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“El día antes”, con este encabezado escribió Luís Ugalde, rector de la UCAB, un significativo texto en el diario El Nacional que le mereció el premio Fundación Henrique Otero Vizcarrondo como el mejor artículo de opinión.
Era de esperarse que la decisión, que ha tomado el Parlamento de la Unión Europea con respecto a la inmigración y especialmente contra los ilegales que viven en Europa, no sea aceptada jamás por ningún país democrático de Latinoamérica.
El autor discurre sobre acciones de este y otros gobiernos anteriores: unas tomadas y otras por tomar.
Chávez reconoció su error y derogó la polémica Ley Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia. Este texto será transferido a la Asamblea Nacional y, probablemente, servirá de insumo para la elaboración de un proyecto que permitirá coordinar los servicios de inteligencia.
A no dudar, se necesita la construcción de un país nuevo, sin discriminaciones y con progreso general, sin los tristes espectáculos del rancherío, (que está tan insertado en la mente de muchos), con justicia, con verdadera democracia, un país sin espectáculos carcelarios de terror y patetismo.
Aunque suene repetitivo, tenemos que insistir en estas denuncias, no podemos acostumbrarnos a la descalificación, a los insultos y al maltrato de los derechos humanos. Debemos insistir con la protesta.
Soy uno de los veinte millones de venezolanos que nunca han militado en partidos políticos. En mi caso como sacerdote nunca lo haré, por razones obvias. Pero sí soy militante de la democracia y de la justicia social, donde se juegan los derechos y la dignidad humana y no entiendo cómo demócratas, del lado del gobierno y de la oposición, dejan pasar los graves atentados de estos días contra la democracia.
El autor describe la problemática que está sucediendo en su país de origen, Perú, con respecto al desempeño del Ministerio de Trabajo.
El Presidente de la República, sin ninguna consulta ni debate público, firmó la “inconstitucional y desastrosa”, (son palabras suyas), Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Lo hizo por la vía del decreto habilitante. Es decir, inconstitucional la ley y también el camino escogido para imponer esta monstruosidad contra los fundamentales derechos humanos. Con razón, la bautizaron como la “ley sapo” y la ola de repudio amenazaba con incendiar el país.
Es obvio que este tema no forma parte sustantiva del discurso alternativo que debería asumir la oposición. Por el contrario, se encuentra salpicado de malos entendidos que distorsionan su significación política y, en consecuencia, ni es apreciada su carga “revolucionaria” como tampoco su potencialidad para inducir cambios en nuestra descompuesta cultura política.
La idea central de este escrito, es llamar la atención sobre varios hechos que, por evidentes, no deben ser objeto de una rápida visión. Nunca como ahora Venezuela contó con el mayor número de profesionales con postgrados y doctorados, igualmente nunca se sintió tanto la marcada indefinición de rumbos para el país.
En la década de los 80, vino disfrazada de <i>Outsourcing</i> de la mano de algunos gurús gringos; sin embargo en Venezuela, esta figura es conocida desde que las petroleras se radicaron en el país, siempre relacionadas con Sistema de Vigilancia y Seguridad, Jardinerías, Concesionarios de comedores industriales, Mantenimiento y Limpieza.