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La aplicación de la ley de Costos y Precios Justos combatirá la especulación y las irregularidades en la venta de los productos de primera necesidad, así lo expresó el viceministro para los Circuitos Agroproductivos y Agroalimentarios, del Ministerio del Agricultura y Tierras (MAT), Iván Gil.
La Ley de Costos y Precios Justos le otorga al Gobierno un poder ilimitado a través de la superintendencia del sector para inspeccionar, controlar y sancionar todos los agentes económicos que produzcan, importen o comercialicen bienes y servicios, sostienen los especialistas en derecho económico y administrativo.
La Ley de Costos y Precios Justos buscará sincerar el precio de los alimentos que están sujetos a regulación con la finalidad de establecer unos márgenes de ganancias razonables que permitan el crecimiento de la industria y la actividad económica, indicó el ministro del Poder Popular de Alimentación (Minpal), Carlos Osorio.
No sorprende la Ley de Costos y Precios Justos. Bajo el contexto de los crecientes y dedicados esfuerzos del Gobierno nacional para eliminar a la empresa privada, esta Ley constituye un aporte más en la demoledora labor aniquilatoria oficial.
Para allanar el camino hacia el diseño de una política pública eficiente, se requiere despolitizar la discusión y dejar los prejuicios ideológicos−dogmáticos a un lado.
El Ministerio de la Salud y la Asociación de centros asistenciales privados sostuvieron esta semana un encuentro, para determinar el valor de la atención que ofrecen en esos recintos.
En Venezuela, la aprobación de una nueva Ley de Seguros y los planes de ajustar la legislación en materia de salud para introducir regulaciones sobre clínicas privadas han puesto en alerta a un sector que representa, para muchos, la "salvación" frente a un servicio público de salud que, según ha admitido el propio Gobierno, no está atendiendo todas las necesidades de la población.
"Vamos a llamar a todos los sectores: a los que han presentado las denuncias y a los dueños de las clínicas, médicos, compañías de seguro", aseguró el legislador Oswaldo Vera
Al parecer, las clínicas serán las primeras en tener sus precios regulados, aunque no será a través de la Ley de Costos y Precios Justos, sino a través de la presión ejercida por diez empresas del Estado que se reunieron en la denominada Alianza Interinstitucional y elaboraron un baremo de precios, que beneficiará a cerca de 4,6 millones de personas.
Una comisión del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), organismo responsable de velar por los derechos de los consumidores, presentó ante la Asamblea Nacional venezolana una serie de denuncias por estafas realizadas a usuarios y usuarias de clínicas y seguros privados, informó recientemente el diputado Héctor Navarro.
El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, rechazó el planteamiento que hizo el Gobierno nacional la semana pasada sobre la eliminación de las pólizas de seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad de los contratos de trabajo de los empleados al servicio del Estado.
La regulación de precios en las clínicas privadas que han acordado 10 instituciones del Estado, el Indepabis y la Defensoría del Pueblo en alianza interinstitucional creada desde octubre de 2010, favorecerá un ahorro de hasta 2 mil millones de bolívares al Estado venezolano por año, en los fondos autoadministrados que destinan para asegurar a sus trabajadores.