El pago de las patentes farmacéuticas

En el mundo contemporáneo el conocimiento científico y tecnológico no es un bien que sea patrimonio de toda la humanidad, y que quienquiera pueda utilizar cuando y como lo estime conveniente.

Por el contrario, hay dueños de ciertos conocimientos, los cuales, como propietarios de un bien productivo, están en condiciones legales de cobrar una cantidad de dinero contante y sonante al que desee usar ese conocimiento. En otras palabras, si el conocimiento está patentado, hay que pagar por el uso de esa patente. Eso, desde luego, encarece el precio final del bien que se busca producir, pues introduce un elemento adicional de costos, y genera grandes utilidades a quien figure como propietario de ese conocimiento patentado.

En las negociaciones comerciales internacionales que se han llevado a cabo en las últimas décadas, los países desarrollados han sido duros e inflexibles en la defensa de los derechos de propiedad intelectual, prácticamente obligando a los países en desarrollo a que acepten el sistema internacional de patentes.  Eso implica que estos últimos no pueden utilizar ni producir – ni permitir que nadie produzca o utilice en su territorio – un bien o un producto que esté patentado en el otro país con el cual se negocia. Ese ha sido uno de los sapos más grandes que los países en desarrollo han tenido que tragarse en el contexto de dichas negociaciones.

Todo esto viene a cuento porque en la Organización Mundial de la Salud, OMS, y en la Organización Mundial de Comercio, OMC, se discute hoy en día la propuesta de liberar a los países del pago de patentes por el conocimiento ligado a la producción de vacunas y otros bienes farmacéuticos necesarios para combatir la pandemia de COVID 19. Lo interesante y lo nuevo de esta propuesta – que está todavía en etapa de discusión y negociación – es que Estados Unidos aparece como dispuesto a aceptar esta desprotección de la propiedad intelectual, por lo menos mientras dure la actual pandemia.

Si esta iniciativa llegara a fructificar, eso no significa que todos los países vayan a empezar a producir las vacunas correspondientes. Solo lo podrán hacer aquellos países que tengan una base científica suficiente como para ello, o que se asocien con empresas o países que tengan y dominen dicho conocimiento científico y técnico. Todos ellos podrán lograr mayor producción, menores precios y mejores servicios de salud a su población. Esto pone de relieve una cuestión que se discute permanentemente en el campo de las políticas relativas a investigación y desarrollo, es decir, la importancia de invertir en la investigación en ciencias puras, y no solo en el uso tecnológico del conocimiento existente.

También todo esto, en caso de lograrse resultados positivos, pone de relieve que las luchas de los países en desarrollo por lograr situaciones más justas en el comercio internacional no es una pelea que esté definitivamente perdida y que estemos obligados a rendirnos inexorablemente frente a las exigencias de los países desarrollados. La correlación de fuerzas en el campo internacional se modifica, las circunstancias cambian, y lo que ayer parecía impensable, hoy en día aparece por lo menos como probable. Eso debería hacer pensar a quienes insisten en atarse – o seguir profundizando las ataduras – a condiciones o tratados que el mundo entero empieza a modificar. No se puede ser más papista que el papa. 

Imagen de Spencer Davis en Pixabay

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