Víctor Álvarez: Los cambios en la política económica venezolana

La actual política económica, de flexibilización de controles, dolarización y privatización, surge de un pragmatismo del régimen que apunta a preservar su modelo político de dominación hegemónica. Si no respira la economía, el poder político se asfixia.

Víctor Álvarez R. Jun 11, 2021

 @victoralvarezr

El efecto combinado del colapso de la renta petrolera, el endurecimiento de las sanciones y el impacto económico de la pandemia ha obligado al gobierno a activar válvulas de escape para aliviar la presión económica y social.

Un gobierno sin capacidad financiera para sostener el modelo nacionalista y estatista ha puesto en marcha un proceso de apertura comercial, desregulación, liberalización, privatización, dolarización y apertura a la inversión extranjera. Son las nuevas tendencias en la economía venezolana que pudieran consolidarse y llegar a ser irreversibles.

Estas reformas económicas crean un ambiente propicio para el emprendimiento y la iniciativa privada. Y quien no perciba estos cambios debido al ruido de la diatriba política, se quedará al margen de las nuevas oportunidades de negocio e inversión que empiezan a aparecer en Venezuela.

De hecho, en este abandono del modelo económico nacionalista y estatista ha jugado un papel muy importante la presión de los inversionistas privados que están dispuestos a correr los riesgos de hacer negocios en un país sancionado, pero en un contexto de apertura comercial y liberalización económica.

El gobierno se ha dejado de dogmatismos y para sobrevivir al colapso de la renta petrolera, las sanciones económicas y los estragos de la covid-19, abandona el modelo nacionalista y estatista y se abre a la inversión privada nacional y extranjera. Veamos los cambios más importantes.

Apertura comercial

Para compensar la escasez derivada de la reducción en un 80 % del tamaño del PIB, el gobierno ha abierto el mercado interno a toda clase de importaciones que compiten ventajosamente con la producción nacional. Ha exonerado una amplia gama de códigos arancelarios del pago de impuestos de importación que, en condiciones de apreciación del tipo de cambio, hace mucho más lucrativo importar que producir.

La dolarización

La dolarización transaccional ha sido forzada por la hiperinflación que disolvió el poder de compra de los billetes y obligó a sustituirlos por la divisa estadounidense. El billete de más alta denominación es de Bs. 1.000.000 y no alcanza para comprar un dólar. Para no trancar el mercado interno por falta de medios de pago, el Ejecutivo ha permitido el uso de divisas en las transacciones locales, práctica que antes era perseguida y penalizada. La dolarización transaccional presiona la dolarización de los servicios financieros para que este creciente circulante en divisas se pueda canalizar hacia el financiamiento de la producción y el consumo.

Privatización

Las sanciones económicas recaen sobre las empresas del sector público. Corporaciones trasnacionales con intereses en territorio estadounidense no pueden hacer negocios con empresas del gobierno. Debido a los bajos salarios, el sector público no cuenta con la capacidad técnica ni logística para mantener operativas las empresas manufactureras en su poder, ni asegurar los servicios de agua potable, gas doméstico, electricidad, telecomunicaciones y vialidad. Para evitar el colapso en estos sectores el gobierno se plantea privatizar la gestión de estos al amparo de la Ley Antibloqueo que permite este tipo de acuerdos en el más absoluto secretismo.

Inversión extranjera

Ni el gobierno ni Pdvsa tienen recursos financieros para levantar la producción de petróleo y gas. Tampoco puede reactivar las refinerías. Necesita de la inversión privada nacional y extranjera para reactivar estos sectores cuya buena marcha es imprescindible para el buen funcionamiento del resto de la economía.

Mientras el ingreso petrolero se mantenga bajo y las sanciones no se levanten, los procesos de apertura y liberalización económica se profundizarán. Solo una recuperación de la extracción de petróleo en torno a los 3 millones de barriles diarios y precios por encima de 80 $/b le devolverían al gobierno su capacidad para controlar y estatizar la economía, y ese escenario en el corto y mediano plazo está totalmente descartado.

Es la cruda realidad que ha forzado al gobierno a ser pragmático y a abandonar ideologías y dogmas. Aflojar los controles es la clave para su sobrevivencia. Así lo ha entendido el régimen cuyo pragmatismo apunta a preservar su modelo político de dominación hegemónica. Si no respira la economía, el poder político se asfixia.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE)

Son regiones geográficas en las que rige un marco legal diferente al vigente en el resto del país. Las nuevas inversiones que allí se realicen son liberadas de impuestos, controles económicos y regulaciones laborales y ambientales a través de la implantación de un régimen socioeconómico especial que asegura -por un período no menor de diez años-, la devolución automática, total o parcial del impuesto de importación, del impuesto sobre la renta (ISLR) y del impuesto al valor agregado (IVA); así como la exención de los regímenes aduaneros aplicables a la importación y exportación de materias primas, insumos y bienes de capital destinados a crear una oferta exportable que genere las divisas que ya no aporta el petróleo.

En las ZEE se limita la organización de sindicatos para exigir mejores salarios y condiciones laborales; y las medidas de protección ambiental para el tratamiento de emanaciones gaseosas, efluentes líquidos y desechos sólidos también se pueden flexibilizar y desaplicar.

En un país en el que el tamaño de la economía se ha reducido 80 % y el salario mínimo es de apenas 2,5 dólares mensual, el gobierno nacionalista y estatista se abre a la inversión extranjera y le ofrece exoneraciones de impuestos y bajos salarios para que vengan a explotar los recursos naturales que el país tiene.

Víctor Álvarez