Las empresas ahora pueden espiar el correo electrónico de sus empleados

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de darle la razón a un empresario que entró sin permiso en el correo electrónico de uno de sus empleados y descubrió que lo utilizaba para fines no relacionados con el trabajo.

Según el juez, el empresario, que sospechaba que el trabajador hacía cosas personales con su cuenta de correo de la empresa, tenía derecho a comprobar si realmente estaba en lo cierto o no. De hecho, este descubrió que el empleado utilizaba el email para Yahoo Messenger y comunicaciones tanto personales como profesionales.

La sentencia del TEDH avala así que los empresarios puedan “espiar” el email de un trabajador en el caso de que tenga sospechas de que le da algún uso no laboral.

Con esta resolución el Tribunal Europeo también ratifica algunas que ya ha habido en España en este sentido por parte del Tribunal Supremo y el Constitucional.

En octubre de 2007 el Supremo sentenció que una compañía podía supervisar el correo de sus trabajadores, aunque debía avisarles con anterioridad.

En octubre de 2013 fue el Constitucional quien estableció que no era necesario avisar a los trabajadores, sino que debía venir dispuesto esta posibilidad en el convenio colectivo, como ocurre en este caso que afecta a la industria química. “El art. 59.11 del XV Convenio colectivo de la industria química tipifica como falta leve «la utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, Intranet, Internet, etc.) para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral», recoge el documento.

Pero Samuel Parra, experto jurista que ha conversado con El Confidencial, defiende que la clave está en avisar ante a los trabajadores de “las reglas del juego”. “El empresario debe informar de que el correo electrónico de la empresa se va a monitorizar y prohibir el uso personal de ese correo electrónico”, explica, aunque no debe por qué avisarse si viene recogido en el convenio colectivo.

No obstante, la sentencia del TEDH recuerda la necesidad de definir un marco regulatorio más claro.

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