La Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria establece la facultad al Estado de decidir qué rubros deben producirse en cada zona del país. Adicionalmente, se estipula que el único elemento que se tomará en cuenta para valorar la producción económica es el tiempo socialmente invertido por los agricultores, lo cual a su juicio puede tener consecuencias negativas como el desestímulo a la producción.
El economista y asesor de Cavidea, Ángel Alayón, expresó: «Lo ideal es que la producción sea valorada por su trabajo, que le permita recuperar su inversión y reinvertir en el sector. Si los productores sienten que no están siendo compensados su esfuerzo, podrían migrar a otra actividad». Asimismo, considera que a través de la planificación centralizada de los alimentos no se puede potenciar los rubros, sino que hay que promover y potenciar los rubros necesarios para garantizar la seguridad agroalimentaria. El artículo 35 de la ley limita la actividad económica de los productores, pues al otorgarle facultades al Ejecutivo se pueden tomar decisiones a priori sobre quiénes se beneficiarán con lo insumos.
El economista apunta que las discrecionales que deja la ley además de generar incertidumbre en el sector agrícola podrían generar interrupciones innecesarias en la cadena de producción, lo cual podría dificultar a la agroindustria el acceso oportuno a las materias primas necesarias para producir terminados. Igualmente, la materia prima que recibe la industria estará basada en la planificación del Estado. Esto incide directamente en la soberanía del consumidor, que no podrá adquirir los productos de su preferencia y de forma oportuna, explicó Alayón. «Planificar la actividad es necesario, el detalle es cómo se planifica.
La preocupación es que si se limita la producción agrícola se afecta todos los eslabones de la cadena», dijo. Cuestiona la posibilidad de que ahora con las nuevas permiserías que se estipulan en el normativa aumenten las trabas en la adquisición de materia primas. Asimismo, se da carácter orgánico a la emisión de certificados de no producción y producción insuficiente. En cuanto a los grupos vulnerables que se establecen en la ley, estiman que no puede resolverse con la restricción en la distribución de alimentos, sino que deben crearse políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades de esa población.
Fuente: www.portafolioxpress.com
