El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Francisco Neri, consideró como positivo el proceso de consultas iniciado por la Asamblea Nacional, en torno al Proyecto de Ley de Preventa de Vivienda en Proceso de Construcción o aún no Construidas, presentado a los gremios. Abogó por reglas claras en el instrumento donde, además, sea tomado en cuenta el ajuste por inflación. Sería irresponsable mantener un precio fijo, si no consideramos la inflación. No podemos adivinar el comportamiento de la inflación en dos, tres, o cuatro años, y no somos los especialistas en inflación, dijo.
La iniciativa regulará la preventa, venta o enajenación de bienes inmuebles, destinados a viviendas. La diputada Laura Valls, presidente de la Sub-Comisión de Vivienda y Hábitat, dijo que el Proyecto será aprobado por los diputados la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, donde puede tener unas modificaciones leves para entrar en la Plenaria de la AN y ser aprobada en primera discusión. Posteriormente será discutido por los sectores involucrados y considerado por el parlamentarismo social de calle, para ser definitivamente aprobado en segunda discusión.
La diputada Laura Valls anunció la participación de todos los sectores, para que la ley no salga con una imagen negativa a la calle y afectar lo que es la producción de inmuebles o las operaciones de compraventa o las preventas, con normas claras, tanto para los productores como para los compradores en el proceso de preventas. Estamos abiertos a oír cualquier propuesta para mejorar el proyecto, indicó.
Francisco Neri, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta de la CIV, Rosa Magaly Varela y los presidentes de las Cámaras Inmobiliarias de Lara y Carabobo, Shoimey Lau y Rafael Trejo, respectivamente, señaló que el gremio estudiará el Proyecto de Ley y hará llegar sus propuestas a la AN.
Anunció que ya tienen un papel preliminar donde plantean, que la preventa comience una vez obtenidos los permisos de construcción, que los lapsos de entrega de las viviendas dependa de la dimensión de los desarrollos, 24 meses hasta 300 unidades, y 36 meses para complejos superiores a las 300 unidades; que es preciso establecer las fechas de habitabilidad y protocolización y que se establezca un mecanismo correcto sobre ajuste por inflación.
Durante la reunión entre la diputada Laura Valls, su equipo de apoyo técnico y los empresarios, se consideraron alternativas cuya viabilidad se evaluará, entre ellas, el establecimiento de subsidios para que el Estado asuma el costo de la inflación, propuesta surgida del equipo asesor de la AN; subsidiar el total la cuota inicial como forma de agilizar la construcción y acortar los lapsos que generan mayores costos; acelerar la permisología, tanto los permisos previos a la producción de viviendas como la certificación de habitabilidad al finalizar la obra.
Hubo un intenso diálogo en torno a materias colaterales, como el aumento de precios de los insumos de la construcción, al tiempo que emplea el productor en cada una de las fases del ciclo inmobiliario, y a la necesidad de integrar en el debate a todos los actores que intervienen en el proceso, incluida la banca y los Registros Inmobiliarios.
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