A pesar de que los organismos internacionales en América Latina y el Caribe, se han planteado para el 2030 la lucha contra la desigualdad, la erradicación de la pobreza y la búsqueda de sociedades más justas y con mayores niveles de bienestar para el Desarrollo Sostenible. Es posible observar, la existencia de una coyuntura mundial y regional adversa para enfrentar ese desafío, al menos en comparación con la primera década y media del presente siglo. Y no solo acontece que se hayan desacelerados o estancados avances en el contexto económico, sino que también se vislumbran importantes señales de retroceso; por supuesto, más en algunos países que otros, dependiendo de su naturaleza multifacética y estructural, y su persistencia.
En un informe publicado en este mes de diciembre de 2019 por la CEPAL, acerca de la evolución del Panorama Social de América Latina, se destaca la evolución de la pobreza y pobreza extrema, la desigualdad de ingresos y el gasto social en América Latina. Y también se aborda el tema reciente de la migración, fenómeno que ha cobrado importancia superlativa en la agenda política y social de la región impulsado entre otras, por la situación que enfrenta Venezuela.
La tendencia al alza se registra desde 2015 en América Latina. Para el 2018, un 30,1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza, mientras que, un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que se elevarían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, según las proyecciones de la CEPAL en 2019.
Por su parte, la desigualdad en la distribución del ingreso, expresada en el índice de Gini con base en las encuestas de hogares, ha continuado su tendencia a la baja. No obstante, si se corrige el índice de Gini utilizando otras fuentes de información, capaces de captar mejor los ingresos del 1% más rico, se observa que la desigualdad es más elevada y la tendencia al descenso se atenúa en comparación con la estimada solamente a partir de las encuestas de hogares.
La situación reflejada se explica, porque después de un quinquenio de lento crecimiento, las carencias estructurales de la región se han tornado más visibles y su solución es parte de las exigencias de amplios grupos sociales, en particular de las nuevas generaciones. Estas demandas se caracterizan por el rechazo a la persistencia de la cultura del privilegio en sus múltiples dimensiones, y en particular las relativas a la concentración de la riqueza, el acceso segmentado a servicios públicos y culturales de calidad y a la falta de reconocimiento de la dignidad de los individuos y las comunidades. Es decir, lo que los actores exigen para terminar con los abusos.
Por último, si bien el gasto social del gobierno central aumentó de 10,3% a 11,3% del PIB entre 2011 y 2018, alcanzando a 52,5% del gasto público total, resulta inquietante constatar que justamente aquellos países que enfrentan mayores desafíos para cumplir las metas de la Agenda 2030 son los que presentan niveles más bajos de gasto social.
El informe anual de la CEPAL concluye abogando por un nuevo pacto social que consolide acuerdos entre diversos actores, brindando legitimidad y solidez a políticas y reformas estructurales transformadoras en aras de una mayor igualdad.
Para más detalles respecto a la situación recogida en el Informe de la CEPAL 2019, sugerimos leer el documento completo, para lo cual anexamos la dirección del mismo.
