Por Luis Vicente León | 20 de noviembre, 2016

En Prodavinci

No es posible decretar la inversión, la producción ni el abastecimiento. La inversión es un fenómeno que resulta de la racionalidad económica. Cuando controlas precios, el resultado siempre es el mismo: más desabastecimiento y más inflación. Un ejemplo evidente de este problema lo vemos en el caso de la harina precocidad de maíz en Venezuela, hoy en crisis severa. El Gobierno ha pretendido mantener un precio final del producto (190 bolívares por kilo) por debajo de sus costos de producción, colapsando el sistema.

Por supuesto, al controlar el precio final, mantiene también controlado, a un nivel absurdo, el precio en el productor de maíz, desestimulando la cosecha y la producción. Justo en el momento que más se necesita una expansión de la producción local de maíz para garantizar el abastecimiento y reducir la demanda de importaciones. Resulta increíble, sin embargo, que los precios del maíz importado por el Gobierno lleguen a superar con creces el máximo que permiten cobrar a los productores nacionales.

Este es el mismo caso del precio de la harina de maíz precocidad importada, que se vende ahora de manera cotidiana entre 10 y 15 veces (al menos 2.000 bolívares por kilo) el precio máximo que le permiten a los productores industriales venezolanos. Esto, obviamente, es una discriminación inexplicable que afecta a los productores del campo, los industriales, los trabajadores y al consumidor.

He respaldado abiertamente la tesis de abrir mercados y creo que permitir la entrada de mercancías importadas por el sector privado con sus propios dólares es una vía de escape para la olla de presión. Pero eso es muy distinto a demoler a la industria nacional, que es lo que hace el Gobierno cuando aceptan y estimulan la importación de bienes que compiten con la producción nacional y que se venden cotidianamente entre diez y quince veces mas caros que el precio al que pretende condenar la producción nacional.

Si consideramos que el precio máximo solicitado por los agricultores para su maíz y el precio máximo esperado por los productores industriales por su harina (770 bolívares) es menos de una tercera parte del precio al que se permite comerciar la harina importada, es inexplicable la posición inflexible del Gobierno al no permitir que se reconozcan los incrementos de costos obvios de una economía inflacionaria. La explicación de esta posición más bien parece reflejar la presión contraria de quienes están tomando ventaja de los precios de bienes importados.

La racionalización de precios del maíz y de la harina precocida de maíz mejoraría sustancialmente el bienestar nacional, toda vez que estimularía la producción de un maíz que hoy no se está sembrando, recuperaría inversiones agrícolas nacionales, generaría empleos en ese sector, reactivaría la producción en las plantas de harina de maíz precocido que han cerrado por primera vez en 55 años, como es el caso de harina P.A.N. y Mazorca, dándole además estabilidad de los trabajadores. Pero sobre todo, eliminaría la terrible situación actual, en la que los consumidores están pagando mucho más por la harina precocida de maíz, financiando la producción agrícola e industrial de otros países, mientras se destruye uno de los cultivos clásicos de Venezuela y una de sus industrias mas relevantes para el país.

Como en todas partes del mundo y en todos los momentos históricos, el control extremo de precios y el intervencionismo oficial solo termina en desinversión, improductividad, desabastecimiento, inflación y discriminación a los consumidores y trabajadores locales. Exactamente lo contrario a lo que dice proteger.