LOS NUEVOS PLANES DE TRANSFERENCIAS DIRECTAS

El gobierno ha dado a conocer a la opinión pública y al parlamento un nuevo plan de ayudas directas a la población, para paliar parcialmente los efectos de la crisis sanitaria, económica y social que padece el país.

Para adentrarnos en el análisis de este nuevo plan, partamos por aclarar cuánto dinero hay disponible para estos efectos. Según los datos que se han publicitado en estos días, se destinarían a estos nuevos planes – que en realidad no son tan nuevos – un monto de 6 mil millones de dólares, más lo que quedó como remanente del Fondo Covid del año pasado. De ese fondo que fueron originalmente de 12 mil millones de dólares, se supone que se gastaron 6.080 millones de dólares y queda por lo tanto disponible un saldo de 5.920 millones de dólares. Los disponible del Fondo Covid, más los nuevos recursos que se destinarían para estos efectos, suman aproximadamente 12 mil millones de dólares. No hay por lo tanto 18 mil millones de dólares para gastar en el 2021como se ha dicho, pues de los 12 mil millones de dólares del año pasado ya hay una buena parte gastados. Ese fondo no se volverá a reponer en sus términos originales. Se gastará de él lo que queda pendiente.

En segundo lugar, el grueso de los gastos que se proyectan se destinará al Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, más o menos en los mismos términos en que se otorgó ese beneficio el año pasado. Para no meterse en líos, los que se beneficiaron con esta transferencia el año pasado, tienen que volver a postular, pero aportando menos información que la primera vez.  Aproximadamente 6 millones de personas. Pero no se cuenta – hasta donde se sabe – con una evaluación de esa primera versión del plan. No se han identificado a los sectores que quedaron por fuera de ese beneficio, ni el impacto que tuvo ese beneficio en el seno de los hogares que lo recibieron. Tampoco se han evaluado los mecanismos que se emplearon para efectos de hacer llegar ese beneficio a quienes correspondía que llegara. Pareciera que se asume que todo estuvo perfecto y que, por lo tanto, vale la pena hacerlo todo de nuevo en la misma forma que la primera vez. Pero quedaron y seguirán quedando una buena cantidad de personas por fuera, pues el mecanismo exhibía un alto grado de focalización y de burocratización.

Pero la novedad del año 2021 es que se introduce – como una nueva variable definitoria del monto que cada quien recibirá – el nivel de afectación con la pandemia que ha tenido la comuna donde viva el solicitante. Si vive en una comuna que ha estado 14 días o más en cuarentena, cada miembro de la familia recibirá 100 mil pesos. Pero si vive en una comuna que solo ha estado entre 1 y 13 días en cuarentena solo recibirá 60 mil pesos por miembro de la familia. Se supone que el estado tiene datos relativamente actualizados respecto al lugar donde vive cada ciudadano, pero siempre hay la posibilidad de que alguien se haya cambiado de casa. Que se haya ido a vivir a casa de los padres, por ejemplo, que viven en otra comuna. ¿Como se certificará aquello? ¿Con una carta del condominio? ¿O de la junta de vecinos? ¿O por medio de una declaración jurada del afectado? ¿Alguien puede pensar, en su sano juicio, que todo este mecanismo agiliza los procedimientos, favorece a los beneficiados y le concede una mayor justicia distributiva a todo el sistema?

Tampoco está clara la justificación de una medida de esta naturaleza. El que vive en una comuna en fase dos o tres, pero que trabaja en una comuna en fase 1 – o tiene que atravesar dos o más comunas en cuarentena para llegar a su trabajo – ha estado tan expuesto a la pandemia como el que vive en la comuna en cuarentena.

La ayuda por la vía de transferencias directas a la población sigue estando vigente como una necesidad política y social. El año pasado la situación se salvó medianamente por que los retiros de las AFP que significaron un monto de 35 mil millones de dólares que se volcó aproximadamente a 10 millones de personas en cada oportunidad. Esa lección no ha sido aprendida por el gobierno. Se necesita un mecanismo de ayuda que sea efectivo, rápido, masivo y no condicionado ni burocratizado. Si no, lo mejor que le puede pasar, o lo menos malo, es que tengan que aceptar un tercer retiro, y pagar, además, todos los costos políticos y sociales de la ayuda en los términos en que la están planteando. 

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