Economía informal: derecho o delito

En pleno centro de la ciudad de Valencia, cerca de la plaza Bolívar, se encuentra Esther Sarmientos, una mujer dedicada a la economía informal desde hace 12 años, actividad que surgió como una alternativa ante el bajo sueldo que percibía y a los problemas laborales que enfrentó en el comercio en el que estaba empleada, pero que le ha permitido criar a sus hijos como padre y madre al mismo tiempo.

Sarmientos comenta que con 125 mil bolívares, un préstamo que le concedió su padre, comenzó a vender de manera informal y hoy en día confiesa que su ganancia neta es de 650 mil bolívares mensuales. A pesar de ello dice que sufrió las medidas tomadas por el alcalde Argenis Ecarri quien, según Sarmientos, decretó que “no se podía trabajar más en la calle” y luego las impuestas con Francisco “Paco” Cabrera, con quien “se puso más dura la cosa porque había que correr de un lado al otro con la mercancía”, para evitar ser desalojado del lugar por la Policía Municipal.

Asimismo, Sarmientos manifiesta que le gustaría que se construyera un mercado para quienes se dedican a la economía informal. “No incomodaríamos a los dueños de las tiendas, porque estamos conscientes de que ellos pagan impuestos. Así nos protegeríamos del sol, del agua, de los malandros, los chupapegas…”, que, según esta mujer, son algunas de las dificultades que enfrentan quienes venden en las calles. Dice que incluso estaría dispuesta a pagar impuestos para tener mayor seguridad.

Agrega que en diciembre los puestos de ventas tienden a aumentar y, según Sarmientos, muchos de ellos son de un solo propietario. “A veces una persona tiene 20 puestos” y muchas de ellas provienen de otros mercados como el de los Guajiros, o Marcanorte. “Si hubiera un control esto no pasaría”, finaliza.

Esta es la realidad de quienes se debaten entre el ejercicio del derecho al trabajo y la ilegalidad mientras el Gobierno Regional y Municipal se disputan competencias e intentan darle una solución a este problema.

Derecho al trabajo
Según Josefina Aldana, Directora General de Industria y Comercio del estado Carabobo, el origen de la economía informal se encuentra en el derecho que tienen todos los ciudadanos al trabajo, el cual “está garantizado en la Constitución”. Agrega que no obstante, «el año pasado el Gobernador Acosta Carlez, le prometió a la gente de la economía informal un mercado de artesanos o de la economía informal. ”.

De igual forma expresa “se hizo la tramitación de los créditos y ya se tienen previsto unos recursos para la construcción del mercado (…), pero “por cuestiones presupuestarias no se pudo realizar”. No obstante, manifiesta que en el momento en que los comerciantes puedan ubicarse en un mercado tendrán una serie de beneficios: mayor posibilidad de solicitar un crédito en la banca, mejor seguridad y sanidad, los compradores tendrán mayor facilidad de acceso a los puestos de ventas y asimismo se evitarían comentarios que asocian a los buhoneros con actividades ilícitas. “Es cambiar la cultura del caos por el orden”, enfatiza Aldana.

Asimismo, la Directora General de Industria y Comercio del estado Carabobo destaca que “el Gobierno Municipal de Valencia no ha tenido ningún tipo de atención” con relación a la situación de los buhoneros y al caos que generan en las calles de la ciudad, aún cuando “para todos es bien conocido que es potestad de Ley de los alcaldes procurar que las inmediaciones tanto del casco de la ciudad o cualquier otra vía transitable esté en perfectas condiciones”.

En tal sentido, expresa que el Decreto No.807 emitido por el Gobernador de Carabobo tiene como propósito la “protección física y de los derechos humanos de quienes trabajan en la economía informal, mas no el estímulo de esta actividad”. Agrega que la Cámara de Comercio ha manifestado, “con toda razón”, su descontento con el ejercicio de la economía informal, pero señala que “el Gobernador ha dicho públicamente que él no va a lanzarle la policía o la guardia a persona que están ejerciendo el derecho al trabajo; hay medidas conciliatorias que pueden tomarse antes de hacer eso”.

Por otra parte, Aldana señala que, una vez que se construya el mercado para los comerciantes informales, la intención es que estas personas se integren a las distintas Cámaras de Comercio de acuerdo a los productos que ofrezcan, de manera tal que puedan obtenerlos con mayor facilidad y tengan un respaldo de la organización para solicitar un crédito.

De igual forma dice que “en la medida en que los organismos regionales les den formalidad a los comerciantes informales, el Seniat también acude a ellos…”, lo que significa que deberán pagar impuestos, “porque para ser ciudadano hay que cumplir con nuestros deberes y derechos. Y ellos lo tienen lo tienen claro y a eso es a lo que el Seniat le está buscando la vuelta”, pero además “está ventilando la posibilidad de incluirlos en el sistema de seguridad social, que tengan derecho a una vida digna”.

Para finalizar, Aldana menciona que para el año 2007 la Gobernación del estado Carabobo tiene pensado implementar una propuesta que consiste en formar, de manera gratuita, a las personas dedicadas a la economía alternativa a través de la Dirección de Inteligencia de Mercado, en áreas como la toma de decisiones, manejo de recursos, flujo de caja; proceso que, en su opinión, sería más fácil si estos comerciantes estuvieran agrupados en un solo lugar.

De igual forma agregó que en estas condiciones sería posible realizar un estudio socieconómico de estas personas, porque “si en algo se caracteriza nuestra Constitución es en un nuevo modelo económico, pero uno que le de mejor calidad de vida a ellos y esto pasa por muchísimas cosas, no solamente por la formación y capacitación de ellos sino por garantizarles una vivienda digna y un puesto de trabajo digno y el Gobernador está muy preocupado por eso…”

Legal o ilegal
“La economía informal, es evidentemente una actividad comercial que al llamarse informal es ilícita porque no se cumple con uno de los requisitos que la Constitución y la Leyes preceptúan para que esa actividad esté enmarcada dentro de las obligaciones que tiene el sector comercio ante el Estado”, expresa el profesor de derecho constitucional Gustavo Sosa Izaguirre.

Asimismo, este abogado manifiesta que quienes se dedican a la economía informal incurren en faltas al no cumplir con el pago de impuestos nacionales y municipales, al ubicarse en las calles de la ciudad porque obstaculizan el ejercicio de la garantía constitucional del libre tránsito vehicular y peatonal, al tiempo que “constituyen, para el comerciante formal, una competencia desleal” pues no pagan alquiler, servicios públicos ni tributos, lo que les permite vender sus mercancía a un precio más bajo que en los comercios.

Además, Sosa señala que las personas que trabajan en la economía informal violan las ordenanzas municipales que prohíben el establecimiento de buhoneros en las calles y aceras de la ciudad. Agrega que “lo que tiene que ver con las vías urbanas, las acercas, calzadas y con la actividad comercial es competencia exclusiva del Municipio por disposición del artículo 178 de la Constitución Bolivariana de Venezuela; desde luego que no es competencia de ninguna Gobernación de Estado en el país ni puede serla”.

En este sentido, Sosa explica que el Decreto No 807, emitido por el gobernador del Estado Carabobo, Luís Felipe Acosta Carlez, para la protección de los buhoneros que se disponen en algunas calles de Valencia, “además de contravenir las disposiciones constitucionales, contenidas en la Ley Orgánica del Poder Municipal, va en contra de las ordenanzas municipales” y “también limita las garantías económicas” de los comerciantes formales, establecidas en el artículo 112 de la Constitución.

Por esta razón, Sosa sostiene que “ese Decreto está sujeto a que en cualquier momento sea solicitada su nulidad, (Art. 25) como de hecho lo hizo la Alcaldía de Valencia (…), porque usurpa funciones de la municipalidad”, por lo que el gobernador Acosta Carlez está “obligado a restablecer la situación jurídica infringida”.

De igual forma, enfatiza que la responsabilidad del Gobernador es preservar el orden público, la seguridad ciudadana y salubridad, lo que, en su opinión, no se consigue con este Decreto porque “está promoviendo la anarquía, el desorden público y el ambiente propicio para que se materialicen y perpetúen otros delitos”.

A pesar de ello, este abogado indica que el comerciante informal tiene derecho al trabajo, pero cuando lo hace en contraposición con las leyes y ordenanzas es ilegal. Asimismo dice que “vale la pena destacar que es responsabilidad del Alcalde de la Municipalidad de Valencia, en cumplimiento a esa garantía constitucional y ese sagrado derecho al trabajo, reubicar a esos trabajadores informales en inmuebles adecuados que les permitan realizar una actividad digna”.

Por otra parte, opina que la actividad informal se ha incrementado en Venezuela porque “las políticas gubernamentales han hecho que se pierda la confianza y la seguridad jurídica indispensable para que se hagan las inversiones necesarias y el sector industrial pueda crecer, generar puestos de trabajo y como consecuencia evitar el grave problema de la economía informal…”.

Para finalizar, Sosa indica que la solución “tiene que ser materia de legislación nacional”. Es por esta razón que el profesor de derecho constitucional, Gustavo Sosa Izaquirre, ha elaborado un “Proyecto de Ley para la Protección y Seguridad Social para los Trabajadores Informales y de Promoción”, así como una investigación, en conjunto con la Cámara de Comercio de Valencia, titulada “El Sector Informal y su Debilidad ante el Marco de la Legislación Laboral el Venezuela”, en la cual concluye que “el Estado debe definir una política macroeconómica que promueva la inversión y “debe asumir una posición dinámica (…) para definir una propuesta consensual que permita crear nuevos puestos de trabajo y combatir la pobreza”

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