Fernando Ochoa Antich
En mi artículo de la semana pasada mantuve que el desafío de Nicolás Maduro al gobierno de los Estados Unidos podría acarrearle graves consecuencias a su régimen y a Venezuela. En ese sentido, consideré que la presencia de Irán, Rusia y Cuba en los asuntos internos de Venezuela constituía una amenaza a la seguridad continental, la cual, con absoluta certeza, iba a tener una fuerte respuesta de los Estados Unidos. Sostuve que parte de esa respuesta había sido la reunión de Donald Trump con varios presidentes latinoamericanos y Julio Borges. Lo que nunca me imaginé fue que Donald Trump, aún en medio de la delicada crisis política interna que afronta su gobierno a consecuencia de la pandemia y del asesinato del afroamericano, George Floyd, en Minneapolis y a pesar del despliegue naval que mantiene frente a nuestra fachada atlántica, tomara la decisión de movilizar una brigada de las Fuerzas Armadas estadounidenses a Colombia y que su presencia fuera aceptada por el presidente Iván Duque, sin cumplir el procedimiento constitucional requerido, pero con el suficiente respaldo político para hacerlo.
El desplazamiento de esa unidad superior a Colombia debería obligar a los Altos Mandos de la Fuerza Armada Nacional a una reflexión: primero, rompe el equilibrio estratégico entre Colombia y Venezuela; segundo, es la primera vez que una unidad de esa magnitud se despliega en la América Latina; tercero, su misión de asesorar y cooperar con las Fuerzas Militares de Colombia en operaciones de lucha contra el narcotráfico, durante cuatro meses, se amplía, según las recientes declaraciones de Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, para “reducir el soporte financiero que el narcotráfico provee al régimen corrupto de Maduro en Venezuela y a otros actores perniciosos de los fondos necesarios para realizar sus malignas actividades”. Por su parte, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, declaró que “la misión de la SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto a la soberanía y a la promesa duradera de defender ideales y valores compartidos”.
También es de importancia considerar la realización de ejercicios conjuntos por los ejércitos de los Estados Unidos y Colombia en el Centro Nacional de Entrenamiento de Tolemaida (Colombia). Espero que los organismos correspondientes de la Fuerza Armada Nacional estén realizando una adecuada apreciación de la situación. De todas maneras, insisto en recordar algunas causas de esta crisis internacional y sus delicadas consecuencias. Ella tiene su origen en la tragedia interna generada por el ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro, el cual ha provocado una gigantesca diáspora de venezolanos con la consecuente amenaza a la estabilidad de la región, así como la presencia en nuestro país de organizaciones terroristas y del crimen organizado que actúan dentro y fuera del ámbito nacional, con la reprochable anuencia del régimen madurista; así como también, la injerencia de, Irán Rusia y Cuba que, como ya dije, representan un riesgo en la seguridad continental. Para colmo, Nicolás Maduro y su camarilla han saboteado todas las posibilidades de solución pacífica, provocando la escalada de la crisis.
Asumo, que los órganos de inteligencia y planificación de la Fuerza Armada Nacional reconocen la gravedad y credibilidad de la amenaza existente y sus delicadas consecuencias. La comparación de las capacidades militares de la ya reconocida alianza, Estados Unidos, Colombia y Brasil, con las de Venezuela, es abrumadoramente negativa para nuestro país. Es necesario evitar el uso de la fuerza y fortalecer la negociación como alternativa. El primer paso, en mi criterio, es darle legitimidad al sistema político venezolano. Esto sólo puede lograrse a través de la Asamblea Nacional. La lamentable decisión de la Sala Constitucional, dictada sin una sólida sustentación jurídica, la cual reconoce como legítima una Asamblea Nacional presidida por Luis Parra creó un problema inmanejable. Sus decisiones serán ignoradas por la oposición venezolana y por los gobiernos democráticos que la respaldan. Las instituciones que sean electas por esa Asamblea Nacional tendrán la misma ilegitimidad del órgano que las designe. La alternativa, debió haber sido, como planteó mi hermano Enrique, que el TSJ convocara a una nueva sesión, con todas las garantías necesarias, para elegir, por votación personalizada, una nueva directiva de la Asamblea Nacional.
La noticia de un posible acuerdo para enfrentar la Pandemia, entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó , hay que recibirla con optimismo pero con alguna reserva. Ese anuncio indica que la magnitud y la gravedad de la crisis nacional son tan graves que podría conducir a un compromiso más amplio entre gobierno y oposición, a fin de superar la tragedia venezolana. Los Altos Mandos de la Fuerza Armada Nacional, que deben conocer muy bien el agravamiento de la situación, a la luz de las últimas acciones militares realizadas por la coalición internacional, deberían presionar para tratar de encontrar una forma que permita, en primer lugar, legitimar todas las instituciones. El reto es muy exigente y el tiempo es corto. Si se rechaza el uso de la fuerza, pero, al mismo tiempo se reconoce que puede ocurrir, es posible que todos los actores acepten ceder en sus intereses para lograr un sólido acuerdo. El único camino son las elecciones generales convocadas, con todas las garantías requeridas, en un tiempo prudencial, pero lo más breve posible. Es imperativo recuperar el sistema democrático y la alternancia republicana. Los ejemplos de México, Argentina, Uruguay y Nicaragua así lo muestran. El otro camino es la guerra, con sus trágicas consecuencias.
Caracas, 7 de junio de 2020.
