enormemente los ya insuficientes recursos financieros asignados a las Universidades. (Ver Cuadro).
Tercera: Las modificaciones en el Régimen cambiario en la ultima década, han reducido la capacidad adquisitiva de las instituciones universitarias que, sumado a la constante movilidad del IPC por ajuste de costos de producción, que trae toda una nueva paridad del tipo de cambio, afecta los presupuestos universitarios, sin que éstos reciban compensación alguna para esta razón.
Las Universidades, al tiempo que deben adaptarse a la política recurrente de presupuestos deficitarios, también deben enfrentar el impacto del impuesto al valor agregado (IVA) en los gastos de funcionamiento, que reducen el poder de compra de éstas.
Cuarta: La insuficiencia presupuestaria crónica también viene dada, por el crecimiento natural en la inversión en personal por escalafón docente, clasificación del personal, aplicación de los instrumentos normativos y la reposición de cargos por pensiones y jubilaciones; la estricta movilidad de la carrera académica llámense ascensos de categorías, cambios de dedicación, becas nacionales o el exterior y disfrute del año sabático. Todos estos renglones han sido severamente afectados por las asignaciones deficitarias por parte del ejecutivo nacional.
Quinta: La difícil situación económica de la década, ha logrado dar mayor relevancia a los servicios estudiantiles. Sin embargo, la renuncia de las providencias estudiantiles siguen afectando los programas de Becas, Comedor, preparadurias, el Fames (servicio de salud), cuyas asignaciones no representan en este momento una respuesta a las necesidades del sector estudiantil.
Sexta: Los planes de formación de personal también llevan lo suyo. Como en la mayoría de las universidades, los Becarios en el Exterior, deben recibir su sueldo más un complemento estipulado en dólares. La devaluación de nuestra moneda ha generado un desajuste en todos los planes de los docentes y de las instituciones.
Séptima: A este cuadro se le agrega la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), que en su inicio nació como una fuente de Recursos Financieros adicionales, porque las empresas realizaban un aporte al Ejecutivo, para las Universidades o para si mismas. Sin embargo, con la reforma de esta Ley, ahora el Ejecutivo Nacional es el receptor exclusivo de los aportes de la Empresa privada, quitándole la posibilidad de captación directa de recursos extraordinarios a las Universidades. Antes de la reforma esta ley, se venía operando positivamente a favor de éstas.
Octava: Situación similar se presenta con la liquidación de FIDES, (Fondo Intergubernamental para la Descentralización) y la reforma de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), que brindaban a los Gobiernos regionales la opción de apoyar a las universidades que presentaban proyectos para ampliación o mejora de planta física y de adquisición de equipos tecnológicos. Ahora, esta fuente de financiamiento queda cerrada para las Universidades, porque esos recursos los va administrar el Consejo Federal de Gobierno, a través del Fondo de Compensación Interterritorial y los proyectos serán aprobados exclusivamente por el Presidente de la República.
En cuanto a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), la última reforma disminuyó los aportes a las Gobernaciones y Alcaldías y aumentó el porcentaje de participación de los Consejos Comunales, cercando financieramente a los Gobiernos Regionales, aliados estratégicos de las Universidades.
Novena: Finalmente, no menos importante, el déficit de los presupuestos universitarios genera la marginación de las actividades complementarias de la formación integral del estudiante, como lo son el Deporte, la Actividad Física, la Recreación y la Cultura.
Las asignaciones presupuestarias a estas áreas son realmente limitadas. Por ejemplo, la Universidad del Zulia no construye una instalación deportiva nueva desde hace 22 años y con dificultad, puede mantener las instalaciones existentes.
Si bien estos no son programas prioritarios, son una formidable política de prevención contra el delito, el consumo de drogas, la violencia y la inseguridad en los recintos universitarios.
Fondo de Financiamiento para las Universidades Públicas
El Fondo de Financiamiento para las Universidades Publicas será una entidad descentralizada con personalidad jurídica propia, adscrito al Ministerio de Educación Universitaria, con la finalidad de apoyar financieramente a las Universidades Públicas que presenten propuestas de inversión para el mejoramiento de la calidad de los Programas y Proyectos académicos, de los procesos de modernización de Gestión, Capacitación y Contratación de Talento Humano especializado.
El objetivo del fondo de financiamiento será proporcionar anualmente, recursos económicos especiales a las universidades, para financiar programas estratégicos en diversas áreas.
Cómo obtendría sus Fuentes de Recursos
Las fuentes de recursos de este fondo pueden nutrirse de tres entidades públicas existentes, cuya normativa legal vigente permitirían perfectamente, realizar aportes significativos a las universidades públicas para su consolidación y mejoramiento continuo.
La primera entidad pública es la ONCTI adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, la cual recibe los aportes empresariales que obliga la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocida como LOCTI, que pudiera destinar subsidios especiales recurrentes a las universidades, toda vez que hoy es una fuente importante de recursos para el Ejecutivo nacional, el cual para el 2010, cerrará con aportes cercanos a los 26 millardos de Bolívares Fuertes, lo que evidencia la fortaleza de esta entidad como una opción potencial para contribuir a un eventual creación de un fondo de financiamiento para las universidades públicas.
La segunda entidad pública que se puede mencionar es, el novísimo Fondo de Compensación Interterritorial, dependiente del Consejo Federal de Gobierno y administrado por el Presidente de la República y el Vicepresidente.
La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno en su articulo 22, expresa lo siguiente “El Fondo de Compensación Interterritorial está destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y la complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y la realización de obras y servicios esenciales en las regiones y las comunidades de menor desarrollo relativo.”
Este artículo evidencia, que hay la posibilidad cierta, que el Fondo de Compensación Interterritorial puede destinar aportes a las universidades públicas, sobre todo si se considera, que no es posible un desarrollo equilibrado de las regiones sin ciencia, tecnología e innovación, que en un 70% se realiza en las universidades y, al mismo tiempo, las universidades requieren de obras y servicios esenciales para contribuir al desarrollo de las comunidades de su entorno. De manera que es posible lograr recursos recurrentes por esta vía, si existe la voluntad política para ello.
La tercera entidad que puede ser fuente de recursos es la Ley de Asignaciones Económicas Especiales conocida como LAEE, la cual pudiera ser una potencial opción de recursos para nutrir el fondo de financiamiento para las universidades. Por ejemplo, es el caso de la Universidad del Zulia que recibió recursos de la Ley, a propuesta de la Gobernación del Estado Zulia para proyectos de ampliación planta física como la nueva sede rectoral, el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, el Teatro Baralt y la Facultad de Medicina, todos hoy funcionando.
Por eso, se propone esta alternativa como posible fuente de recursos para el fondo de financiamiento, lo cual dependerá de la decisión política del Gobierno central.
Una cuarta alternativa para lograr recursos para las universidades, adicionales a los obtenidos por la vía presupuesto nacional, podría ser la creación e implantación de un “Impuesto a las Transacciones Financieras Regionales Pro Universidad o Pro Educación”.
Este impuesto Pro Educación podría ser un pequeño porcentaje que oscile entre 0,25 a 0,50, que sea tolerable para todos los sectores sociales y productivos, toda vez que ese impuesto será solo para inversiones estratégicas y no para gastos corrientes de las universidades, lo cual se devolvería en servicios a las comunidades regionales, que contribuirían a su desarrollo económico y social sostenible.
Para ello es necesaria la voluntad política del Gobierno central, que implicaría establecer una Mesa de Coordinación entre el Ejecutivo Nacional y las Universidades Públicas para estudiar y analizar la viabilidad política, económica y técnica y el impacto social de la propuesta, que no afecte la política Fiscal central y recargue a los ciudadanos de las regiones; pero al mismo tiempo, se promueva la corresponsabilidad social para mejorar la situación de la educación superior en los Estados y Municipios del país.
Cómo accederían las Universidades al Fondo
Se debe subrayar, que el fondo de financiamiento busca la obtención de recursos adicionales para las universidades, que en ningún caso se pretende que éste sustituya la asignación presupuestaria ordinaria anual del Presupuesto nacional a las universidades. Por el contrario, se pretende sensibilizar al Gobierno central y a la sociedad, sobre la necesidad de ayudar a las universidades para que cumplan el papel fundamental que debe jugar en el desarrollo sostenible de la Nación y que esto no es posible con la política del regateo de los recursos económicos que requieren las universidades para su mejoramiento continuo y para servir con calidad, eficiencia y compromiso social a la sociedad venezolana.
Esta iniciativa, debería en principio, dejar claramente establecida que los recursos del fondo sólo se podrán invertir en Programas y Proyectos académicos, en los procesos de transformación de la gestión universitaria, en la formación de talento humano de alta especialización, en la contratación de expertos en gestión del conocimiento y transferencia tecnológica, adquisición de la última generación de tecnologías en las diversas áreas del conocimiento, modernización de laboratorios, centros e institutos de investigación e infraestructura de soporte para la academia. De manera que no hay espacio para el gasto corriente en la filosofía del fondo para no desvirtuar su objetivo.
Una vez fijada la posición con respecto al destino exclusivo de los recursos del fondo a los gastos de inversión de las universidades, se propone un funcionamiento que considere como criterios, la igualdad y equidad, pero aparejadas con el desempeño institucional, sobre la base de indicadores tangibles, cuantificables y medibles para la adjudicación transparente de los recursos del fondo.
Por ejemplo, el fondo puede otorgar anualmente un monto fijo que sea el 50% del monto anual del fondo a todas las universidades, para no profundizar las diferencias entre las universidades de mayor antigüedad, complejidad y demanda frente a las universidades en desarrollo. Pero, al mismo tiempo, el otro 50% que el fondo otorgará, sean recursos por programas y proyectos, considerando su impacto científico, tecnológico, humanístico y artístico, con el objeto de generar competencia sana entre las instituciones universitarias, propiciando el mejoramiento de la productividad académica de estas.
Para garantizar el cumplimiento de las universidades con el fondo, el Gobierno central y el País, se podrían establecer contratos-programas para otorgar los recursos y respaldar jurídicamente al fondo y lograr el compromiso legal de las universidades con el ejecutivo nacional y evitar desviaciones que afecten el uso adecuado de los recursos asignados.
La relevancia de una asignación sobre la base del desempeño y la productividad académica, sin duda introduciría una revalorización de la universidad como institución, responsable de la generación de conocimiento y formadora de talento humano necesarios para el desarrollo sostenible de la Nación.
Por otro lado, sería todo una innovación de gestión de política pública de financiamiento universitario en Venezuela, la cual viene operando en otros países como: México, Argentina, Chile y Canadá.
Lo que realmente se quiere evidenciar con esta propuesta es, que existe la posibilidad cierta de conseguir más recursos para las universidades, pero hay que trabajar sostenidamente y sensibilizar al Gobierno central de las bondades de invertir en las universidades. Se sabe que el contexto de políticas del Gobierno no son muy favorables hoy a las universidades; pero, también es cierto, que tanto el Gobierno como el País, necesitan del talento humano y el conocimiento que se encuentra en las universidades y que éstas hoy, están llamadas a ser responsables de los avances científico–técnicos y de hacer una contribución fundamental para el desarrollo sostenible del país.
Beneficios potenciales del Fondo
* La creación de una Fuente de Recursos adicionales para proyectos de mejora y fortalecimiento institucional de las Universidades Públicas.
* Lograr la complementación presupuestaria que contribuya a resolver:
· Ampliación de la matrícula estudiantil
· Actualización de las necesidades tecnológicas.
· Financiamiento de proyectos de investigación aplicada.
· Mejoramiento de la calidad de la docencia.
· La relación y coordinación entre Gobierno y Universidades.
· Reducción de la incertidumbre anual sobre la disponibilidad de Recursos.
· Impulsar la Cultura de la Planificación a mediano y largo plazo.
· Mejoramiento de la productividad académica.
· Dar certidumbre y fortalecer la Viabilidad Financiera de la Universidades.
Dirección-E: [email protected]
(*) Profesor Titular FCES/LUZ
