María Inés Hernández de Padrón (*) – El tema de los servicios públicos toma particular interés a partir de la década de los ochenta. La importancia y el debate del mismo están vinculados fundamentalmente a la crisis y agotamiento del Estado de Bienestar. En el caso de América Latina se trata del quiebre del Estado Nacional-Popular. Es la crisis de un tipo de Estado: el Estado interventor, que jugaba un rol importante en la redistribución social como garante de equilibrios sociales. Frente a la crisis aparece como necesaria una reformulación de las formas tradicionales de organización y funcionamiento del Estado, y de la economía. La reforma de las estructuras estatales es la única respuesta posible a la exacerbación de los equilibrios económicos y sociales generados por los modelos de desarrollo de los países latinoamericanos (Touraine, A.1986). Crisis y Reforma son las dos caras de una misma moneda; redefinir la gestión gubernamental de las políticas sociales y de los servicios públicos son los temas inaplazables en la discusión y solución de la crisis que viven los países de la Región.
La crisis, y particularmente en América Latina, ha implicado un acelerado proceso de urbanización, no acompañado, la mayor parte de las veces, por la provisión de infraestructura, de servicios públicos y de equipamientos básicos. Y consecuentemente con ello, un aumento significativo de población en condiciones de pobreza, con carencias críticas de vivienda y de servicios públicos. Estos problemas, a mediados de los ochenta y los noventa se profundizan provocando conflictos sociales agudos, que ponen en evidencia la incapacidad e ineficiencia del Estado. Y fundamentalmente la inoperancia de los gobiernos locales para dar respuesta a las demandas, cada vez mayores, de servicios urbanos.
En el caso de América Latina y el Caribe, producto de la crisis y de las políticas de ajuste estructural, impulsadas en la década de los ochenta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Estado se liberaliza. Es la tesis del Estado mínimo, éste se desvincula de funciones y actividades donde él ha sido el gran garante (productor, regulador e interventor); la liberación le otorga a la iniciativa privada un rol protagónico, particularmente en el manejo de los servicios públicos. El mercado deviene en el elemento fundamental de la regulación. Sin embargo, ya ha mediados de los noventa se evidencian los limites de este proceso de liberación, de ajuste y de reformas estructurales de los ochenta, así como la poca capacidad de regulación del mercado. Ello conduce a cambios en el discurso y las estrategias de los organismos internacionales, quienes empiezan a tomar en cuenta la dimensión colectiva del problema. De la misma manera, los Estados Nacionales redefinen su intervención en el campo de los servicios, equivale a replantarse nuevas formas de intervención y articulación entre el Estado, la Sociedad y el Mercado.
Estos altos y bajos, con relación a la capacidad y limites del Estado, evidencian un proceso complejo, un problema, que en el caso de los servicios públicos, rompe con el falso dilema entre lo «público» y lo «privado». Pues se trata de un nuevo acomodo de las relaciones entre el Estado y el sector privado en las circunstancias actuales, cuyas modalidades varían según, el país, la ciudad y el servicio (Marcano, 1998). Esto implica el desarrollo de nuevas formas de intervención del Estado en el campo de los servicios, que podrían ser interpretadas como un periodo de transición, hacia compromisos compartidos entre el sector privado y el Estado en la búsqueda de soluciones a los problemas de la crisis de los servicios urbanos. (Faxas, 2001). La CEPAL refuerza el planteamiento anterior, las expresiones «más sector privado» o «más sector público», conducen a propuestas sin contenidos sustantivos » y no se compadecen ni con la complejidad del tema, ni con lo que han sido las relaciones entre ambos sectores en la experiencia de América Latina.
Un estudio sobre los servicios públicos pasa necesariamente por conocer la capacidad de intervención del Estado (administrativa, financiera y técnica) en la producción y distribución de un determinado servicio. Así como los modelos de gestión adoptados, y cuáles actores, agentes y grupos sociales responden a la lógica del modelo en cuestión. Se trata de marcar las diferencias entre la crisis de un modelo de desarrollo y de Estado con la crisis de un servicio y sus relaciones con la gestión pública.
En ese sentido, los gobiernos en América Latina y el Caribe han intentado y ensayado salidas a la crisis del modelo de desarrollo. La privatización y la descentralización forman parte de este proceso, son mecanismos que intentan una menor intervención del Estado tanto en lo económico como en lo social, en el incremento de la eficiencia de la administración pública y en una apertura democrática hacia las regiones (Marcano, 1998).
Actualmente existe en América Latina un cierto consenso en torno a la idea de que la descentralización del Estado constituye una política eficaz para enfrentar la crisis y para promover la democratización de la vida local. Se acepta que el Estado debe redistribuir las funciones y los recursos controlados por el gobierno central y entregarlos a los niveles locales de gobierno. Dicha entrega propiciaría una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, y consecuentemente con ello se produciría una mejora sustancial de la calidad de vida de la población. Por otra parte, se plantea que la descentralización es el camino hacia la democratización de los gobiernos locales ( regionales y municipales) mediante el refinamiento de los sistemas de representación política y el estímulo a la participación ciudadana.
La anterior problemática representa el marco general en donde se inscribe el tema de este número de la revista FERMENTUM: los servicios públicos. Hablar de este tema es referirse al agua, al saneamiento, al transporte, el aseo urbano, a la electricidad, al gas y a las telecomunicaciones. Estos servicios han hecho de la ciudad su lugar de expresión. Las ciudades se han visto afectadas por una creciente demanda de servicios y por las dificultades de las autoridades locales en la prestación de los mismos, así como de su financiamiento. Igualmente fenómenos de urbanización creciente que trastocan la estructura y el funcionamiento de la ciudad con consecuencias importantes en la oferta y en la demanda de servicios urbanos; ciudades sometidas a las exigencias de la globalización que demandan eficiencia en la gestión local de los servicios urbanos; un mayor cuadro de exclusión social- urbana que obliga a dar respuesta con la implementación de servicios urbanos más equitativos y con justicia social. La ciudad es entonces el lugar por excelencia para mirar las complejas relaciones que se tejen en torno a un servicio público, entendido éste como un «hecho social», lo que, condiciona el quehacer de la ciudad.
No obstante, es importante no caer en las generalidades que subyacen en él termino «servicio público», hay que evitar agruparlos, homologarlos, tratarlos como conjunto. Esta visión tiende a ocultar las condiciones particulares que permiten caracterizar un determinado servicio público. Como señalan Lungo, 1988 y Marcano1998, ellos deben ser tratados como unidad, lo cual impediría que se analicen como conglomerados, como conjunto homogéneo. Evitaría además pensar que todos los servicios juegan el mismo papel en la reproducción social de la ciudad. Es necesario entonces, particularizarlos, de esta manera se insertarían en el marco de una determinada situación socio- histórica, como lo muestra el trabajo de Laura Faxas sobre el desenvolvimiento del transporte público urbano en la ciudad de Santo Domingo – Republica Dominicana. El evaluar las condiciones particulares de un servicio y su inserción en el marco de una realidad mayor, permite decidir sobre otros ámbitos: el de las innovaciones tecnológicas aptas y convenientes hacia una mayor eficiencia productiva y social del servicio. Es el caso del trabajo sobre la implementación de los SIG en el transporte público urbano en el área Metropolitana de Caracas. Son ejemplos que muestran el significado de este tipo de análisis al momento de evaluar tanto la crisis particular de un determinado servicio, como los posibles cambios que conducen a su mejoramiento.
FERMENTUM, consciente de la importancia y de las implicaciones sociales, económicas y culturales, que hoy día tienen los servicios públicos en nuestras sociedades, inicia e invita, modestamente, a participar en este número, en el debate que sobre los servicios públicos se viene desarrollando en nuestra Región. Los artículos aquí presentados son apenas una muestra de una compleja problemática, del vasto universo por construir. Por tanto, asumir el tema de los servicios públicos es un reto inaplazable.
Los trabajos aquí presentados muestran un enfoque, una metodología y un tratamiento particular, cada uno de los cuales, aún tratándose de un mismo servicio, aportan no sólo conocimiento sobre el tema, sino también, alternativas orientadas a la búsqueda de soluciones viables. El trabajo de Laura Faxas ¿El retorno del Estado? «Procesos Sociodemográficos, Gestión Política y Transporte Urbano en Santo Domingo, Republica Dominicana, en los años 1990», logra establecer las relaciones entre la evolución de un determinado servicio, los procesos sociodemográficos y la política. Una interrelación no siempre evidente, pero claramente demostrada y expresada en el caso del sistema del transporte colectivo urbano (TCU) en la cuidad de Santo Domingo. El análisis se dirige a evaluar la crisis del sistema TCU a luz de las transformaciones urbanas y poblacionales de la ciudad de Santo Domingo y desde las políticas impulsadas por el Estado para enfrentar dicha crisis en la década de 1980 y 1990.
En el trabajo de Luis C. Loaiza Rincón Y Carlos Morales, sobre la propuesta e implantación de un nuevo sistema de transporte masivo: El Trolebús como una política pública Se exponen las condicionantes políticas que llevaron al gobierno regional del Estado Mérida a tomar la decisión de asumir, con cierta autonomía, la gestión de dicho proyecto. Se trataba entonces de establecer cómo, dentro de varias alternativas, el Trolebús parecía el sistema económica, social y ambientalmente más viable para la ciudad, después de constatar la crisis y colapso del sistema público de transporte urbano en Mérida.
Por su parte, el trabajo de Josefína Mundó Tejada: «El Transporte Colectivo Urbano: aplicación del enfoque de sistemas para un mejor servicio», muestra las bondades del enfoque sistémico en la planificación y gestión del transporte colectivo urbano. Este análisis permite una mejor respuesta del servicio a las demandas de la población. Su aplicación, a la luz de la demanda y restricciones que el entorno impone, conllevarían a la configuración de un sistema de transporte colectivo integrado.
Dentro del conjunto de variables, información y datos que habitualmente tienen que conocer y manejar el planificador urbano, el material de Rosa Virginia Ocaña, Josefina Mundó y Jorge Lusitano: «Metodología para la creación de sistemas de información geográfica en transporte para la planificación y la gestión urbana», promueve la utilización e incorporación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el transporte. Como herramienta novedosa que organiza la información indispensable para la toma de decisiones. Se trata en definitiva de una metodología de apoyo a la planificación y gestión del transporte urbano.
El trabajo de María Inés Hernández: «Gestión Local y Servicio Público: El servicio de Basura en el Municipio Libertador en Mérida», analiza os distintos escenarios y las relaciones que se tejen entre los diferentes actores, sociales, políticos e institucionales involucrados en la prestación del servicio. El modo de gestión se evalúa a partir de cuatro aspectos: el control, la focalización, la capacidad de innovación y las relaciones entre el municipio y la sociedad local. Desde esta perspectiva analítica, el estudio intenta evaluar el modo de gestión del servicio de aseo urbano a partir de 1998 y 2000, en el municipio Libertador- ciudad de Mérida Venezuela.
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Bibliografía
*Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1999). Abastecimiento de agua potable y Saneamiento Ambiental en América Latina y el Caribe con posteridad a la carta de Punta del Este. Caracas.
*Coing, H. (1989). «Privatización de los servicios públicos: un debate ambiguo» En: Schteingart.M. Las ciudades Latinoamericanas en crisis. Ediciones Trillas. México.
*Lungo, M (1989). «Lo Urbano: Teoría y Métodos. » Editorial Universitaria Centro Americana. San José de Costa Rica.
*Marcano, E ( 1998). Los Servicios Públicos como Tema de Investigación.» II Seminario de Investigación en Urbanismo. Facultad de Arquitectura y Arte.ULA. Mérida-Venezuela.
(*) Socióloga. Doctora en Sociología en la Universidad de París III. Francia. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes (ULA, Mérida, Venezuela.)
Fuente: http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-30692002000200002&lng=es&nrm=iso
