Hoy en día, después de muchos años, hay verdaderas posibilidades de legislar sobre la situación del agro. Se juntan para ello dos situaciones que se complementan mutuamente. La primera situación es de tipo político. Es posible legislar al respecto pues hay una mayoría parlamentaria del bloque democrático. La segunda situación es de tipo económico. Es imprescindible aumentar la producción agropecuaria, pues no es posible seguir importado las cantidades de alimentos que está importando actualmente Venezuela. Aun cuando se eliminara todo rastro de comisiones y negociados en las masivas importaciones estatales de alimentos, de todos modos es enteramente posible y necesario ahorrarse parte importante de esos dólares y aumentar en forma sustantiva la producción  agropecuaria en un período de uno o dos años, con lo cual se le haría un tremendo favor a los consumidores  y a los productores. De allí entonces que este articulista se permita lanzar algunas ideas sobre este importante tema.

Hay que decir, sin embargo, que aumentar la producción agropecuaria no es una cosa que se pueda hacer en el corto plazo. Se necesita por lo menos un año o dos para que las medidas que se tomen, en el caso de que sean correctas, rindan los frutos esperados. Si es que la decisiones de dilatan en largas discusiones y tramitaciones parlamentarias es posible que los resultados no se vean nunca.

Una primera medida que hay que tomar, a mi juicio en forma urgente, es regularizar la tenencia de la tierra. Los factores productivos no hacen inversiones de mediano o de largo plazo en  empresas que no se sabe a quién pertenecen. Pueden hacer inversiones de corto plazo, para sacar rápidamente de allí todo lo que se pueda sacar, para aprovechar aquello mientras las condiciones lo permitan, o para subsistir mientas no hayan oportunidades mejores. Pero inversiones propiamente tales, no. Con propiedad indeterminada no fluyen ni los capitales privados ni los capitales que se canalizan a través de la banca. Hay por lo tanto que entregar la tierra a los campesinos. Hay que entregar la tierra en propiedad, con todas las características. y cualidades  de la propiedad privada. Entregar en propiedad la tierra que se ha expropiado en diferentes oleadas de reforma agraria, y que permanecen en limbos o en entelequias jurídicas que son cualquier cosa menos propiedad privada. 

Esas condiciones no permiten una actitud ni una actividad de alta productividad y convierten a los  campesinos en dependientes eternos de los funcionarios gubernamentales. Hay que entregar toda esa tierra a los campesinos que han sido usufructuarios de la misma, con titulo claros de propiedad, y en forma rápida, para darles libertad y responsabilidad.

La tierra que no ha sido expropiada legalmente, sino que ha sido meramente arrebatada, o allí donde el proceso jurídico no se ha concluido, sino que se ha alargado durante años, hay que devolverla a sus legítimos dueños. Y devolverla rápida y totalmente. Desistirse el Estado de toda acción legal contra esos propietarios a quienes no se les ha pagado por la expropiación realizada, y cuyas tierras permanecen en usufructo por personas que no tiene ningún derecho sobre la misma. 

Estos procesos de regularización de la tenencia de la tierra deben hacerse en forma rápida y masiva y generar una nueva ola de esperanza en todo el campo venezolano, de modo de romper con inercias de décadas.

Se suele postular que el entregar la tierra en propiedad privada a los campesinos genera la posibilidad de que estos la vendan, con lo cual no se logra el objetivo social que se esperaba con el proceso original de expropiación. Hay que correr ese riesgo. No hay que tratar a los campesinos como si fueran infantes. Hay que darles las oportunidades y las responsabilidades que la tenencia y la propiedad de la tierra traen aparejadas. Si  venden la tierra – proceso que de una u otra manera de todos modos sucede – puede que eso les permita otra opción  económica en otra actividad, y es altamente probable que el comprador de la tierra haga un uso productivo de la misma, pero con el título de propiedad en la mano.

La otra gran bandera que a mi juicio debe ser levantada en la actividad agraria, es definir un grupo de productos que sean prioritarios y centrar en ellos toda la batería de apoyos que el estado puede dar a los productores. No todos los productos pueden tener el carácter de prioritarios. Solo algunos. Por ejemplo, el maíz, el arroz, el azúcar, la leche y la carne. Con un grupo de esa naturaleza se cubre fácilmente la mitad de la tierra y de la producción  agropecuaria. Para ellos, toda la política de subsidios y de apoyos por la vía de los créditos, de los precios, de la investigación, de los aranceles a las importaciones, de los pagos rápidos por cosecha  entregada, etc. Para los demás, las políticas generales – incentivadoras y no restrictivas – que el estado pueda generar, pero sin canalizar hacia ellos los créditos y subsidios estatales. Todo ello es posible, deseable y urgente.

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