En el paquete de medidas económicas recientemente hecho público por el gobierno, hay una serie de medidas tributarias que ponen de manifiesto la voluntad del Ejecutivo de no hacer, bajo ninguna circunstancia, cambios estructurales que modifiquen la estructura tributaria del país y que pongan a los ricos de Chile a financiar parte del costo de la crisis actual.
Las medidas tributarias mencionadas se refieren en su totalidad a la postergación temporal de pagos tributarios -impuesto a la renta, impuesto al valor agregado – que deben cancelarse en el futuro cercano. Esos pagos, se podrán postergar, pero al final, igual deben ser pagados. Lo que debe pagar hoy lo pagarán mañana. Se trata un crédito que se les concede a las empresas, con tasa de interés cero, pero crédito al fin y al cabo. No hay reducción de impuestos, ni imposición de nuevos impuestos a los más ricos de este país. No hay dudas de que ese crédito ayuda a muchas empresas – sobre todo pymes, pero no solamente pymes – a que tengan en lo inmediato un poco más de liquidez y que puedan sobrellevar el fuerte bajón económico que se les viene encima. Pero una vez que las aguas se aquieten – si es que se aquietan – todo volverá a ser como antes. Se volvería a una estructura de impuestos en que los ricos del país contribuyen en escasa medida a solventar los gastos que implica la generación – por parte del estado – de bienes públicos como la salud, la educación o la previsión.
No hay duda de que muchas de las grandes empresas del país – aun cuando no todas- sufrirán disminución de sus ventas, de sus ingresos y de sus ganancias. Pero eso es parte de los vaivenes del mercado que tanto han defendido – y que tanto peso tiene en la constitución actual – como asignador óptimo de los recursos, y del cual tanto se han lucrado en las últimas décadas.
Al sector laboral, en cambio, que ha estado jodido durante años, viviendo de salarios bajos y pensiones miserables, sin estabilidad laboral y carentes de real capacidad de negociación colectiva, se le impone que aguanten gruesa parte del peso de la crisis. El sector informal, bastante numeroso, tiene menos mecanismos de defensa aún. A lo más que pueden aspirar, trabajadores del sector formal, es a tener un bono de cesantía – menor que su salario normal – y costeado en última instancia por ellos mismos, pues se descuenta su fondo personal de cesantía.
El costo fiscal de tienen todas las medidas propuestas por el Ejecutivo se financiará con endeudamiento, con el 2 % constitucional y con los fondos financieros acumulados que están disponibles para atender grandes necesidades nacionales. En otras palabras, serán todos los trabajadores, actuales o futuros, los que pagarán los costos de la presente crisis. A las grandes fortunas del país – a lo que debería imponérseles alguna suerte de impuesto de guerra – no se les toca ni con el pétalo de una rosa.