Víctor Salmerón – El Universal – Entre septiembre de 2014 y el 15 de marzo de este año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial (CIADI) ha tomado cinco decisiones que incrementan la presión sobre las finanzas públicas. El organismo procesa 28 casos en contra de Venezuela

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial que resuelve disputas entre gobiernos y compañías extranjeras, procesa 28 casos en contra de Venezuela y las decisiones que ha comenzado a tomar el organismo amenazan con incrementar los problemas financieros de la República.

Entre septiembre de 2014 y el 15 de marzo de este año, el CIADI decidió que Venezuela debe pagarle 740 millones de dólares a la empresa canadiense Gold Reserve para compensarla por la expropiación de una mina de oro situada en el estado Bolívar, y 1.600 millones de dólares a Exxon Mobil por la expropiación de sus proyectos en la Faja del Orinoco, aunque a este monto deben descontarse 740 millones de dólares que ya canceló PDVSA.

También dictaminó que Venezuela debe cancelarle 33 millones de dólares a la compañía suiza Flughafen Zurich, por dejar sin efecto la concesión para operar el Aeropuerto de Margarita; 455 millones de dólares a Owens Illinois por la expropiación de dos plantas, y 46 millones de dólares a la compañía Tidewater dedicada a proveer servicios petroleros.

El resultado es que sólo por estos cinco casos la República debe 2 mil 134 millones de dólares. Una vez el CIADI emite su decisión, ésta se considera definitiva y no hay apelaciones. No obstante, en la mayoría de los casos el Gobierno ha adoptado la estrategia de solicitar la anulación o revisión de los montos.

De acuerdo al récord que tiene este tipo de procedimientos, es muy poco probable que estas acciones prosperen, pero pueden retrasar el pago por uno o dos años.

Si agotadas todas las instancias el Gobierno venezolano se niega a pagar habría consecuencias importantes.

150 países han ratificado la convención del CIADI, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido. En virtud del artículo 54 de la Convención, cada uno de estos países tendría que aplicar la decisión como si se tratara de una sentencia de sus propios tribunales.

Básicamente, los inversionistas buscarían expropiar activos de Venezuela ubicados en Estados Unidos y cualquier dinero obtenido por el Ministerio de Finanzas a raíz de una oferta de bonos en Nueva York, sería objeto de la medida.

En consecuencia el Ministerio de Finanzas y PDVSA podrían perder el acceso al mercado internacional, aunque tendrían la alternativa de vender bonos en divisas a inversionistas locales, que luego revenderían los títulos en el exterior.

Otro factor a tomar en cuenta, es que los acreedores podrían intentar embargos de envíos de petróleo o el pago que realizan otros países por el crudo que les envía PDVSA.

Además, la decisión de no pagar podría ser interpretada por fondos de inversión que tienen bonos venezolanos en sus portafolios como un default, y exigir el pago de los títulos antes de su vencimiento.

Conoco espera

De acuerdo con el tiempo que suele tardar el CIADI en tomar decisiones, este año debe pronunciarse sobre la demanda más peligrosa para Venezuela, la que introdujo ConocoPhillips por 31 mil millones de dólares.

Richard Obuchi, profesor del IESA, explica que “Obviamente la decisión en caso de que sea a favor de Conoco no será por ese monto. Es natural que las compañías introduzcan el recurso por una cifra bastante alta aunque saben que el pago será menor. Visto lo que ocurrió con Exxon podríamos estar hablando de un monto en torno a 3 mil millones de dólares”.

Desde su punto de vista, una vez se agoten las acciones que ha tomado el Gobierno para postergar los pagos, el Estado tendrá que sentarse a negociar con las compañías. “Tendría lógica que las empresas traten de llegar a un acuerdo, porque si bien pueden tomar medidas como embargar activos son acciones que acarrean una cantidad de problemas, por lo que no es descartable que se produzcan acuerdos”.

Pocos dólares

Si bien Venezuela puede negociar, la suma a desembolsar representará una cantidad de dinero muy importante y mucho más pesada si el precio del petróleo, el producto que provee 96 de cada 100 dólares que ingresan al país, no rebota.

“El año pasado cuando se conoció la decisión sobre Exxon el petróleo se cotizaba a 100 dólares el barril y entonces el monto no fue visto como una amenaza, pero en las actuales circunstancias la capacidad de pago de Venezuela es mucho menor”, dice Richard Obuchi.

En lo que va de año la cesta petrolera venezolana se ha cotizado a un promedio de 44,84 dólares el barril, lo que se traduce en un descenso de 49% respecto al precio de 2014, y la administración de Nicolás Maduro no ha tenido más opción que recortar severamente las divisas que asigna para importaciones del sector privado.

El resultado es un ciclo de escasez de productos básicos, y descenso de la producción en las empresas que no tienen suficientes insumos y materias primas para operar al máximo de su capacidad.

La deuda

El impacto de las decisiones que debe tomar el CIADI en los próximos meses, se sumará a la deuda que tiene la República por la emisión de bonos en dólares.

Las estadísticas del Banco Central de Venezuela registran que, entre el tercer trimestre de 2004 y el tercer trimestre de 2014 la deuda en dólares se cuadruplicó y aumentó desde 27 mil 053 millones hasta 112 mil 641 millones.

De acuerdo con Goldman Sachs, dependiendo de si se utiliza el tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar o un promedio de las distintas tasas, el peso de la deuda puede ubicarse entre 30% o 59% del PIB, pero más allá de estas medidas clásicas lo cierto es que ante el descenso de los precios del petróleo, el país se ve forzado a recortar importaciones para cumplir a tiempo con el vencimiento de los bonos.

Síntesis Financiera señala que este año el país tendrá que desembolsar en capital e intereses 10 mil 500 millones de dólares incluyendo a PDVSA, y los pagos se concentran en el último trimestre, cuando habrá que cancelar 5 mil 200 millones.

Operadores de deuda indican que las decisiones que tomará el CIADI en los próximos meses aumentarán la imagen de fragilidad de la economía venezolana, y sólo un incremento importante de los precios del petróleo, que por ahora no está contemplado por los expertos, podría disminuir la incertidumbre del mercado sobre si el país podrá pagar a tiempo los vencimientos de deuda externa.

Por lo pronto, la semana pasada el Ministerio de Finanzas canceló el primer vencimiento importante del año, desembolsando 1.300 millones de dólares.

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