Si hay déficit fiscal, es decir, si el gobierno está gastando sustantivamente más de lo que recibe por concepto de ingresos fiscales, tiene que sacar de algún lado esa diferencia entre ingresos y gastos.

Esto no es muy diferente a lo que le sucedería a cualquier familia: si los gastos durante un período determinado son mayores que los ingresos tiene que pedir prestado -lo cual implica que en el futuro cercano tiene que disminuir sus gastos para poder pagar lo adeudado- o tiene que gastar los ahorros que tenía guardados para las vacaciones o para comprarse un carro nuevo –lo cual es una alternativa que no puede aplicarse eternamente, pues los ahorros terminan por agotase. Si esa familia insiste en tener un ritmo de gastos que supera a sus ingresos se puede volver a endeudar, mientras tenga alguien que le preste, o puede seguir gastándose los ahorros, mientras estos alcancen. Pero llegará un momento en que los acreedores exigirán el pago de lo prestado, y/o en que los ahorros habrán llegado a cero. No hay en ese momento triste más alternativa que apretarse el cinturón.    

Cuando el gobierno es el que está gastando más de lo que son sus ingresos, puede endeudarse, o puede gastar los ahorros que le puedan haber quedado de período anteriores. Pero tarde o temprano se le presentan los mismos problemas que a la familia de párrafo anterior: las deudas llega un momento en que hay que pagarlas, y los ahorros llega un momento en que se agotan.  Si esas fueran todas las alternativas, se haría obligatorio para el gobierno reducir los gastos para eliminar el déficit.

Pero el gobierno tiene alternativas que no las tiene cualquier familia: el gobierno le puede pedir dinero prestado al banco central y pagarle con papeles en que reconoce la deuda, pero está claro desde el principio, para todos, que esa deuda nunca se pagará. El banco central imprime billetes y se los pasa al gobierno. Esto es lo que en la jerga de los economistas se llamaría monetizar el déficit. Esto implica que la acción conjunta del banco central, imprimiendo, y el gobierno, gastando, genera inescapablemente tendencias inflacionarias en el seno de la economía nacional, pues los medios de pagos aumentan más rápidamente que los bienes y servicios disponibles en los mercados.

Al período siguiente el gobierno no tiene ninguna obligación de reducir sus gastos y tiene fuertes presiones para que los aumente, pues los bienes y servicios que tiene que comprar habitualmente para llevar adelante las tareas y funciones que le son propias, tienen ahora mayores precios en el mercado. Los gastos han aumentado, por lo tanto, con respecto al período anterior, y los ingresos, especialmente los ingresos tributarios, se mantendrán como antes o aumentarán muy lentamente, pues la tributación suele tener, como base de cálculo, los procesos económicos, y por ende los precios,  de  un período anterior. 

 

Todo esto implica que el saldo entre ingresos y gastos se hace mayor, y si el gobierno no reacciona disminuyendo sus gastos o incrementando sus ingresos, el déficit fiscal se hará mayor. Pero eso no es un problema, pues el banco central volverá generosa y alegremente a monetizar el déficit.

Si toda esta secuencia de acontecimientos se repite durante varios años consecutivos, el déficit fiscal se irá haciendo cada vez más elevado, lo cual obligará a crecientes dosis de nuevos medios de pagos que se crearán en la medida precisa en que el gobierno los necesite. Todo ello induce niveles de inflación cada vez más elevados.  

Más aun, en la medida en que el gobierno se acostumbre a gastar cuanto quiera -sabiendo que siempre el banco central emitirá la cantidad de dinero que sea necesaria para cerrar la brecha fiscal- entonces no hará esfuerzo alguno por reducir el gasto y el déficit. Todas estas son las condiciones perfectas para generar una hiperinflación. Todo esto se incrementa si los funcionarios públicos -militares incluidos- son parte importante de la base electoral del gobierno y hay que subirles periódicamente sus remuneraciones y/o si los procesos electorales cercanos obligan al gobierno a la política del “todo vale”, lo cual implica incrementar los gastos sin medida ni control alguno.  

Nada de esto sucedería si el banco central tuviera prohibición de financiar los déficit fiscales -o lo que es lo mismo, prohibición de otorgarle créditos al gobierno. Así sucede en la mayoría de los bancos centrales de América Latina y así estaba anteriormente escrito en la ley que regía al Banco Central de Venezuela. Pero esa ley se modificó precisamente para permitir que suceda lo que hemos venido narrando en los párrafos anteriores. También podría suceder que el banco central – aun cuando no le estuviera expresamente prohibido prestarle fondos al gobierno- se tomara en serio esa obligación legal de defender el valor de la moneda nacional.  Eso debería llevar a que el banco central desplegara todas las herramientas necesarias para detener la inflación, incluido el cerrar la chorro de fondos que se crean para traspasárselos al gobierno y que jamás volverán a las arcas del banco central.

El sector privado de la economía participa, a su vez, en el proceso inflacionario, debido a que debe atender las muy legítimas presiones salariales y los mayores costos de insumos y materias primas –nacionales e importadas. Todo ello presiona para incrementos de precios, no solo para cubrir los costos más elevados- de acuerdo a la inflación del pasado reciente -sino para cubrir el costo de reposición de los insumos y materias primas- de acuerdo a las previsiones sobre la inflación del futuro cercano- que son mayores aun.

Caer en una hiperinflación no es difícil. Basta una cuota de ignorancia, de improvisación, de irresponsabilidad y de temor a dejar el poder. Salir de la hiperinflación es lo realmente difícil.

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