Venezuela contó durante muchos años,  con una ley de promoción y protección de la inversión extranjera –promulgada en 1999- con la cual se pretendía atraer y dar seguridad  jurídica a los eventuales capitales extranjeros que se radicasen en el país. Esa ley -que en realidad era un decreto presidencial con rango y fuerza de ley- fue promulgada por el ex Presidente Hugo Chávez en uso de las primeras  facultades extraordinarias que le concedió el parlamento venezolano. No se trataba, por lo tanto, de una imposición del órgano legislativo –como a veces sucede en democracia-, sino de una decisión libre y soberana del poder ejecutivo. Además, estaban vigentes en el país las disposiciones que en esta materia había acordado la Comunidad Andina de Naciones.

A pesar de ello, las cosas en materia de relaciones con los inversionistas extranjeros tuvieron en los años posteriores, una evolución un tanto conflictiva. Por un lado, se protagonizaron una serie de expropiaciones o nacionalizaciones, en las cuales se han visto involucradas varias empresas extranjeras con inversiones en Venezuela. Muchas de esas empresas, amparándose en la ley decretada por el Presidente Chávez, apelaron al CIADI, organismo de arbitraje que forma parte de la institucionalidad del Banco Mundial, donde se llevan adelante hasta el día de hoy, varios juicios o arbitrajes para dirimir los eventuales montos de indemnización que el Estado venezolano debería pagarle a las empresas en cuestión.  Posteriormente, Venezuela decidió salirse del Ciadi, para evitar que los futuros afectados tuvieran una instancia, supuestamente parcializada, donde apelar en caso de expropiación. Ese abandono del Ciadi no impide, en todo caso, que este organismo mantenga su rol como árbitro frente a los casos que se presentaron a su consideración, en los períodos en que Venezuela todavía estaba sujeta a su autoridad. La ley misma, promulgada por el Presidente Chávez, donde se establecía la competencia del Ciadi, fue derogada y reemplazada por un nuevo decreto con fuerza y rango de ley con fecha de noviembre de 2014.  Hoy en día, los nuevos inversionistas que decidan radicarse en Venezuela, no tienen sino los tribunales venezolanos como órganos judiciales a los cuales recurrir en caso de que tengan conflictos con el ejecutivo.

Todos estos antecedentes vienen al caso, pues las últimas estadísticas  publicadas por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, muestran que en el año 2014, Venezuela recibió una cantidad sumamente modesta de inversión extranjera. Escasamente 320 millones de dólares.  

Los países de la región, que en mayor medida fueron receptores de inversión extranjera directa, fueron Brasil, con 63.996 millones de dólares, México con 22.795 millones de dólares, Chile con 19.268 millones de dólares y Colombia con 16.054 millones de dólares. En la América del Sur, los receptores más modestos son Paraguay con 236 millones de dólares, y Venezuela, con la cantidad ya mencionada. Incluso, en la América Central,  países más pequeños en dimensiones geográficas, económicas y demográficas, como Guatemala o Panamá, recibieron montos de 1.396 millones de dólares y 4.719 millones de dólares respectivamente.

Hay que tener en cuenta, para entender cabalmente esas cifras, que las utilidades que las empresas extranjeras no remesan a sus países de origen, sino que las reinvierten en el país sede, son contabilizadas también como nueva inversión extranjera. En Venezuela, como las empresas extranjeras han tenido dificultades para obtener los dólares que les permitan remesar sus utilidades, muchas de ella optan por reinvertirlas en el país –para no tener ese dinero ocioso y en proceso de desvalorización– lo cual pasa en muchos casos, por la compra de apartamentos de lujo y/o la construcción de centros comerciales.

En los últimos días, el Presidente Maduro ha informado al país que Rusia, llevará adelante grandes inversiones en Venezuela. Se habría convenido un monto de 14 mil millones de dólares para llevar adelante inversiones en petróleo y gas, con lo cual se espera duplicar en un futuro cercano, la producción de petróleo. La información de prensa sobre esta materia es breve y no indica la cantidad de años en la cuales se materializará esta voluminosa inversión rusa. Es dable suponer, que no será un año o dos, pues la economía nacional y la propia industria petrolera no siempre están en condiciones de digerir un volumen tan grande de nueva inversión extranjera, en un período breve de tiempo.  Siendo esta una noticia, sin duda positiva, cabe sin embargo preguntarse, si esas cuantiosas inversiones en el ámbito petrolero y gasífero fueron objeto de una licitación internacional, abierta y transparente o, tal como parece, fue objeto de una mera negociación directa de país a país. Y aun cuando así sea, ¿es posible conocer el texto de dicha negociación?  También cabe preguntarse por las condiciones que se le aseguran a dichos inversionistas rusos. Por ejemplo, es lícito preguntarse si los capitales que ellos traigan al país se liquidarán a tasa Simadi, o a alguna tasa particular que se establezca para estos efectos. Igualmente, si las remesas que esa inversión quiera, al cabo de los años correspondientes, remesar a su país de origen será objeto de la misma tramitación que cualquier otra inversión extranjera; es decir, largas esperas para obtener los dólares correspondientes, o gozarán de mecanismos más expeditos. ¿Vendrán a asociarse con Pdvsa en proyectos extractivos y/o productivos? ¿Cuánto capital tendrá que poner Pdvsa para hacer de contraparte del capital ruso? ¿Cuáles serán las proporciones entre capital ruso y venezolano en las nuevas empresas que se establezcan? ¿Será rusa la gerencia general? ¿Serán inversiones fundamentalmente en petróleo o en gas? ¿Hay cláusulas respecto al destino del petróleo o del gas que se produzca a partir de estas nuevas inversiones?

Siendo Venezuela un país que recibe tan poca inversión extranjera directa, tal como muestran las estadísticas regionales, la recepción de un volumen tan grande es algo que no puede menos que llamar la atención y sobre lo cual el país debería ser cabalmente informado.

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