Ni tan Calvo ni con dos Pelucas

Las políticas económicas no son buenas o malas per se, pues dependen del contexto en que se diseñan.

El Gobierno español -con el apoyo del principal partido de la oposición- ha decidido llevar adelante una reforma constitucional encaminada a impedir que el Gobierno se endeude más allá de ciertos límites. En concreto, en el texto constitucional no figurará ninguna cifra precisa, pero se incorpora el criterio de que el déficit público no puede superar, cada año, los márgenes establecidos al respecto por la Unión Europea. Los demás detalles se definirán por la vía de la ley.

Hasta donde es posible entender este paso dado por los españoles, no se trata de prohibir el déficit fiscal, ni el endeudamiento público que es la otra cara de la misma medalla. Se trata de poner límites o cotas dentro de las cuales debe mantenerse ese déficit y ese endeudamiento.

Funcionar con déficit fiscal no es intrínsecamente malo para ningún país. Son muy pocos los economistas ultra ortodoxos que se atreven, hoy en día, a postular que lo ideal en materia de política fiscal sería funcionar con déficit fiscal igual a cero, es decir, con absoluto equilibrio entre los ingresos y los gastos.
Eso sería exactamente igual que si a una empresa de mediana envergadura, se le pretendiera encasillar en una política que implique prescindir del endeudamiento bancario. Tener y mantener un determinado nivel de deuda no es malo para ninguna empresa. Lo malo está, cuando ese endeudamiento supera determinados umbrales y se convierte en una mochila que dificulta el funcionamiento normal de dicha institución.

Política de Precios y Subsidios.

Lo mismo sucede con otros instrumentos de política económica. Por ejemplo, fijar precios a ciertos productos básicos, como el pan o la leche, puede ser una medida muy buena, en la medida que permite homogenizar el precio en todo el mercado nacional, y permite planificar a partir de allí la asignación de los presupuestos familiares, sin que ello implique conducir a la ruina a los productores correspondientes. Distinto es, desde luego, el caso en que todos, o una inmensa mayoría los productos que se transan en un determinado mercado, están con precios arbitrariamente fijados y controlados por el Gobierno, pues ello entraba el funcionamiento global de la economía, genera mercado negro y corrupción, y atenta contra los procesos de inversión y crecimiento de la economía nacional.

Otorgar subsidios a la producción o al consumo de determinados bienes, para poner otro ejemplo, no es necesariamente una diabólica medida populista, que hay que condenar en cualquier momento y circunstancia, sino que es una política social que puede tener lógica y justificación en determinados contextos económicos y políticos. Pero una multiplicidad de subsidios en una misma economía, termina por ocultar el sentido mismo de aquellos y por favorecer a sectores que no son los beneficiarios originales de esa política, además de que distorsiona el sistema de precios y de asignación de recursos en el seno de esa sociedad.

Las expropiaciones son otro tema parecido. Expropiar empresas no es siempre una medida de índole negativa. Expropiar el petróleo fue en Venezuela una decisión de política económica que, hasta el día de hoy, se celebra como positiva. Expropiar tierras en el contexto de una reforma agraria altamente consensuada, fue también en el pasado una medida económica y políticamente positiva. Expropiar sin consenso, sin plan, sin discriminación y sin indemnización es una cosa distinta.

El Contexto

Si volvemos a nuestro sufrido país -armados de las reflexiones e informaciones que fluyen desde otros países- no podemos menos que aceptar que los controles, déficit, deudas subvenciones y expropiaciones -cada cosa llevada a su máximo, y más aun todas ellas juntas- han llevado a la economía nacional a un caos, que bate todos los récords internacionales. Pero la forma de enfrentar esa realidad no es adoptar una ortodoxia de signo distinto, y postular que hay que suprimir de raíz todo déficit, toda deuda, todo subsidio, o toda expropiación. De lo que se trata es de colocar todas y cada una de las medidas de política económica, en un contexto que permita conjugar, en un siempre complicado equilibrio, la libertad y los derechos económicos, con el crecimiento económico, la justicia social y la democracia política.

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