La Realidad del País

“Al igual que en la mayoría de los países del orbe, Venezuela no escapará de las consecuencias negativas de la crisis global que hoy aqueja al mundo, siendo el colapso de los precios del petróleo el fenómeno que más directamente nos afectará. Sin embargo, la severidad de esas consecuencias será mayor de la que debería producirse, ya que la implementación de una serie de políticas públicas y de acciones gubernamentales ha exacerbado la vulnerabilidad de la economía a shocks externos”; esta entre otras ha sido una de las más importantes conclusiones del evento realizado recientemente en Caracas, promovido por la Academia de Ciencias Económicas y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de muestro país, en donde fue publicado un documento de la investigación realizada por dichas academias.
Es preocupante el documento que han emitido en representación de la Academia de Ciencias Económicas su Presidente el Dr. Pedro Palma y Dr. Román Duque Corredor, en el mismo rol de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ya que representa una análisis muy objetivo -sin matices políticos- y preocupados por la situación de la Nación, ya que en dicho escrito además del razonamiento certero de cómo estamos y qué se debería hacer, llegan a una conclusión muy contundente: “se hace imperativo un cambio de rumbo en la conducción del país”.
El Dr. Palma, afirma que: “El desbordamiento incontrolado del gasto de Petróleos de Venezuela seguirá generando severas consecuencias a la crisis económica del país y cree que la política expansiva del gasto público que se implementó entre 2004 y 2007, años de altos precios petroleros, fue insuficiente para cubrir ese gasto. El Ejecutivo Nacional tuvo que forzar a Pdvsa a hacer cuantiosos aportes al Fondo de Desarrollo Nacional para la importación de alimentos, para el financiamiento de programas sociales, la adquisición de empresas (muchas estatizadas y sin relación con la actividad petrolera)”.
Del documento se desprende que la situación económica actual, es por “desconocimiento del sistema económico constitucional” y que “fue tal el desbordamiento incontrolado del gasto público entre 2.004 y 2.008, que no bastaron los ingresos fiscales, sino que se comprometió a la principal industria del país lo que ocasionará una merma en su capacidad de producción, aumento de costos y elevación desproporcionada de sus pasivos”.
Pedro Palma dijo que: “Estamos camino a una situación de contracción económica para los próximos meses y es probable que el año que viene sea también complejo y difícil”.
Según Palma, el BCV habría transferido más de 30 mil millones de dólares de reservas internacionales al Fondo de Desarrollo Nacional sin compensación alguna y ello ha implicado una descapitalización muy importante de recursos del BCV.
También agregó el académico que, lo que se ha llevado a cabo “es una devaluación aquí y en cualquier parte” aunque disfrazada.
Los miembros de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales afirman que se debe ir en pro de “un plan de desarrollo nacional integral y sustentable que busque como objetivo fundamental la erradicación de la pobreza”.
Román Duque Corredor, por su parte manifestó que: “El sistema contemplado en la Constitución excluye cualquier dogmatismo político” y que lo que hay es que estar “buscando un equilibrio entre la funciones de regulación del Estado y la libre iniciativa”.
Recalcó que no se debe llevar a cabo “la sustitución del sector productivo del país por unas estructuras paraestatales” y enfatizó en que “el Gobierno no ha podido controlar la conciencia de la población”. También dijo que lo que se quiere son “reglas precisas y claras, que no existan cambios constantes en las leyes y garantías procedimentales”.
Otro de los aspectos importantes de dicho documento es el señalamiento de los siguientes tres factores que han contribuido a deteriorar la realidad nacional: 1.- El desgaste de la infraestructura física;
2.- La decadencia moral cada vez más arraigada, que se manifiesta en una corrupción desenfrenada, en el desbordamiento del crimen y en el atropello cada vez más frecuente de los derechos fundamentales de los ciudadanos; y 3.- Las repetidas y cada vez más frecuentes violaciones al estado de derecho, que se posibilitan por la total ausencia de independencia de los poderes públicos, que ahora actúan de acuerdo a las directrices que reciben del Ejecutivo y en línea con la ideología “revolucionaria” que se desea imponer por la fuerza.
Otro de los aspectos relevantes del documento en cuestión es: “No se justifica la estatización de múltiples empresas que estaban desarrollando sus actividades productivas de manera eficiente, utilizándose argumentos o razones irrelevantes y en algunos casos falaces, generándole esto costosos compromisos al Estado por concepto de indemnizaciones, y complejas responsabilidades operativas y gerenciales, dándose el caso de abruptas caídas de productividad y eficiencia en el manejo de algunas empresas estatizadas.
Consideran estas Academias que no es correcta la forma como se está conduciendo al país a través de la aplicación de políticas públicas que violan la Carta Magna, y que en muchos casos están reñidas con principios democráticos fundamentales, ya que su implementación acarreará consecuencias muy adversas.
“Se hace imperativo un cambio de rumbo en la conducción del país”, es una de las reflexiones más importante de dicha investigación, agregando lo siguiente: “Creemos que el camino a seguir es la implementación de un plan de desarrollo nacional integral y sustentable que busque como objetivo fundamental la erradicación de la pobreza, la inclusión social y la superación del ser humano, para así asegurarle una vida mejor a la presente y a las futuras generaciones.
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