Para llevar adelante ese interesante y prometedor proceso constituyente reciente – que partió con un plebiscito de entrada, terminó con un plebiscito de salida y contó con meses de trabajo de una Convención Constituyente – se necesitó previamente de una reforma constitucional que hiciera posible ese proceso.
La constitución vigente en ese momento – después de la reforma mencionada – decía en la última línea de su artículo 142, en relación al plebiscito de salida, lo siguiente: “Si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución.”
Como sabemos, eso fue exactamente lo que paso. El proyecto presentado fue rechazado, la constitución de Pinochet siguió vigente – y sigue vigente hasta el día de hoy – y la posibilidad de cambiarla volvió a quedar en manos del poder legislativo, que también tiene en sus manos el poder constitucional. Allí, el eventual cambio de la constitución pudo haber dormido unas cuantas décadas más, pues los sectores más conservadores del sistema político chileno no han manifestado nunca muchas ganas de introducir reformas a la constitución dejada por Pinochet. Ni en la constitución, ni en las leyes, ni en ningún acuerdo institucional o político se decía ni una palabra sobre como continuar con el proceso. Después del plebiscito todo el proceso llegaba hasta allí, y solo quedaba, en el plano político, la soberbia de los ganadores y el amargo sabor de la derrota en la boca de los perdedores.
Pero como la naturaleza le tiene horror al vacío, los partidos de todo el arco político nacional asumieron la responsabilidad de retomar el debate sobre cómo llevar adelante un nuevo proceso constitucional. Ese diálogo se llevó adelante en el Parlamento, que es el órgano autorizado para llevar adelante reformas en ese sentido. Discutieron bastante, durante casi tres meses, y finalmente llegaron a acuerdos al respecto. De esos nuevos acuerdos hay una serie de cosas que son importantes destacar.
En primer lugar, los sectores más conservadores de la sociedad chilena tuvieron que aceptar y abrirse al cambio constitucional. Ese en un triunfo histórico de los sectores que durante décadas han estado levantando esa bandera. Si los sectores conservadores dieron ese paso, fue en alta medida por el hecho de haberse comprometido en ese sentido en la campaña plebiscitaria, aun cuando no hubiera sido la primera vez que una oferta electoral se olvida después del triunfo. También, por el hecho de que el pueblo de Chile parece haber rechazado un proyecto de nueva constitución, pero no la posibilidad de cambiar la constitución a partir de un proyecto distinto.
Es importante, además, destacar que los únicos que no se plegaron a este acuerdo por una nueva constitución fueron los republicanos, lo cual implica que el conjunto del sistema político rechaza los intentos de quiebre institucional que estos plantean. Es bueno y saludable que ese aislamiento perdure en el sistema político chileno.
Quizás habría que agregar que aun los sectores más conservadores de la sociedad chilena – en el campo político y económico – se dan cuenta de que Chile necesita una nueva institucionalidad – moderna, democrática, integrativa, social, verde – sin la cual el país no puede transitar por el siglo XXI. Apegarse a la nostalgia y a la lealtad con el pasado se visualiza que no trae estabilidad política ni económica, sino una dosis alta de incertidumbre en todos los frentes del quehacer nacional.
Los que redactarán la nueva constitución son los 50 elegidos por el pueblo para esos efectos. Las demás personas y organismos que constelarán en torno a la discusión constituyente podrán opinar, asesorar y patalear, pero la capacidad decisoria sobre cada línea de la nueva constitución descansará en esos 50 ciudadanos electos. Nada se podrá incorporar al nuevo texto constitucional sin su aprobación expresa. Más aún, se necesita en el seno de ese cuerpo una mayoría calificada para cada punto que se apruebe, igual que en el proceso constitucional pasado.
También las bases constitucionales que se han redactado, son de alto talante democrático y social, crean consenso ciudadano en torno a ellas, y constituyen planteamientos que jamás estuvieron en las banderas de los partidos y sectores conservadores del país. Entre ellas cabe mencionar que la soberanía descansa en el pueblo, lo relativo a un estado social y democrático de derecho, el reconocimiento de los pueblos originarios, el énfasis en los derechos humanos y sociales, el cuidado y preservación de la naturaleza y la sujeción de las fuerzas armadas al poder civil.
No es fácil en una negociación con adversarios políticos obtener todo lo que se desea, pero en esta nueva etapa del proceso constitucional se han obtenido avances importantes, en puntos centrales o definitorios de la esencia del proceso. Es posible y necesario, por lo tanto, enfrentar los nuevos desafíos que este proceso entraña, no con mochila de perdedores, sino que con vocación y esperanza de vencedores.
