El Chile de la Presidente Bachelet

No le ha ido mal a Chile en los últimos 20 años. Su  economía ha crecido, en ese periodo,  a una tasa promedio anual de 3,5%, lo cual le ha permitido duplicar su nivel de ingreso per cápita, llevándolo hoy en día a un nivel cercano a los 20 mil dólares anuales, medido en paridad de poder de compra. En el año recién pasado la tasa de crecimiento del PIB fue de 4,2%, con una inflación que sólo alcanzó al 3,0%.  Sus reservas internacionales alcanzan a los 41 mil millones de dólares -cantidad cómoda y positiva para las magnitudes de la economía chilena- y los niveles de pobreza están por debajo del 15% de la población.  

¿Continuará la economía chilena creciendo,  aun cuando a un ritmo modesto, o retomará las altas tasa de crecimiento que ha conocido en años anteriores? No hay, en todo caso,  ninguno de los actores políticos o económicos de la sociedad chilena, o de los incontables analistas externos, que postule que la economía chilena se encuentre cercana a una crisis, aun cuando los más alarmistas postulan que el ritmo de crecimiento puede desacelerarse.

Sin perjuicio de ello, en el último año se han presentado algunos elementos preocupantes. La tasa de crecimiento del PIB, de 4,2%,  no es mala en si misma – sobre todo si se le  compara con los demás países latinoamericanos -pero es una tasa descendente, en términos de la propia economía chilena. Es una tasa más baja que la obtenida en los años 2010, 20011 y 2012- que fueron de 5,7%, 5,8% y 5,6% respectivamente. Además, en el propio año 2013, el primer semestre presentó una tasa de crecimiento del PIB superior a 4%, la cual bajó en forma sustantiva en el transcurso del segundo semestre, para arrojar finalmente el promedio anual ya mencionado.

Por otro lado, las exportaciones –que han sido la palanca fundamental del crecimiento de la economía chilena en las últimas décadas- no parecen estar en su mejor momento. En el año 2013 las exportaciones descendieron levemente con respecto al año anterior –de 78.277 millones de dólares a 77.367 millones de dólares- lo cual se agrava por el hecho de que ya en el año 2012 habían decrecido con respecto al año 2011, en el cual se había alcanzado la cifra récord de 81.455 millones de dólares de ventas externas. El cobre, que representó en el año 2013 el 52% de las exportaciones chilenas, es el gran responsable de esa caída. En el año 2011 el metal rojo aportó 44.666 millones de dólares a la economía chilena, cantidad que bajó a 40.509 millones de dólares en el año 2013. Aproximadamente 4 mil millones de dólares menos, que es más o menos la misma cantidad en que se ha reducido el monto total de las exportaciones chilenas entre los dos años mencionados. No se trata de una baja en la cantidad exportada, sino de una baja en los precios a los cuales se cotiza ese metal en los mercados internacionales. Eso, a su vez, está íntimamente relacionado con el dinamismo de la economía china, que es la mayor demandante de cobre en el mercado internacional, y  que ya no parece estar en condiciones de crecer a las tasas cercanas al 10%, a la cual creció en décadas anteriores, sino que seguirá creciendo pero a una tasa más modesta, cercana al 7% anual. Sin embargo, hay dos circunstancias que empujan en sentido contrario al “efecto chino”. Por un lado, el hecho de que las economías norteamericana y europea están aumentado su ritmo de crecimiento, desde los modestos niveles post crisis en que se encuentran actualmente. Por otro lado, se ha generado en la economía chilena una devaluación importante de la moneda nacional, que ha pasado de 470 pesos por dólar a principios del año 2013, a 570 pesos por dólar a fines del mismo año. Eso puede incidir en presiones inflacionarias, pero su impacto más importante es que incentiva las exportaciones -sobre todo de ese casi 50% de las exportaciones que no son cobre- lo cual puede traducirse en un incremento importante de esa palanca de crecimiento económico.

En ese contexto, el nuevo gobierno de la Presidente Bachelet se plantea llevar adelante una importante reforma tributaria, que pondría a tributar más a las empresas y a los empresarios. Las primeras aumentarían su tasa de impuesto a las utilidades de 20% a 25%, y los segundos dejarían de computar los impuestos de las empresas como un adelanto de sus propios impuestos personales. Una reforma tributaria de esa naturaleza se espera que aporte anualmente unos 8.500 millones de dólares, que permitirán llevar adelante las reformas educacionales, encaminadas a lograr la existencia de una educación gratuita y de buena calidad.  No se puede, en el contexto institucional chileno, imponer reformas que impliquen un incremento sustantivo del gasto fiscal, sin el debido financiamiento, principio que aparece claramente respetado en el programa de gobierno de la Presidente Bachelet. Por otro lado, en sí misma, la reforma tributaria es un instrumento de justicia distributiva, en la medida que la distribución del ingreso en Chile es peor que en Argentina o que en Bolivia, aun cuando mejor que en Brasil, Colombia o México, para tomar como referentes a algunos los países de la región. Hay quienes han planteado que la mayor tributación a  empresas y empresarios -y la consiguiente mejor distribución del ingreso- atentará contra los procesos de inversión e incluso con la atracción al capital extranjero.  La oferta política y económica de la Presidente Bachelet está en abierta oposición a ese dogma económico y político y se plantea abiertamente, que la mejor distribución no tiene costos en materia de crecimiento económico, sino que, por el contrario, es un incentivo a dicho crecimiento.

El otro frente donde se llevarán adelante reformas significativas es en lo relativo al sistema de pensiones. El sistema actual permite que las recursos que los trabajadores aportan para financiar sus pensiones al final de su vida laboral –y que son parte importante del ahorro que se lleva adelante en el país-  sean manejados durante décadas por administradoras privadas, con lo cual se han conformados inmensos fondos invertibles que constituyen una parte importante del engranaje que ha permitido el desarrollo de los grupos económicos chilenos e incluso su expansión más allá de la economía nacional. Todo, ello, sin que las pensiones de los trabajadores lleguen a significar un porcentaje cercano al 100% del sueldo que exhiben durante los últimos años  de su vida activa. La constitución de una administradora estatal de esos fondos de pensiones es una parte de las reformas que el programa de la Presidente Bachelet tiene planteado en este tema. Aquí, al igual que en el tema tributario, se están promoviendo reformas que violentan dogmas muy consolidados en el pensamiento económico ortodoxo -que habían ganado mucho espacio en el planteamiento político nacional- y que hoy están en el centro de los debates políticos y económicos.  

Blog: sergio-arancibia.blogspot.com

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