Voy a tener que manifestarme totalmente de acuerdo con el profesor Absalón Méndez, en relación con el pago de la deuda de pasivos laborales con bonos de la deuda pública. Él, además de ser un luchador
incansable por la seguridad social de los venezolanos, es un experto reconocido en el área y sus opiniones deberían ser tomadas muy en cuenta.
Voy a ser particularmente didáctico en el tratamiento de este tema, de manera de evitar tergiversaciones y malentendidos, sobre todo porque me considero amigo de la profesora Yadira Córdova, en este momento ministro de educación universitaria y, por lo tanto, obligada a defender una decisión política del gobierno, con la cual, pudo no haber estado de acuerdo en el pasado adeco-copeyano.
Pagar una deuda laboral, que como tal es exigible en forma inmediata, con bonos de la deuda pública que no pueden ser vendidos inmediatamente, es cambiar una deuda por otra deuda y, por lo tanto, sería no pagarla, sino diferir de nuevo su pago, sólo que se hace con un instrumento que obliga al Gobierno en forma distinta. Luego, la primera conclusión es que los pasivos seguirían sin ser pagados, contrario al discurso presidencial. Los ministros y funcionarios revolucionarios del Gobierno deberían reflexionar sobre si esta decisión no contradice la denuncia del robo de las prestaciones hecho por el presidente Caldera. No sólo no se ha pagado la deuda en más de una década, sino que ahora se difiere su pago a través de bonos.
Además, parece que tampoco se ha enviado el instructivo de cálculo de la deuda a las universidades, lo que hace imposible su certificación.
Se entiende que un gobierno pueda recurrir a este sistema, cuando está en crisis económica y prácticamente quebrado, es decir cuando, en nuestro caso, los ingresos petroleros ya no alcancen para cumplir con las obligaciones. ¿Es éste nuestro caso como país? ¿Es verdad entonces la afirmación del diputado Faría, según lo recogió una entrevista en este semanario, de que los ingresos petroleros ya no alcanzan? Pero ése no es el discurso presidencial, ni de otros altos funcionarios, que nos colocan como una economía en crecimiento y con un futuro de riquezas inmensas. Deberían aclararnos primero si estamos o no estamos en una quiebra económica, para tener claras las causas de este tipo de medidas. A comienzos de los 2000, se pagaron deudas con bonos, en condiciones muy diferentes.
Muchas preguntas y dudas surgen en este momento y pueden hacernos desviar un poco de la ruta que nos habíamos trazado en este escrito.
¿Por qué no se privilegió esta deuda con los trabajadores en los momentos de grandes ingresos (2004-2008)? ¿Cómo es posible que estemos arruinados luego de tanta opulencia? ¿Se nos fueron los ingresos extraordinarios en gasto corriente, consumo suntuario, convenios internacionales, corrupción, como le ocurrió a Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno?
Alguna explicación tiene que haber, para que hoy se nos diga que no se puede pagar con dinero contante y sonante, sino con bonos intransferibles, invendibles, no sé a cual tasa de interés y si compensará la inflación y las futuras devaluaciones, a partir del año próximo.
Aceptemos como buena excusa que estemos en quiebra, por lo que tenemos que diferir el pago de los pasivos laborales y vender acciones de PDVSA, es decir terminar de privatizar la industria petrolera, para tener más dinero y poder seguir funcionando, aunque esperaría no lo gasten en lo mismo que gastaron los anteriores ingresos, pues si no en 10 años tendremos que vender el estado Bolívar completo, con su población ancestral, el salto Ángel, el Orinoco, así como sus lacras del presente: mineros extranjeros, sicarios sindicales y guardias nacionales que no tienen honor ni divisa.
Alcancemos un acuerdo con los acreedores (trabajadores todos) y busquemos las mejores propiedades de los bonos.
Una salida pudiera ser que se pague en dinero una porción de las deudas en forma proporcional a su antigüedad: Mayor proporción de pago en efectivo en las deudas más antiguas, comenzando con un pago del cien por ciento. El resto podría ser pagado con bonos cuyos intereses estén por encima de la inflación y que puedan ser negociados de inmediato, de manera que sean un ahorro para quienes no necesite el dinero ya. Los bonos deberían también estar protegidos de la devaluación. Todo se discutiría con los trabajadores, por lo que el pago correspondería entonces con el derecho constitucional de la participación protagónica de todos los interesados, algo muy diferente a a las situaciones vividas en el pasado, las cuales, según el gobierno, no volverán jamás.
El incumplimiento de las universidades en el envío de la información necesaria de respaldo de los cálculos, la cual en principio debería tenerse actualizada todos los años, no puede llevar al no cumplimiento del Gobierno con los pagos respectivos.
No pueden ser lesionados los trabajadores por negligencia universitaria o ministerial. Hay negligencia gubernamental, sin lugar a dudas, pues los pagos en cuestión han debido realizase hace muchos años, en lugar de premiar a uno de sus responsables con una embajada en Europa. Hay negligencia universitaria, pues no le han dado al problema la prioridad que merece y no han enviado los datos que le han solicitado. El CNU debería discutir la situación existente y su gravedad, determinar las diferentes responsabilidades del caso y tomar las medidas correctivas debidas, que eviten que paguen las culpas los inocentes.
Desentenderse no es posición de gobierno serio. Es muy adeco y entiendo que éstos dejaron de mandar hace tiempo. La autonomía no es excusa para nadie, pues en lo administrativo financiero es clara la sujeción de las administraciones universitarias a las leyes y a las normas del CNU. El gobierno no puede dejar a un grupo de trabajadores a la buena de Dios, solamente porque en este momento le favorecería no tener que hacer ningún pago. Por este tipo de actuaciones y de complicidades, además de la entrega del país a las transnacionales petroleras, fue que los venezolanos votamos por Chávez y éste llegó a ser Presidente. Las verdades relatadas son casi de Perogrullo y espero que así sea reconocido por todos los actores involucrados y no se inicie todo un proceso absurdo de racionalizaciones y justificaciones de lo injustificable.
Luis Fuenmayor Toro
La Razón, pp A-6, 8-4-2012, Caracas.
