El caso venezolano: Dolarización y teoría macroeconómica

(*) Kamal Romero – En Venezuela estamos presenciando un debate surgido en torno a una propuesta de política económica: la plena dolarización de la economía venezolana.

El debate es motivado por la aceleración inflacionaria a la que se ha visto expuesta el país los últimos meses, así como el pesimismo al que invita el análisis del récord de crecimiento del nivel de precios de las últimas décadas.

En este sentido, la dolarización aparece como una medida que solucionaría de facto el problema de la inflación, al atar las manos a las autoridades económicas a la hora de financiar al fisco vía incremento de la oferta de dinero por parte del Banco Central de Venezuela o una depreciación del tipo de cambio.

Este debate se ha basado en su mayor parte en enumerar los pros y contras de la dolarización, así como en la revisión no-formal de experiencias de países dolarizados.

A continuación, se pretende aportar otra visión en este intercambio de ideas y evaluar esta política a través del análisis macroeconómico cuantitativo convencional. También se repasan brevemente una serie de trabajos que realizan lo anterior para economías abiertas en vías de desarrollo como la venezolana, haciendo énfasis en las lecciones de estos análisis.

Dolarización y bienestar. En un artículo de Schmitt-Grohé y Uribe (2001) evalúan un menú de políticas y cuantifican cuál es la mejor en términos de bienestar de la población [1].

Las opciones de política monetaria están compuestas por una dolarización plena, una regla de crecimiento monetario, una inflación objetivo y una regla de tipo de cambio contingente. La última política consiste en que los movimientos del tipo de cambio dependan de variaciones en los términos de intercambio, la inflación de los productos de importación y la tasa de interés internacional.

La evaluación se realiza empleando un marco teórico que recoge importantes características presentes en pequeñas economías abiertas como la venezolana: la alta exposición a choques en los términos de intercambio y condiciones de financiamiento internacional, así como rigideces de precios a la baja.

En función de los choques a los cuales se encuentra expuesta la economía y el grado de rigidez de precios, llegan a la conclusión de que la peor alternativa en términos de bienestar es la dolarización, mientras que la mejor es una regla activa de depreciación/apreciación del tipo de cambio en función de la magnitud y dirección de los choques en los términos de intercambio, tasas de interés y nivel de precios internacionales.

La variable clave detrás de este resultado es la rigidez de precios. Cuando los precios no varían en respuesta a los choques, si se mantiene el tipo de cambio o los agregados monetarios constantes (tal como lo plantea la dolarización), todo el ajuste se realiza vía producción y empleo, lo cual es inferior en términos de bienestar.

Los autores llegan a la misma conclusión en trabajos posteriores, asumiendo salarios nominales rígidos a la baja (ver Schmitt-Grohé y Uribe 2011 y 2012).

En este entorno, los regímenes cambiarios poco flexibles tienen como consecuencia que, ante un choque externo negativo, el desempleo aumente más que ante un régimen más flexible, así como un mayor endeudamiento durante épocas de bonanza.

No cabe duda de que Venezuela es una economía altamente expuesta a choques de naturaleza externa, debido a la gran dependencia a la exportación de una materia prima. Adicionalmente, los ingresos por la exportación de dicho commodity representan la principal fuente de ingresos fiscales, lo cual acompañado de unas instituciones fiscales procíclicas que amplifican los movimientos de precio del crudo, nos coloca en el peor escenario en el caso de adoptar una política cambiaria tan extremadamente rígida como la dolarización.

Ante una caída del precio del petróleo o una interrupción del financiamiento internacional, todo el ajuste se realizaría vía una caída de la producción, del nivel de empleo y la liquidez del sistema financiero.

Dolarización y Políticas Óptimas. Analizando la dolarización desde el punto de vista de una herramienta macroeconómica específica, la teoría de política óptima, se obtienen conclusiones similares [2].

Este enfoque busca determinar cuál sería la política fiscal o monetaria óptima tal que el bienestar de los hogares y empresas sea el mayor posible, y las políticas logren replicar aproximadamente la asignación de recursos que resultaría en una economía de libre mercado. En este sentido, lo que se desea es minimizar las distorsiones de precios que generan los impuestos necesarios para financiar una secuencia dada de gasto público.

El premio Nobel Christopher Sims (2001) emplea un entorno económico muy simple para demostrar que la dolarización no es una política monetaria óptima.

El razonamiento detrás de esta afirmación es el siguiente: la conclusión general es que lo óptimo es variar los impuestos lo menos posible, ya que variaciones en estos generan cambios en los patrones de consumo, inversión y decisiones de empleo que lo alejan del ideal de una economía de libre mercado.

En función de esto, choques que provoquen cambios en los niveles de gasto público deberían ajustarse con cambios en el valor del endeudamiento público, estos pueden realizarse a través de modificaciones en las emisiones de deuda y/o cambios en su rendimiento nominal. Lo anterior se puede realizar generando una inflación (o deflación), la cual modifique el rendimiento nominal de la deuda, transfiriendo recursos del sector privado al público, y facilitando así el ajuste. Una dolarización impide lo anterior.

En este caso habría que incorporar el costo social de la inflación. Varios estudios determinan que ese costo en términos de bienestar (para inflaciones bajas y no persistentes) es inferior al de colocar mayores impuestos distorsionantes a la inversión, consumo u oferta de trabajo (ver Algan y Ragot 2010 para más referencias).

En este punto surge un problema, y en el cual radica precisamente el núcleo de la propuesta de la plena dolarización: ¿Quién garantiza que la autoridad económica no emplee de manera sistemática el impuesto inflación, generando de ese modo inflaciones altas cuyo costo sea elevado para la sociedad?

La teoría de política óptima citada arriba no tiene respuesta a esto, ya que asume que existen mecanismos de compromiso que impiden que la autoridad económica se desvíe de su política. Es en este punto que la plena dolarización podría incorporarse como una “tecnología” de compromiso que evitara un posible sesgo inflacionario de la política fiscal o monetaria.

A este respecto, el compañero de galardón de Sims, Thomas Sargent (2001), plantea lo siguiente:

“En sus artículos y discusiones verbales, los defensores de la dolarización a menudo han apelado a los problemas de compromiso e información, que de alguna manera hacen que la dolarización sea una opción más creíble y con mayor probabilidad de producir buenos resultados. Quienes afirman esto no presentan modelos de cómo la dolarización está conectada con la credibilidad. Necesitamos algunos modelos.” [3]

Lo anterior es lo que precisamente brilla por su ausencia en la actual discusión de dolarización en Venezuela. No existe una relación teórica directa entre dolarización y los problemas de compromiso de las autoridades económicas, los cuales suelen ser el reflejo de debilidades institucionales más profundas.

El ejemplo de Argentina con la caja de conversión, muestra que en economías con instituciones débiles (como la venezolana) y sin las precondiciones necesarias en materia fiscal, financiera y de competitividad (de nuevo como la venezolana), no existe un régimen de política lo suficientemente rígido que impida a un gobierno abandonar el mismo en presencia de un ajuste brutal sobre el empleo y la actividad económica, consecuencia de un choque externo.

Notas

[1] Técnicamente, la evaluación de bienestar que se emplea en el análisis es muy abstracta. Se define como el costo en términos de consumo sacrificado por habitar en una economía expuesta a fluctuaciones, en lugar de una sin dichos movimientos.

[2] Se puede encontrar una versión de libro de texto de esta metodología aplicada a economías abiertas en el capítulo 10 de Vegh (2013).

[3] Traducción mía.

(*) Economista, macro analista económico.

Referencias

Algan, Y. y Ragot, X.  (2010). “Monetary policy with Heterogeneous Agents and Borrowing Constraints” Review of Economic Dynamics, vol. 13(2), pp. 295-316.
Schmitt-Grohé, S. y Uribe, M. (2001) “Stabilization Policy and the Costs of Dollarization”. Journal of Money, Credit and Banking. Vol. 33, No. 2, Part 2: Global Monetary Integration, pp. 482-509.

Schmitt-Grohé, S. y Uribe, M. (2011) “Pegs and Pain” NBER Working Papers 16847, National Bureau of Economic Research.

Schmitt-Grohé, S. y Uribe, M. (2012) “Pegs, Downward Wage Rigidity, and Unemployment: The Role of Financial Structure” NBER Working Papers 18223, National Bureau of Economic Research.

Sargent, T. (2001) “Comment on Fiscal Consequences for Mexico of Adopting the Dollar”. Journal of Money, Credit and Banking. Vol. 33, No. 2, Part 2: Global Monetary Integration, pp. 617-625.

Sims, C. (2001) “Fiscal Consequences for Mexico of Adopting the Dollar”. Journal of Money, Credit and Banking. Vol. 33, No. 2, Part 2: Global Monetary Integration, pp. 597-616.

Vegh, C. (2013) Open Economy Macroeconomics in Developing Countries. The MIT Press.

Fuente: http://prodavinci.com/blogs/el-caso-venezolano-dolarizacion-y-teoria-macroeconomica-por-kamal-romero/

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