De muy poco valdrá el cambio anunciado del modelo económico y de los cambios que se han enunciado, si este no va realmente acompañado de una lucha intensa en contra de la conducta humana, que es la que corrompe organizacionalmente a la economía en su conjunto, al violar los principios ortodoxos de ella y su marco normativo establecido.
Un análisis del fenómeno de la corrupción en Venezuela, pasa por relacionar ésta, con el mal uso público del poder político y económico por parte del Estado venezolano y entidades privadas, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada, contraria a lo que sería la realización de prácticas transparentes.
Si de verdad se quiere trabajar por tener una mejor sociedad en el país, la corrupción debe ser entendida como uno de los peores males y obstáculos, para promover el crecimiento económico sostenible y alcanzar reducciones importantes en los niveles de la pobreza. Es decir, tratarla como una enfermedad identificando sus causas e implementando una verdadera estrategia que empiece a dar al traste con este cáncer que nos corroe.
No debería existir elemento más indignante para cualquier residente de un país, que observar cómo ciudadanos se aprovechan de los bienes públicos para hacer fortuna, esto además de significar una ineficiente e ineficaz utilización de los recursos, trastoca toda la moral nacional y merece el mayor de los repudios.
Es de esperarse que la corrupción como delito, preocupara a cualquier país del mundo, pero en el caso de Venezuela pareciera no ser importante para la sociedad, ya que, solo aproximadamente el 2% de los venezolanos cree, que la corrupción es uno de los problemas prioritarios de abordar, de acuerdo a los estudios realizados al respecto por las principales encuestadoras del país.
Como ha venido confirmando una vez más el reporte del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional (TI), Venezuela siempre ha figurado entre los países considerados más corruptos.
Entre los 177 países incluidos en el reporte, compuesto con la opinión de cientos de expertos y entidades especializadas, Venezuela está en el puesto 160, con 20 puntos de 100.
De los países latinoamericanos, solo Haití está por detrás de Venezuela, con 19 puntos. Y Somalia, Corea del Norte y Afganistán -con 8 puntos- son considerados los países más corruptos del mundo.
Cabría preguntarse entonces: ¿Y estos números qué nos indican?
Que a los venezolanos no les importa que, con las complicidades entre los funcionarios públicos y privados, se adueñen indebidamente de los recursos del país.
Que el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude sean algunas de las prácticas comunes en nuestra sociedad.
Que un funcionario público o privado que es corrupto, es visto como una persona exitosa y no deshonesta o carente de valores éticos y morales.
En general, que esta sociedad es corrupta a más no poder.
Pues pareciera que para la mayoría de los venezolanos, la corrupción no es un problema importante, sin saber y comprender que este fenómeno nos está conduciendo al abismo. Que ésta es la esencia del problema, pues es un obstáculo para el desarrollo económico y social del país, a la luz de una amplia tolerancia social hacia el gozo de privilegios privados, que son percibidos como cosa de la cultura política.
Coincidimos con ciertos estudiosos del tema, que sostienen que la corrupción de la economía es un asunto de moralidad y no puramente legal, que no se restringe únicamente al Estado; pero es, o puede ser, el Gobierno el instrumento idóneo para cometer corrupción. Esta posibilidad cobra mucha fuerza en un país como Venezuela, donde el Ejecutivo Nacional maneja directamente cerca de 80% del Presupuesto Público y 100% de los Fondos Paralelos, cuyo monto es similar a lo presupuestado para la Nación.
De muy poco valdrá el cambio anunciado del modelo económico y de los cambios que se han enunciado, si este no va realmente acompañado de una lucha intensa en contra de la conducta humana, que es la que corrompe organizacionalmente a la economía en su conjunto, al violar los principios ortodoxos de ella y su marco normativo establecido.
Se ha demostrado, que las estrategias anticorrupción efectivas, deben basarse en cinco elementos claves: 1) aumentar la responsabilidad política; 2) fortalecer la participación de la sociedad civil; 3) crear un sector privado competitivo; 4) desarrollar mecanismos institucionales de control al poder; y 5) mejorar la gestión del sector público.
Si analizamos objetivamente cada uno de estos puntos, nos encontramos con que, actualmente nuestro país puede jactarse de estar bien en uno solo: La participación de la sociedad civil, aunque con un claro peligro, luego de los acontecimientos suscitados este año, de volver a nuestra situación de hace algunos años (una sociedad sumamente apática y para nada organizada).
Lo cierto es que las evidentes y claras fallas de los organismos nacionales, que se deberían de encargar del control de la administración pública, subordinados completamente al poder central, junto al grave deterioro de las instituciones, hacen que esta problemática en Venezuela, esté muy lejos de resolverse. La falta de rendición de cuentas claras y lo atractivo y poco riesgoso que resulta emprender actos de corrupción, hacen de esta práctica una de las más lucrativas y de moda en nuestro país.
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