La derecha económica y política dijo o hizo – o dejó de hacer y de decir – muchas cosas en los días inmediatos a las manifestaciones sociales que se hicieron presentes en la política chilena desde octubre del 2019. Cuando vieron mucha gente en la calle tuvieron miedo y retrocedieron bastante. No defendieron el modelo económico, reconocieron sus carencias sociales, estuvieron de acuerdo en reformar la constitución de Guzmán que es un santón para gruesa parte de la derecha, justificaron las manifestaciones de masas y hasta repudiaron la represión desenfrenada que dejó decenas de ciegos, lisiados y muertos.
Pero ahora se les acabo el miedo, han dejado de retroceder, reorganizan sus fuerzas y sus ideas y tratan pasar al ataque. Los que se habían manifestado a favor de un cambio de la constitución, por la vía de una Convención Constituyente, ahora retroceden y salen abiertamente a la luz pública a decir que hay que jugarse por el rechazo. Los que habían repudiado o por lo menos habían guardado discreto silencio frente a la represión policial, hoy salen del closet y la justifican impúdicamente. Los que reconocieron que el modelo tenía grandes déficits sociales, hoy día salen a defenderlo en bloque.
Uno de los voceros que salió recientemente a defender el pasado fue el ex Ministro de Economía José Ramon Valente, quien dijo abiertamente que “el modelo de desarrollo estaba funcionando bien”, pero que a mucha gente le daba vergüenza reconocerlo.
La verdad es que el modelo de desarrollo económico ha estado funcionando mal. O para decirlo con palabras más suaves, el modelo de desarrollo ha dado ya de sí todo lo positivo que podía dar, y ahora no hace sino mostrar su cara más conservadora y regresiva. Durante algunos años el llamado modelo económico neoliberal potenció el sector primario exportador – frutas, cobre, maderas, pescados – con lo cual la economía chilena se abasteció de dólares y pudo financiar un incremento de las importaciones. Pero ahora después de 30 años de democracia, y de 40 años de haberse dictado la constitución actual, eso no basta. La economía chilena luce pegada en la exportación de productos primarios, los cuáles a su vez, pierden dinamismo en el mercado internacional, y no muestran internamente posibilidades de un incremento de productividad, pues crecer solo basado en la explotación de recursos naturales tiene su límite. No se ha potenciado ni estimulado el crecimiento de un sector manufacturero moderno con el cual irrumpir en el mercado internacional contemporáneo. Y eso ha sido así no por mera malignidad de los gobernantes, sino porque la constitución impuesta por Pinochet conduce inevitablemente a ello, en la medida en que subordina toda posibilidad de crecimiento a lo que vayan imponiendo las fuerzas del mercado. Y lo que mercado impone en cada momento es lo fácil, lo inmediatista, lo rentista y lo que se basa en la explotación rápida de los recursos naturales con que cuenta el país. Todo ello condena a Chile a ser por siempre un productor primario exportador, con todas las limitaciones que esa situación presenta a largo plazo. El Estado y el Gobierno pierden con la actual constitución la capacidad de incentivar, potenciar o crear nuevas industrias en el país, dejando que eso sea una mera consecuencia pasiva de las fuerzas del mercado, lo cual nos ha conducido a la situación actual. Se necesita, por lo tanto, modificar las atribuciones políticas y económicas del Estado y del Gobierno, en aras de convertirlo en un actor fuerte y de importancia en la promoción y en la gestación de un sector manufacturero potente, que es lo que necesita la nación chilena para proyectarse con éxito en el siglo XXI, so riesgo de convertirse de por vida en un estado marginal y subdesarrollado en la economía internacional contemporánea.
Crear un gobierno fuerte no es solo potenciar su capacidad policial, militar y represiva, sino ser capaz de ser un agente directo y efectivo en la promoción de las transformaciones económicas que Chile requiere.
El modelo también ha fracasado porque no ha sido capaz de generar una buena distribución del ingreso y no ha intentado siquiera imponer la vigencia de derechos sociales tales como el derecho a la salud, a la educación, o a la vejez tranquila. En definitiva, es un modelo que no asegura ni la vida del país ni la vida de sus ciudadanos. Es, desde todo punto de vista, un modelo fracasado. Con razón a muchos les debiera dar vergüenza defenderlo.
Edición digital del Clarin (CHILE)
