José Rafael López Padrino – El social-fascismo bolivariano en estos treces años de desgobierno se ha empeñado en aparecer como una revolución moralista que impulsa un nuevo Estado ético, y la creación de un hombre nuevo. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que si algo caracteriza a este régimen es precisamente lo contrario, su amoralidad y falta de ética.
El engaño, la manipulación, la carencia de escrúpulos y de moral forman parte del código anti-ético del social-fascismo del tte. coronel y sus cómplices.
Las denuncias realizadas recientemente por el bandolero y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Eladio Aponte Aponte y ratificadas posteriormente por el pillo y también exmagistrado del TSJ Luis Velásquez Alvaray confirman lo que era un secreto a voces, el uso del Poder Judicial como instrumento del miedo y terror fascista ordenado por el inquilino del Palacio de Misia Jacinta para perpetuarse en el poder. El TSJ, salvo contadas excepciones, está constituido por una sarta de delincuentes, electos con los votos de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (AN).
Estos maleantes con toga y birrete son los nuevos inquisidores fachos del siglo XXI, dispuestos a utilizar el entramado jurídico de la nación y el peso de la Ley con el fin de aplastar toda disidencia política en el país. Son igualmente los apóstoles del «Estado Total» (el Estado se inmiscuye en todas las esferas de la vida del ciudadano) a fin de establecer una la sociedad sumisa y aterrorizada mediante la dialéctica de la cárcel, del fusil y del sable.
Además, las denuncias de estos dos malhechores del TSJ confirman las sospechas que se tenían sobre la participación de los más conspicuos representantes de la alta cúpula militar del país en los sucios negocios del narcotráfico (cartel de los soles). Todo esto aunado a un despreciable Ministerio Público que en lugar de investigar y perseguir al delito, se ha transformado en el ejecutor de la política de terrorismo de Estado que se imparte desde el Palacio de Miraflores en contra de todos aquellos venezolanos que le son incómodos al régimen.
Estamos ante un régimen de dudosa impronta democrática, que promueve el delito y el narcotráfico como virtudes revolucionarias. Hoy, cuando ha quedado al descubierto el repulsivo rostro de un putrefacto Poder Judicial, el capo mayor de Sabaneta amenaza con retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo cual constituiría una violación a la Constitución Nacional y sería contraria a los derechos de los venezolanos. Propuesta que fue aprobada, en forma expedita, por la mayoría neototalitaria de la AN obedeciendo las órdenes impartidas por el comandante-presidente. Afirmar que con nuestra permanencia en la CIDH se vulnera la soberanía y la independencia de los poderes de la República es el mayor de los cinismos.
Fuente: http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=70805&tipo=AVA
