Danybeth Alvarado – A partir del año 1945 comenzó un proceso de centralización en el país que surgió por varias razones: rimero, el éxito que tuvo la campaña contra la malaria, que hizo pensar en la centralización del servicio asistencial.
Segundo, el modelo que se pretendió seguir fue el del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, creado a finales de 1946, de buen funcionamiento. Luego, en 1950, los 16 hospitales de los estados de Venezuela pasaron a ser nacionales; ese proceso de centralización de la salud se fue acelerando con el tiempo e incluso en los regímenes democráticos, iniciados a partir de 1958.
Ese centralismo produjo una gran crisis en la salud, los hospitales nacionales estaban mal mantenidos y se abandonaron las campañas contra la malaria; por ende, el repunte de las enfermedades epidémicas empezó a notarse en 1984.
Para hablar de este tema tuvimos como invitado especial en el Foro de los Lunes al investigador del Centro de Estudios del Desarrollo, (Cendes), de la Universidad Central de Venezuela y profesor universitario Manuel Rachadell, quien ha estudiado a fondo el proyecto de Ley de Salud, el cual la Asamblea Nacional pretende aprobar para el mes de junio próximo.
Comenta el también abogado y doctor en Derecho de la UCV que, cuando se aprueba la Constitución de 1999, cuenta con un apoyo del 88% de la población, donde se consagra la descentralización; sin embargo, a partir de los años siguientes comenzó un proceso de centralismo en muchos aspectos de la vida nacional; «empieza la reducción de recursos a los estados, se les disminuye el situado, los poderes tributarios, se les quita el impuesto sobre las minas y se impulsa un intento de revertir esa descentralización».
Proyecto de ley contradice la Constitución Nacional
Señala que ese proyecto de ley contradice la actual Carta Magna, porque contempla un sistema de salud centralizado y desconoce la declaración constitucional de que Venezuela es un Estado federal descentralizado.
«Ese proyecto muestra vicios de inconstitucionalidad, porque pretende centralizar todos los servicios del sistema de salud nacional, parte de un concepto que es contrario a la Constitución y es erróneo. Nosotros hemos tenido centralismo en Venezuela durante muchos años, comienza en Venezuela a partir de 1870, con el presidente Antonio Guzmán Blanco, convirtiéndose el servicio de salud en un deterioro constante. La descentralización contribuye a perfeccionar la democracia y hacer más eficiente el funcionamiento de los servicios públicos», agregó.
Asevera que en Venezuela, e inclusive en toda América Latina, hay una revalorización de la descentralización; a raíz de la adopción de ciertas políticas neoliberales de privatización «se corrieron problemas económicos en muchos de los países de América Latina y se utilizó esa situación como pretexto para que una tendencia centralizadora se impusiera en la mayoría de los países».
A su juicio, ya se está viendo que el estatismo, el autoritarismo, el populismo y el centralismo lo que traen es el mal funcionamiento de los servicios públicos, inflación y pobreza para la población.
«Ese proyecto lo que busca, en definitiva, es revertir la situación de salud a la que existía en la ley de 1987, la cual nunca se cumplió, porque se aprobó la Ley de Transferencia para ponerlo todo bajo el comando del Presidente de la República y quitarle las posibilidades a todos los municipios y estados de tener algunos servicios de atención médica, con fines esencialmente políticos y de incremento del prestigio presidencial», explicó.
Para Rachadell, un bolívar administrado por una gobernación o un municipio rinde más que un bolívar en manos del poder nacional. Indica que los servicios que se prestan en las gobernaciones son controlados por la sociedad. «Si un gobernador o un alcalde no actúa a favor de la población, simplemente la gente no vota por ellos, por lo cual hay un máximo interés en que los funcionarios utilicen el dinero en la forma más eficiente posible para que haya mayor satisfacción social. Hay servicios que funcionan mejor sin el poder central».
Este proyecto de Ley de Salud no se ha hecho público, a tal punto que ni siquiera los parlamentarios de la Asamblea Nacional conocen su contenido, por lo que para el investigador es necesario que se suspenda la aprobación de esta propuesta hasta tanto la población esté informada sobre este tema. «Tuvimos la ocasión de conocerlo un grupo de investigadores del Cendes y estamos alarmados, porque, de aprobarse ese decreto-ley, es un retroceso en cuanto a la organización de un sistema de salud en Venezuela».
Servicios de salud que no se pueden llamar sistema
Considera Manuel Rachadell que, en la actualidad, Venezuela tiene unos servicios de salud que no se pueden llamar sistema. Explica que por un lado se crea un servicio metropolitano de salud que está bajo la responsabilidad del Vicepresidente de la República, se crean unos servicios como Barrio Adentro, que no están en una estrategia global del Ministerio de Salud, «sino que fue creado para levantar la popularidad del Presidente de la República ante la proximidad del referéndum revocatorio en 2004».
«Ese servicio de Barrio Adentro depende de Pdvsa, que es la que tiene el dinero, de modo que el Ministro de Salud no tiene la visión de conjunto del problema de esa área; además, en el proyecto de Ley de Salud se hace depender del Ministerio de Salud todos los servicios estadales y municipales».
Militarización en puertas
El proyecto de ley, en su artículo 66, establece una alianza civil y militar entre el Ministerio de Salud y la Fuerza Armada Nacional, con el fin de concertar acuerdos para el fortalecimiento de la prestación universal de servicios y programas de salud. Ambas instituciones aportarán su experiencia y facilitarán el uso de sus servicios.
En relación a este artículo, el investigador del Cendes opina que el Estado cree que, militarizando las instituciones, las cosas van a funcionar mejor; sin embargo, se ha demostrado que no es así. «Las empresas y servicios que se han puesto en manos de militares, salvo algunas excepciones, funcionan muy mal; son empresas que se van a la quiebra, porque se basan en la jerarquía, la subordinación de las personas, y los conceptos como participación, diálogo y concertación son ajenos a la mentalidad militar».
Considera que esa concertación no debería estar en la Ley de Salud, sino en la Constitución, pues a su juicio se debería realizar una alianza en materia de educación, transporte, atención a los mayores y en todas las áreas.
«¿Por qué ponerlo específicamente en salud?, ¿cuál es la intención?», se preguntó, para señalar que demuestra «el deseo claro de militarizar los hospitales, por creer que van a funcionar con mayor eficiencia y no es verdad, pues han funcionado con más eficiencia en manos de funcionarios civiles, mediante la participación y concertación, no con la imposición de órdenes jerárquicas», añadió.
Se atrevió a pronosticar que, si se militarizan los hospitales, no traería ningún beneficio para el sistema de salud, sino que más bien va a empeorar.
¿Cómo queda el sistema de salud privada dentro de esta Ley de Salud?
-Esta ley mantiene la relación con el sector privado que existía antes; es decir, los servicios públicos están en manos de sus gerentes y organizaciones. El Estado tiene la potestad de establecer las normas a través de las leyes; por ejemplo, vigilar la calidad de los medicamentos, los alimentos, las medidas sanitarias contra las epidemias como plagas, el dengue, el mal de Chagas, todo eso sigue siendo nacional y bajo el control del Estado.
Los servicios privados se mantienen, sin perjuicio de la facultad que tiene el Estado de estropear o comprar todos los servicios que quiera, porque con la cantidad de dinero que tiene puede asumir servicios privados con espacios públicos.
Nadie sabe cuánto cuesta Barrio Adentro
Asegura que nadie sabe cuánto cuesta Barrio Adentro, porque el Gobierno de Venezuela le paga al Gobierno de Cuba una cantidad muy elevada por prestar sus médicos y también les da a los médicos un sueldo modesto. «Esos médicos, cuyas credenciales no se conocen, perciben un sueldo que no se sabe si está sometido a la delegación laboral; de repente, se están acumulando unos pasivos por concepto de prestaciones sociales elevadísimos que el Gobierno no está contabilizando, basándose en que eso funciona con un acuerdo internacional con Cuba», agregó.
Para nuestro invitado en el Foro de los Lunes, Barrio Adentro es la prueba del fracaso de la revolución cubana, con profesionales que vinieron a Venezuela para poder comer completo y se sienten mejor viviendo en un barrio que en Cuba.
«Barrio Adentro es un servicio que no está vinculado con el sistema nacional de salud; al revisar el proyecto, no se encuentra ni una sola palabra sobre Barrio Adentro», observó.
Explicó que Barrio Adentro es un sistema que paga Pdvsa y depende el Presidente de la República, «como si fuera una guardia pretoriana del primer mandatario, parecido a la Reserva Militar».
Según Rachadell, el Ministro de Salud no sabe cómo funciona Barrio Adentro ni tiene ninguna coordinación con otros sistemas de salud que dependen de otros organismos públicos, «de modo que la idea de centralizar que tiene el Ejecutivo no se refleja tampoco en la ley, porque permanece con varias fuentes de irrupción del sector salud. Además, toda la parte organizativa del proyecto es muy mala», comentó.
¿Qué aspectos positivos tiene el proyecto de Ley de Salud?
-Existen cosas positivas, pero que ya existían en leyes anteriores; por ejemplo, hay una norma que proviene de la Ley de Sanidad Nacional que se aprobó en la época de Rafael Caldera. Allí se establece una serie de poderes del Estado para tomar medidas importantes, inclusive policiales, en caso de una epidemia.
Si hay una epidemia y va entrar un médico a una casa porque le dijeron que allí hay un paciente con una enfermedad contagiosa y la familia impide el acceso, la policía tiene el derecho de ingresar, porque la Ley le da poderes al Estado en protección de la salud de todos.
¿En 10 años de gobierno del presidente Chávez no se ha invertido en salud?
-En estos 10 años no se han hecho hospitales, más bien se han venido deteriorando; allí está el ejemplo del Hospital de Niños «J.M. de los Ríos», donde no se pueden hacer operaciones porque el aire acondicionado no sirve, y se requiere para evitar la reproducción de bacterias.
Tal vez se hacen inversiones altísimas en hospitales, pero no hay un sistema de salud de control que permita que esas inversiones se mantengan y se aprovechen, para que no se deterioren rápidamente.
Hasta el servicio estrella de Barrio Adentro se ha venido desmejorando notablemente al pasar el tiempo; existe una gran cantidad de módulos en los barrios que están abandonados o que tienen un servicio sólo de dos o tres horas diarias.
Una cosa es lo que se gasta y otra lo que se invierte; por el camino pasa algo con ese dinero que no se traduce en mejoras del servicio de salud; eso no es un problema de estadísticas, sino que se ve. Llevar a operar a una persona a un hospital del Estado es un riesgo tanto como llevárselo a Cuba; eso no es lo ideal, debe haber un buen servicio con una medicina prepagada.
Fuga de cerebros
Manuel Rachadell señala que la fuga de estudiantes y médicos venezolanos a otros países es una situación muy preocupante, y afirma que todos se van porque no encuentran la posibilidad en el país de ejercer sus conocimientos de forma decente.
«El sistema de salud venezolano está conformado por unas instituciones privadas que, en líneas generales funcionan bien, pero son sumamente costosas e inaccesibles no solamente para el pobre, sino incluso para la clase media. Tenemos instituciones públicas en vías de deterioro galopante, las cuales no son una alternativa válida para nadie».
Propuso una alianza entre el Gobierno y los médicos venezolanos para crear servicios de salud con precios controlados, que permitan a esos profesionales tener una remuneración decente, pues hay médicos con remuneraciones inferiores a los mil bolívares fuertes por mes.
«En uno de esos hospitales que llevan la línea de una economía mixta, ellos podrían tener una remuneración buena y el Estado establecería un subsidio para los usuarios del servicio, de manera que la gente pobre no tenga que pagar nada, porque eso forma parte de las funciones del Estado; entonces se evitaría esa fuga de cerebros y ofrecería un buen servicio de calidad, con gente preparada y buenos equipos financiados por el Estado», explicó.
El jefe de la cátedra de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV considera que se necesita hacer una especie de contrato social, en el cual todo el que tenga que aportar en favor de la salud lo haga, sin excluir a nadie y donde el Estado tenga una participación importante en toda la materia de financiamiento, con el fin de que los costos no se trasladen a las personas de menores recursos.
Manuel Rachadell insiste en suspender la aprobación del proyecto de Ley de Salud y someterlo a una consulta nacional donde tengan una participación muy importante los gremios profesionales, la Federación Médica Venezolana, los sindicatos, las universidades y la Academia Nacional de Medicina.
Fuente: www.el-carabobeno.com
