MAXIM ROSS
Escribo esta nota, porque todo apunta a que habrá una negociación, queramos o no. Hay razones para creerlo, entre ellas el giro de 180 grados de Guaido y de la oposición que lo respalda y la respuesta del Gobierno, a lo que se suman los giros, aunque sutiles, de la diplomacia norte americana, el pronunciamiento, aunque disimulado, de la OEA sobre el Acuerdo de Salvación Nacional y un nítido apoyo europeo. Solo hace falta que termine de llegar el grupo de Noruega. Para comenzar creo que, al contrario de lo que alguien dijo, el Gobierno es quien más la necesita porque aparenta fuerza, pero en realidad está más débil. La oposición también la necesita porque no tiene más alternativa.
Quizás algunos criterios podrían ayudarnos a pensar mejor el tema. Unos triviales, unos formales y otros más de fondo. Es claro que el Gobierno intente ganar tiempo, como siempre lo ha hecho y, que también “lance mortíferos dardos”, previos a la negociación, inclusive el mayor de todos, la toma de El Nacional. Agrega todo lo que puede, pero a la vez cede en pequeñas cosas. La concesión limitada del CNE da una señal de apertura que favorece el apoyo internacional a una negociación.
Del lado opositor, sucede lo mismo, primero tiene que “abrir una puerta” porque las demás están cerradas. Basta con la disolución del Grupo de Lima y la postura del nuevo gobierno de los Estados Unidos para constatarlo. Quedan apoyos como el de la Unión Europea y luego con los de Colombia, Brasil y Ecuador, países atravesando crisis severas y Chile en plena “Constituyente”. El frente internacional cambió de objetivo. ¿Es posible un consenso político?
En ese sentido, desearía evaluar hasta donde Venezuela pueda repetir su historia y alcanzar un nuevo consenso político que esté enfocado sobre los principales problemas y soluciones de fondo que el país requiere y no solamente sobre los temas que día a día se discuten, si bien estos pueden formar parte de él. Mi observación está orientada a examinar si existen las condiciones para romper la ruta de conflicto y exclusión política que hemos experimentado hasta ahora.[1]
El conflicto y la exclusión política como patrón histórico
La experiencia nos dice que el conflicto y la exclusión política han regido nuestros tiempos modernos. Si examinamos con cierto detenimiento nuestra historia republicana encontramos que este ha sido el patrón de conducta del mundo político. Desde la continua lucha por instalar la democracia contra las dictaduras militares de los Gomez o los Perez Jiménez, hasta los que permitieron y luego destruyeron el único consenso de gran alcance que tuvimos, el Pacto de Punto Fijo, Venezuela ha vivido una intensa secuela de conflictos, cuyos máximos exponentes son la defenestración de una presidencia en ejercicio, la de Carlos Andrés Perez hasta la profunda ruptura que ha creado la revolución bolivariana.
Una comparación del tipo de conflictos que hemos tenido puede ayudar a colocarnos en una perspectiva que ilustre su viabilidad. Desde la profundidad de la lucha por la democracia en los inicios de nuestra era moderna, hasta los menos profundos, aunque con huellas dolorosas dentro del periodo democrático, educan sobre lo que puede pasar, porque no existe, en ninguno de ellos, una grieta tan honda y tan aguda como la que tenemos ahora. Lo que está en juego no es trivial, tal como en los casos anteriores donde persistía el ordenamiento democrático, mientras que ahora esa es la apuesta fundamental. Una situación en la que se juega el “todo por el todo”, pues la principal concesión exigida es, precisamente, el regreso a la democracia, lo que conlleva al mayor sacrificio del Gobierno.
Siendo esta la cuestión esencial a resolver, la pregunta es ¿Qué puede obligarlo a ceder esa sensitiva renuncia? ¿Hasta donde de verdad estaría dispuesto a ceder ese sacrificio mayor? Por una parte, es indispensable acercarse a lo que puede ser la real situación del Gobierno y, por la otra, que acciones pudieran obligarlo a una concesión de esa naturaleza.
Fortalezas y debilidades.
Sabemos que su mayor fortaleza es el apoyo de la Fuerza Armada, el total dominio del poder político y judicial, incluyendo Gobernaciones y Alcaldías, y el control social sobre la población, pero también sabemos que su principal debilidad es la necesidad de conseguir apoyo financiero, ante la insuficiencia de los recursos petroleros para mantener la economía y la sociedad funcionando[2]. Ahora que perdió uno de sus baluartes fundamentales, el monopolio de las divisas, con la insurgencia de un mercado privado, casi equivalente al suyo, el Gobierno quebrantó sustancialmente su poder económico. La economía privada y la pública se han emparejado, más todavía si PDVSA, en la práctica ha colapsado[3].
Nótense, las últimas decisiones gubernamentales y ubiquémonos en los últimos recursos políticos utilizados. Su última arma política defensiva la Asamblea Constituyente no sirvió para nada, en realidad es su fracaso más estrepitoso, por lo que ya no hay, ni habrá más Constituyentes. La Ley Antibloqueo, su única herencia no convence a nadie, menos a sus principales apoyos internacionales. De lo contrario pregúntesele a Rosneff o a CNPC Services Venezuela Ltd, S.A.o a Chevron. La nueva Asamblea Nacional se inició con una aparente cara “conciliatoria” y con el objetivo de modificar la Ley de Hidrocarburos.
Por otro lado, están las iniciativas dentro del mundo petrolero para obtener nuevo capital privado, sea por la vía de la Ley Antibloqueo, por las intenciones de modificar la Ley de Hidrocarburos, o por decisiones menores incorporando a inversionistas locales o externos en el área de los servicios a la industria, con lo que le resta poder y negocios a la fuerza armada[4], cual ha sido el formato para mantenerlas asociadas al poder. El Gobierno sabe que, de ampliar pronto esos recursos le es “cuesta arriba” mantener la revolución. Anótese que no han ingresado nuevos ingresos financieros de apoyo de sus dos principales socios, Rusia y China. Por el contrario las deudas anteriores se han ido cancelando, sin renovaciones sustantivas.
Queda el arma del Poder Comunal, con lo de las Ciudades y el Parlamento, dos amenazas que, por supuesto, hay que tomar en cuenta y evaluar en su capacidad para construir un poder equivalente al de los Gobernadores y Alcaldes, aunque aquellas tienen como contrapartida que estas instituciones se consolidan con las nuevas elecciones.
Queda por evaluar el tema del “control social”, esto es, hasta donde lo puede preservar. Para tales fines habría que reconsiderar sus tres políticas, la de las necesidades, la del miedo y la de la adhesión y estas, sin lugar a dudas mantienen inmovilizada a la mayoría de la población. Sabemos, por experiencia, que la capacidad de movilización de una sociedad no es espontanea, salvo que se produzca un evento excepcional e inesperado, pero que, salvo ese incidente, movilizarla requiere un liderazgo que la impulse y este, sabiamente el Gobierno, lo ha erosionado. Damos por descontado que esta fortaleza gubernamental se va a mantener.
Recapitulando, el Gobierno necesita dinero y esta es, casi, su única debilidad, pero también necesita producir o importar bienes y mejorar el sistema de servicios públicos, especialmente electricidad y agua, por lo que necesita, no solo de dinero, sino de capacidades productivas, por lo que el rol de la economía privada ha cambiado. Obsérvese que ya no se habla de “guerra económica”, que el primer acercamiento de la nueva Asamblea fue hacia Fedecamaras. También que, con el próximo y muy significativo encuentro con la Conferencia Episcopal, quizás la más representativa de la sociedad civil venezolana, fue cuando en realidad, se inició el verdadero “dialogo conciliatorio”.
El campo negociador es ampliado
Lógicamente que, si bien una negociación se plantea, inicialmente con unos partidos políticos muy debilitados, la verdadera habría de ser no solo con ellos, pues quienes han adquirido alguna fuerza (a pesar de la ruina en que están) son la economía privada y la sociedad civil venezolanas, con lo cual nos encontramos con un cuadro en el que quien tiene una fortaleza equivalente a la del Gobierno es el dueto sociedad civil y economía privada, especialmente por el vínculo de esta con el mundo exterior.[5]
En otras palabras, una negociación, circunscrita a los partidos y solo sobre los temas políticos (elecciones, etc.) si no toma en cuenta esa nueva fortaleza corre el riesgo de fracasar pues, si se está hablando de un “Acuerdo de Salvación Nacional”, de carácter Integral y dada la situación de precariedad económica y social que vive Venezuela, muy lejos va estar de “salvar a Venezuela”, si no cuenta con una alianza significativa del componente a que aludo.
Consenso político y prosperidad económica sostenible.
El Pacto de Punto Fijo, por más que criticado y no suscrito por todas las fuerzas políticas venezolanas promovió dos tareas fundamentales. La primera, la consolidación de un periodo democrático de larga duración, hasta que su ruptura inició una nueva era de conflictos y exclusión política y, la segunda, el diseño y desarrollo de primer plan económico de la democracia, el cual, no solo permitió el desarrollo de la planta industrial venezolana, con las políticas de sustitución de importaciones, sino que originó la mejor época de indicadores sociales que hemos disfrutado. La ventaja de un consenso para desarrollar una economía sostenible y duradera y no volátil, cual es la característica fundamental de la nuestra, puede considerarse un logro sustantivo, sobre todo porque el consenso logra romper con las políticas de corto plazo que tanto daño le han hecho a Venezuela.
Dicho esto, queda por decir que si, podemos, llegar a un acuerdo en el campo político que restaure el ordenamiento democrático, y que ello, de si solo es altamente plausible, pero si el acuerdo no logra transformar el modelo petrolero, estatista, centralista y pro – socialista que siempre dominó en Venezuela, en sus expresiones moderadas o extremas, terminaremos en lo mismo. Lo que sería peor, como lo demuestra la experiencia, que los acuerdos terminen en una apertura petrolera para aumentar la producción y las exportaciones que oxigenen al Gobierno actual, producto de una atenuación de las sanciones. En ese caso, no solo estaremos “vendiendo” el futuro de Venezuela como país libre y realmente democrático, sino que estaríamos sacrificando las posibilidades de una recuperación económica, sana, sostenible y duradera.
Apelar, por tanto a un Consenso Político de mayor profundidad que tenga como objetivo deslastrarnos, de una vez por todo, de ese “modelo[6]”, que tanta conmoción y ruina ha causado y que nos ha conducido a esta posición extrema, del “todo por el todo”, no puede ser entendida como una exigencia banal y trivial, en especial porque detrás de ella están todos los daños infringidos a la sociedad venezolana.
Viabilidad de un consenso político.
La profundidad de la crisis a la que ha llegado Venezuela dificulta considerablemente alcanzar un consenso político que la regrese a un status de normalidad, inclusive a uno en el que las fuerzas democráticas ganen condiciones de participación política. Pedir, mas allá de eso, la restitución de un modelo en el cual la economía privada y la sociedad civil tengan una influencia decisiva en el destino de Venezuela resulta, para decir lo más, casi imposible. Sin embargo, la posibilidad de un consenso de esa naturaleza va a depender de la comprensión de los actores oponentes al Gobierno de cuales son realmente los aliados y cuáles son realmente sus propias fuerzas. Del lado del Gobierno están dos opciones o acompaña a Venezuela en una floreciente reivindicación democrática, económica y social o asume la responsabilidad de permitir la consolidación de una sociedad indigente en Venezuela, tal como el caso cubano.
¿Nuestra última carta?
Podría sonar extrema preguntar si esta será la última carta que se juega la Venezuela democrática y allí, el papel que pueda jugar la comunidad internacional y las acciones de persuasión o presión que pueda ejercer son vitales, pero también es indispensable que comprenda quienes son los actores reales de esta contienda, no solo en el campo de los aliados internaciones del Gobierno, Rusia y China, como se sabe, sino de lo representan las fuerzas internas que el país todavía posee. Descuidar esa percepción, creemos, es esencial para saber si nos estamos jugando la ultima carta.
[1] Diferencio aquí conflictos atinentes a los partidos políticos de aquellos de índole social que fueron atenuados por el ingreso petrolero.
[2] Las recientes entrevistas con Blomberg ilustran esta necesidad e indican una señal a los inversionistas de ese país para que presionen sobre allá sobre el tema de las sanciones.
[3] La gasolina y el diésel son todavía armas a favor del Gobierno, pero, “per contra” dificultan el abastecimiento interno que no pueden compensar con importaciones.
[4] Interesante el lugar en que quedaría la empresa CAMIMPEG.
[5] En especial las que tradicionalmente han existido en el terreno petrolero y financiero.
[6] Ni siquiera estamos pidiendo completar la agenda que propusimos en el libro “Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela” recién publicado.
