Hay partidos y líderes políticos latinoamericanos que – cuando han accedido el gobierno-  han tenido que enfrentar un desafío nuevo para ellos: gobernar para todo el país y para todos sus ciudadanos. Antes de acceder a esas posiciones de mando, ellos se suelen atrincherar en la representación y movilización sindical y política de determinados sectores sociales, pero solo acceden a posiciones de gobierno cuando sus banderas y sus programas son visualizados – con razón o sin ella-  como expresiones de grandes aspiraciones nacionales. Cuando no logran dar ese paso, se quedan `por los siglos de los siglos como meros referentes declarativos de ciertas posiciones éticas o intelectuales sin mayor trascendencia política. Sin perjuicio de ello, hay algunas fuerzas políticas – de izquierda y/o de derecha – que aun cuando acceden a posiciones de gobierno, no terminan nunca de entender eso de gobernar para todo el país y para todos los ciudadanos. Venezuela es un buen ejemplo de esto último. 

Pero gobernar –  y gobernar para todos los ciudadanos – implica para muchos políticos – sobre todo para los más nuevos en esa lides-  el tomar contactos con sectores empresariales que estaban tradicionalmente fuera de su espectro de relaciones sociales y políticas. Y descubrir, además, que el desarrollo de esas empresas es positivo y necesario para el desarrollo del país y para el bienestar de sus ciudadanos. Más aun, llegan rápidamente a la conclusión de que defender los intereses de esas empresas, sobre todo fuera del país, es parte de sus responsabilidades de gobierno, y que si  a esas empresas les va bien, eso es bueno para el país y para sus ciudadanos. Todo ello es positivo: es bueno que comprendan y enfrenten esa nueva realidad. Pero hay algunos que llegan hasta allí demasiado acelerados y dan un triple salto mortal, asumiendo que el beneficio de esas empresas y el beneficio de ellos y de sus partidos, es una y la misma cosa. Y allí empieza la triste historia de los políticos que reciben sobornos, comisiones, donaciones o regalos por su apoyo a ciertas empresas, – como si fuera una legitima retribución por el apoyo legislativo o administrativo recibido- y de empresas   que se creen  poseedoras de una verdadera patente de corso, pues se saben amparadas por una compleja red de vinculos políticos y administrativos que han ido costruyendo a su paso. El caso de la empresa brasileña Odebrecht es altamente significativo de todo esto.

Según una investigaciín realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la empresa Odebrecht hizo pagos ilicitos – es decir, sobornos puros y simples – por un  monto de 788 millones de dólares, en 12 paises en los cuales realizó actividades entre los años 2005 y 2015. Se trata de Argentina, Colombia, México, Perú, Venezuela, Panamá, Guatemala, Ecuador y República Dominicana, ademas de algunos países africanos. En Suiza se realizaron también investigaciones oficiales al respecto – pues muchos de los pagos se realizaban desde cuentas en dicho país-  y la empresa Odebrech reconoció sus culpas y pagó una multa de 200 millones de dólares. En el propio Brasil, el país de origen de esta joyita , se llevó adelante la investigación sobre los vínculos de la empresa con los circulos políticos internos, que culminó con la prisión de su principal directivo, que es precisamente el que le da su nobre a la empresa. En Perú, la Fiscalía negocia la devolución de las ganacias ilicitas obtenidas por la via de los sobornos, y el gobierno resolvió no permitir la participación de Odebrecht en ninguna nueva licitación en el país.  En Panamá se prohibió también cualquier nueva  participación de Odebrecht en obras públicas. 

En Venezuela – que es el país que más contratos celebró con la empresa Odebrecht y donde estuvieron involucrados los montos más elevados de dinero- no se lleva adelante ninguna investigación por  parte del poder ejecutivo, ni de la Contraloría, ni de la Fiscalía, ni del Poder Moral.  Solo el poder legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, ha constituido una comisión investigadora, que con toda seguridad contará con  todas las puertas cerradas de los organismos eventualmente involucrados en actividades con la empresa Odebrecht, y ningún funcionario estatal asistirá a convocatoria alguna de la Asamblea Nacional para que explique lo que sepa sobre este asunto que preocupa a todo el mundo. Es posible incluso, tal como se han dado las cosas en los últimos tiempos, que el Tribunal Supremo de Justicia saque alguna resolución impidiendo a la Asamblea Nacional realizar investigación alguna sobre este tema. Finalmente saldrá un informe, que tendrá poca circulación y difusión, y ningún efecto administrativo ni judicial,  en que se develará la vinculación de algunos altos funcionarios públicos con los manejos turbios de la empresa de marras. Se salvará en alguna medida el honor nacional, pero no se impedirá que la empresa Odebrecht siga adelante con los proyectos que se le han aprobado en Venezuela, siempre y cuando cuente con el financiamiento correspondiente,  cuestión esta última que no está nada facil, pues Venezuela no tiene plata para ello y los bancos brasileños que aportaban parte de los fondos no están dispuestos a seguir en estos manejos a menos que obtengan seguridades muy claras de que esos fondos no contribuirán al enriquecimiento de algunos políticos y funcionarios venezolanos.  Asi que es altamente probable de las obras queden paralizadas por tiempo indefinido. Esa es la triste historia de países que no poseen controles y fiscalizaciones institucionales y ciudadanas suficientemente eficaces y que tienen, en cambio, empresas y políticos que carecen totalmente de normas éticas.