Por: Antonio Rios
La historia política de Venezuela en la segunda mitad del siglo XX constituye, desde múltiples
perspectivas, el estudio de un experimento democrático que resultó excepcional para el contexto de América Latina. Mientras el Cono Sur y Centroamérica se encontraban sumidos en dictaduras militares de diversa índole durante las décadas de 1970 y 1980, la nación caribeña se erigía ante la comunidad internacional como una vitrina indiscutible de estabilidad institucional. Este extenso período, comprendido entre 1958 y 1999, estuvo profundamente marcado por la hegemonía casi ininterrumpida de dos grandes maquinarias políticas: Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI).
Sin embargo, a la luz de la profunda crisis multidimensional que atraviesa la Venezuela
contemporánea, historiadores, sociólogos y politólogos han vuelto la mirada hacia esta etapa
fundacional con un lente mucho más agudo. Aquello que en su momento fue celebrado como el triunfo definitivo del consenso cívico, hoy es diseccionado críticamente como un entramado que, bajo la tersa superficie de la paz electoral, incubó severas exclusiones, dependencias económicas crónicas y rigideces institucionales que eventualmente facilitarían su propio colapso y el advenimiento de una nueva era de conflictividad política.
El punto de partida de este modelo se ubica el 23 de enero de 1958, cuando una coalición cívico-militar logró derrocar la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Los líderes civiles de la época estaban plenamente conscientes de que los fracasos del pasado, específicamente la polarización y el sectarismo vividos durante el breve Trienio Adeco entre 1945 y 1948, habían sido el caldo de cultivo que facilitó el retorno de los militares al poder. Comprendieron, por tanto, que la supervivencia de la naciente y frágil democracia requería forzosamente de acuerdos mínimos de gobernabilidad. Fue así como el 31 de octubre de ese mismo año, figuras
insoslayables como Rómulo Betancourt por AD, Rafael Caldera por COPEI y Jóvito Villalba en
representación de la Unión Republicana Democrática (URD), plasmaron sus firmas en el
histórico Pacto de Punto Fijo.
El politólogo venezolano Juan Carlos Rey definió este arreglo institucional como un sistema
populista de conciliación de élites. Según su perspectiva, el naciente orden democrático no se
fundamentaba en la competencia ideológica pura o en la confrontación de modelos de país, sino en un acuerdo pragmático y estructural diseñado para compartir el poder, minimizar los
conflictos existenciales y, sobre todo, distribuir la riqueza proveniente del Estado. Los pilares no escritos de este pacto se sostenían sobre la defensa conjunta de la constitucionalidad, donde cualquier intento de golpe de Estado sería enfrentado en bloque por todas las fuerzas políticas; la adopción de un programa mínimo común que garantizaba que,independientemente de quién ocupara el palacio de Miraflores, las políticas económicas y exteriores mantendrían una línea moderada; y una distribución equitativa del poder mediante la formación de gabinetes de coalición y el reparto de cuotas de influencia en la burocracia estatal.
No obstante, un elemento crítico para entender el futuro desarrollo del país es que este pacto
fundacional nació con una exclusión deliberada. El Partido Comunista de Venezuela, a pesar de haber jugado un rol organizativo fundamental en la resistencia clandestina contra el
perezjimenismo, fue marginado del acuerdo debido a las fuertes presiones geopolíticas de la
Guerra Fría y al temor de las élites tradicionales a una radicalización del proceso. Esta exclusión originaria empujaría a diversos sectores de la izquierda hacia la trágica vía de la lucha armada en la década de los sesenta, abriendo una herida en el tejido de la representación política nacional que tardaría muchísimos años en cicatrizar.
Ahora bien, resulta imposible comprender el éxito inicial y el estrepitoso fracaso final de este
bipartidismo sin analizar el rol absoluto del petróleo. El antropólogo e historiador Fernando
Coronil, en su influyente obra «El Estado Mágico», argumenta de manera persuasiva que el
Estado venezolano utilizó la inmensa y repentina riqueza petrolera para presentarse ante la
sociedad con una capacidad casi ilusionista. Parecía capaz de generar modernidad, grandes obras de infraestructura y bienestar social sin requerir el esfuerzo productivo, fiscal o industrial
tradicional de sus ciudadanos. Todo el andamiaje del bipartidismo se sostuvo sobre esta base del modelo rentista. Como bien señala la politóloga estadounidense Terry Lynn Karl en sus
investigaciones sobre los petroestados, Venezuela padeció los rigores de la «paradoja de la abundancia». Al no depender de la recaudación de impuestos directos de sus ciudadanos, sino casi exclusivamente de la captación de la renta internacional del crudo, el Estado se volvió peligroso y cómodamente autónomo respecto a las exigencias de la sociedad que debía gobernar.
Durante los años sesenta y setenta, y de manera muy particular tras el abrupto shock petrolero de 1973 que coincidió con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, los ingresos masivos y sin precedentes permitieron a los gobiernos de AD y COPEI financiar la paz social a través de
subsidios generalizados, educación pública de alcance masivo y una evidente movilidad social
ascendente. Asimismo, esta abundancia sirvió para mantener a los militares tranquilos en sus
cuarteles mediante la asignación de altos presupuestos de defensa y generosos beneficios
socioeconómicos para la oficialidad. Pero el efecto más pernicioso a largo plazo fue la
consolidación de un sistema profundamente clientelar.
Las bases de los partidos políticos dejaron de ser espacios de debate ciudadano para convertirse en gigantescas agencias de colocación de empleo gubernamental, donde la lealtad política y el voto se intercambiaban directamente por el acceso a la renta petrolera administrada por el Estado.
A medida que organizaciones como URD perdían relevancia y se desvanecían del panorama, el
país transitó hacia un bipartidismo casi perfecto y excluyente. Este dominio mutó rápidamente
hacia un fenómeno que el investigador Michael Coppedge denominó como una partidocracia
fuerte y penetrante. Los partidos tradicionales no se limitaban a competir por el control del poder ejecutivo o de los escaños legislativos, sino que extendieron sus tentáculos para controlar de manera absoluta casi todas las esferas de la vida civil.
Los grandes sindicatos agrupados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, los
gremios profesionales, las incipientes asociaciones vecinales y los efervescentes movimientos
estudiantiles en las universidades públicas operaban en estricta subordinación a las directrices dictadas por los comités ejecutivos nacionales de AD y COPEI. Observado en retrospectiva,
resulta evidente que esta omnipresencia partidista terminó por asfixiar el desarrollo de una
sociedad civil verdaderamente autónoma. Si un individuo aspiraba a ascender en la escala social, obtener un contrato público o simplemente resolver un problema básico en su comunidad, el carnet del partido de turno se volvía un requisito indispensable. La consecuencia fatal de este monopolio fue que, cuando el sistema finalmente empezó a fallar en su dimensión económica, la sociedad se encontró huérfana, carente de canales de representación alternativos que no estuvieran ya profundamente contaminados por el desgaste moral y operativo de la maquinaria bipartidista.
El punto de quiebre definitivo se gestó en la década de 1980, marcando el principio del fin para
el pacto de élites. La monstruosa deuda externa que se había acumulado irresponsablemente
durante los años de la gran bonanza, combinada con la caída sostenida de los precios
internacionales del petróleo, demostraron crudamente que el Estado Mágico estaba en
bancarrota. El 18 de febrero de 1983, una fecha que quedó grabada en la memoria colectiva
como el «Viernes Negro» bajo la administración del copeyano Luis Herrera Campins, el Estado
se vio forzado a devaluar la moneda por primera vez en décadas y a imponer un estricto control de cambios.
Fue el despertar brusco del sueño de la «Venezuela Saudita». Sin embargo, frente al evidente
agotamiento del modelo rentista, las cúpulas de AD y COPEI mostraron una ceguera histórica
notable al negarse a reformar con profundidad las reglas del juego. Prefirieron seguir operando
bajo las mismas lógicas de reparto y clientelismo, pero esta vez con recursos cada vez más
escasos y disputados.
Toda esta tensión acumulada hizo explosión de forma violenta a inicios de 1989. Carlos Andrés
Pérez había logrado regresar a la presidencia amparado en un discurso electoral que evocaba la nostalgia por la abundancia de los años setenta. No obstante, a los pocos días de asumir el poder, se vio obligado a implementar un severo paquete de ajustes macroeconómicos dictado por las realidades del Fondo Monetario Internacional, un plan que pasó a la historia como «El Gran Viraje».
La respuesta popular fue el «Caracazo» entre febrero y marzo de ese año, un estallido social
masivo, espontáneo y caótico que sacudió a la capital y a otras ciudades importantes, y que fue reprimido con una brutalidad desproporcionada por el ejército nacional. Investigadoras como Margarita López Maya identifican este trágico evento no como una simple protesta por el alza del transporte, sino como la ruptura sociológica definitiva entre las masas populares urbanas y las élites tradicionales.
El Caracazo rasgó el velo de la ilusión: desnudó ante el mundo que el pacto social estaba roto y
que los sectores más vulnerables ya no se sentían mínimamente representados por una dirigencia a la que ahora percibían como una oligarquía corrupta, sorda y completamente desconectada de la creciente miseria de los barrios periféricos.
Ante esta inocultable crisis de legitimidad, el sistema intentó un último esfuerzo de
supervivencia institucional a través de la descentralización. Impulsada por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, a finales de 1989 se llevaron a cabo las primeras
elecciones directas de gobernadores y alcaldes, cargos que hasta entonces eran designados a dedo desde Caracas. Aunque esta apertura permitió el surgimiento de importantes liderazgos
regionales y de fuerzas políticas alternativas, los «cogollos» de los partidos tradicionales
sabotearon el espíritu de la reforma al negarse a ceder su influencia, boicoteando a sus propios
líderes locales si estos demostraban demasiada independencia y manteniendo la asfixia
financiera centralizada sobre las regiones. La cura llegó tarde y fue administrada a medias a un
paciente en fase terminal.
El colapso de la fe pública en las instituciones abrió de par en par las puertas a la crisis de la
década de los noventa, una época que la politóloga Miriam Kornblith ha descrito con acierto
como un proceso de profunda desinstitucionalización, en el que las reglas del juego democrático sencillamente perdieron todo su valor vinculante para la ciudadanía.
La fractura del consenso alcanzó a los cuarteles en 1992, cuando dos sangrientos intentos de
golpe de Estado, el primero de ellos encabezado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías, dejaron en evidencia que las Fuerzas Armadas también estaban atravesadas por el descontento social y el repudio a la corrupción sistémica. Aunque los alzamientos fracasaron en su objetivo militar inmediato, triunfaron de manera arrolladora en el plano político al lograr
canalizar la inmensa frustración acumulada en la población.
La debacle institucional se aceleró en 1993 con la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez por parte de la Corte Suprema de Justicia bajo acusaciones de malversación de fondos. Si bien este evento pudo interpretarse como un triunfo de la independencia de los poderes públicos, en la práctica hirió de muerte al partido Acción Democrática. Ese mismo año, el panorama terminó de fragmentarse cuando Rafael Caldera, figura histórica y fundador de COPEI, abandonó su propia casa política para lanzarse a la presidencia apoyado por una variopinta coalición bautizada como «Convergencia», sumando a sectores de la izquierda tradicional.
Su posterior victoria electoral representó el certificado de defunción del bipartidismo clásico; por primera vez en toda la etapa democrática, el inquilino de Miraflores no era el abanderado oficial ni de la tolda blanca ni de la verde.
A lo largo de esos años noventa floreció con fuerza el fenómeno de la antipolítica. Intelectuales, ensayistas y los grandes medios de comunicación consolidaron una narrativa que responsabilizaba de forma exclusiva a los partidos tradicionales de todos los males que
aquejaban a la República. La sociedad civil, agotada, comenzó a buscar desesperadamente
gerentes, figuras del espectáculo o «salvadores» ajenos a la política que no estuvieran manchados por los vicios del pasado, elevando temporalmente las candidaturas de figuras como Irene Sáez o Henrique Salas Römer.
Sin embargo, ese inmenso vacío de representación terminó siendo capitalizado de forma
magistral por Hugo Chávez en las elecciones de 1998. Su propuesta no era la de reformar o
administrar mejor, sino la promesa radical de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente
para destruir los cimientos mismos del Estado puntofijista y refundar la nación, un mensaje que resonó con fuerza sísmica en una población hastiada por la inflación galopante, la devaluación
constante y la arrogancia de unas élites negadas a ceder sus privilegios.
Al observar la realidad de la Venezuela del siglo XXI, caracterizada hoy por un colapso
económico sin referentes en tiempos de paz, una diáspora que se cuenta por millones y la
instauración de un modelo de corte abiertamente autoritario, resulta un ejercicio imperativo
conectar este drama presente con los errores no resueltos del período transcurrido entre 1958 y Críticos con una perspectiva retrospectiva, como el historiador Diego Bautista Urbaneja,
sostienen con solidez que el rentismo petrolero forjó a lo largo de esas cuatro décadas una cultura política muy específica que logró sobrevivir a la caída de AD y COPEI, y que de hecho fue exacerbada hasta sus últimas consecuencias por el chavismo.
El ciudadano venezolano fue moldeado por el sistema para exigirle al Estado la distribución de
la renta nacional, relegando a un segundo plano la exigencia de crear condiciones reales para la producción y el trabajo autónomo. En consecuencia, cuando el Estado colapsa financieramente, el tejido social se descubre frágil y desprovisto de mecanismos de resiliencia independiente.
Las lecciones que deja el hundimiento del bipartidismo venezolano resultan tan claras como
trágicas desde la óptica de la ciencia política. Queda en evidencia que la incapacidad de una élite para reformarse a sí misma termina por destruir el sistema entero; la obstinación de las cúpulas partidistas por mantener sus cuotas de poder frenó la democratización interna y empujó a la ciudadanía a buscar rupturas radicales. Asimismo, se constata el inmenso peligro de la exclusión social, pues la invisibilización de la pobreza extrema durante los años del milagro económico fue acumulando un resentimiento de clase silencioso que, más temprano que tarde, sería instrumentalizado como una letal herramienta de polarización política.
Por otro lado, la arquitectura institucional del Pacto de Punto Fijo demostró la fragilidad que
supone el hiperpresidencialismo; al concentrar cuotas tan desproporcionadas de poder en la
figura del Ejecutivo Central, se creó una maquinaria que, una vez cooptada por un liderazgo
carismático tras el colapso de los partidos tradicionales, sirvió para desmantelar rápidamente
cualquier sistema de pesos y contrapesos democráticos.
Todo esto confirma, finalmente, que la estabilidad cívica lograda mediante acuerdos de cúpulas no es más que un espejismo insostenible si no está respaldada por instituciones de justicia transparentes, ya que la impunidad frente a los grandes escándalos de corrupción erosionó irremediablemente la fe de los ciudadanos en la democracia como un sistema ético y viable.
El bipartidismo venezolano fue, sin asomo de duda, una obra de ingeniería política notable que
tuvo el mérito histórico de sacar al país de su crónica tradición de caudillismo militarista,
otorgándole a la nación cuatro décadas de libertades civiles y transiciones pacíficas del mando.
No obstante, su diseño consociacional, atado indisolublemente a las fluctuaciones de la renta
petrolera internacional, terminó degenerando en una oligarquía de partidos profundamente sorda ante los inminentes cambios demográficos y las advertencias de la economía.
El desmoronamiento de este modelo no abrió el camino hacia una democracia liberal más
perfecta e inclusiva, sino que pavimentó la vía hacia un proyecto hegemónico que, en su retórica de borrar los vicios del pasado, terminó por profundizar los rasgos más destructivos de aquel viejo sistema: el estatismo asfixiante, la dependencia absoluta del extractivismo y la anulación del adversario.
La historia de la hegemonía de AD y COPEI trasciende las fronteras venezolanas para erigirse
como una advertencia universal sobre la naturaleza misma de las repúblicas contemporáneas,
recordando a las generaciones futuras que la democracia nunca es un trofeo estático asegurado por un pacto fundacional, sino un organismo vivo y vulnerable que exige de manera perentoria su constante renovación, una verdadera inclusión social y una transparencia inquebrantable, so pena de perecer sepultada bajo el peso ineludible de sus propias contradicciones.
