El enigma bolivariano: Ocho preguntas y ocho respuestas sobre la Venezuela de Hugo Chávez (Parte 2 de 4)

-Domingo Alberto Rangel, Alzado contra todos (memorias y desmemorias), Vadell Hermanos Editores, Caracas, 2003.-

II. ¿Es democrático el Chavismo?

Para los sectores más duros de la oposición, que controlan una buena parte de los medios de comunicación venezolanos, no hay ninguna duda: Chávez es un dictador implacable y su régimen es totalitario y opresivo. En una entrevista reciente, Marcel Granier, director general de Radio Caracas Televisión de Venezuela, definía al Gobierno bolivariano como “fascista”. Sin embargo, existen bastante críticas más sobrias y realistas enunciadas por espíritus menos alterados, como para interrogarse sobre el posible devenir autoritario del régimen chavista. Entre las acusaciones que surgen insistentemente, podemos citar: el control de los órganos judiciales, en particular el Tribunal Supremo de Justicia y la autoridad electoral; la politización unilateral de las Fuerzas Armadas y la militarización de la vida social, mediante la creación de un cuerpo de reserva de tipo cubano contra la supuesta amenaza de invasión estadounidense; la voluntad de controlar y disciplinar a las ONGs, mediante de una legislación que restringe sus fuentes de financiamiento; la ideologización del sistema educativo, mediante la inculcación de los “valores de la revolución”; las repetidas amenazas contra la autonomía universitaria, bajo el pretexto de la lucha contra el “elitismo”; y los ataques sistemáticos contra la prensa.

La tensión entre los medios y el Gobierno es indudable, y ello no resulta sorprendente, si recordamos que, una gran parte de los primeros llamaron y apoyaron abiertamente al Golpe de estado contra Chávez en abril de 2002. El hostigamiento verbal y, a veces jurídico, es innegable; pero no existe en Venezuela censura ni intervención directa en las redacciones. Como lo admite el periodista opositor Fausto Masó, exiliado anticastrista, “Chávez gobernó asustando a los venezolanos, pero no ha fusilado a ningún adversario ni cerrado ningún periódico”. Una nueva, ley bautizada “mordaza” por la oposición, que procura, entre otras, cosas prohibir los comentarios insultantes contra la persona del Presidente, no se aplica en los hechos. Constituye, más bien, una amenaza latente que apuntaría a provocar la autocensura de los medios. Esta autocensura es apenas perceptible: el tono de insulto grosero e histérico -y a menudo vilmente racista- contra Chávez bajó en los últimos dos años, pero la prensa y la televisión opositora, -esta última mayoritaria en audiencia-, continúan manifestando un nivel de beligerancia y de odio bastante impresionante. Por otra parte, el Gobierno no ejerce ningún control sobre Internet, mientras que el grado de hostilidad de los sitios antichavistas, revela una histeria apocalíptica, expresada en un lenguaje sistemáticamente obsceno e injurioso. Obviamente, del lado chavista no se quedan atrás en el nivel de los insultos.

En relación al hábeas corpus y los derechos civiles, como en muchos países latinoamericanos siguen siendo tan precarios para los prisioneros, los delincuentes y los ciudadanos víctimas circunstanciales de la policía, como en los anteriores gobiernos, incluso si el Gobierno bolivariano procura, a veces, remediar esta situación, como en los casos de ejecuciones extrajudiciales de delincuentes practicadas por la policía en el Estado Falcón. De hecho, la policía tortura bajo Chávez al igual que bajo Kirchner o Lula. No es la culpa de estos mandatarios, pero sí es su responsabilidad, tratar de ponerle fin, pese al escaso poder que detentan frente a algunas policías locales. Sin embargo, la época de las “desapariciones” políticas en Venezuela es de la IVa. República (1958-1998), no la Va. La situación es, desde este punto de vista, mucho mejor que en Colombia, fiel aliado de Estados Unidos. Citemos el reporte 2005 del Departamento de Estado norteamericano sobre los derechos humanos en Venezuela: “La ley garantiza la libertad de reunión y el Gobierno respeta generalmente este derecho en la práctica… Los medios impresos y electrónicos son independientes… El Gobierno no ejerce ninguna restricción sobre Internet ni contra la libertad académica… La ley garantiza a los ciudadanos, el derecho de cambiar pacíficamente de Gobierno y los ciudadanos ejercen ese derecho por medio de elecciones regulares sobre la base del sufragio universal”.

Es cierto que el Consejo Nacional Electoral es controlado por una mayoría chavista, pero todas las acusaciones de fraude lanzadas por la oposición, fueron sistemáticamente desmentidas por los organismos de control internacionales. En relación al actual monopolio del Chavismo sobre la Asamblea Nacional, ello es el resultado del boicot suicida de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005. En vista de las elecciones de diciembre de 2006, en las que decidió participar, la oposición solicitó a los rectores antichavistas de las principales universidades, auditar el registro electoral y el sistema de votación electrónico. La conclusión fue inapelable: “No hay indicios de fraude en el registro electoral”.

Se cita, a menudo, como prueba de la deriva dictatorial, la lista de firmantes a favor del referéndum revocatorio de 2004, llamada lista Tascón, por el nombre del diputado chavista que la hizo circular: dicha lista habría sido utilizada para fomentar discriminaciones profesionales y administrativas contra opositores declarados. Estas acusaciones parecen convalidadas en determinados casos. No obstante, esa lista negra fue desautorizada por Chávez, quien declaró que era necesario “enterrarla”. La dinámica del autoritarismo chavista parece más bien responder al siguiente esquema: beligerancia verbal del caudillo, a menudo con dedicatoria (contra tal personalidad o institución), o, iniciativas más o menos autónomas de amenaza-intimidación de parte de subordinados obsecuentes del régimen, gritos histéricos de medios opositores, desaprobación oficial de parte de órganos de justicia y/o del presidente, éste último con un tono a menudo irónico y agresivo que reafirma los derechos de los opositores, mientras los ultraja verbalmente. Por ejemplo, Chávez declaró que los funcionarios que plantearon juicios por injurias o calumnias contra periodistas, en virtud de la ley de prensa votada por la mayoría parlamentaria chavista, “tienen la piel demasiado sensible” y deberían dejar ladrar a los chacales sin alterarse.

La concentración de poderes y la manipulación de la justicia son reales, pero no absolutos: la justicia “chavista” validó la realización del referéndum revocatorio de 2004. No obstante, habría que comparar la situación venezolana con la que existe en otras democracias de la región. El régimen de Fujimori, que presentaba similitudes en términos de manipulación de instituciones, pero era bastante peor en relación al respeto a los derechos humanos y a su legitimidad democrática, fue uno de los favoritos de la Casa Blanca casi hasta el final. En numerosos países latinoamericanos, se sabe que la justicia es muy corrupta y que responde a mafias políticas, sin que nadie convoque a la intervención de la OEA.

La presencia de una tendencia al autoritarismo y al verticalismo militar en el chavismo es innegable, pero está lejos de ser unívoca e irresistible. Por un lado, se trata de una especie de autoritarismo anárquico y desorganizado, cuyo resultado es más una desistitucionalización rampante, que una supresión violenta de las libertades democráticas. Por otro lado, tiene como contrapeso, un impulso participativo real de las “masas” y sólidos reflejos democráticos de la sociedad, incluidos los chavistas. Hay un incidente muy revelador. En una reacción típica de la cultura marxista-leninista autoritaria de tipo cubano, la diputada Iris Varela, pasionaria revolucionaria del MVR, amenazó con el despido a los funcionarios que se abstuvieran en las elecciones legislativas del 4 de diciembre de 2005. Eso suscitó una reacción indignada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT, cercana al gobierno), que rechazó este ataque contra el derecho “burgués” de no ser obligado a votar, el cual coincide en este caso con el derecho de los trabajadores a no ser despedidos por delitos de opinión.

La misma Iris Varela, interrogada sobre su visión de la oposición por un periodista, soltó esta perla sintomática: “personalmente yo viviría muy bien sin oposición, pero sé que eso no es posible”. Cómo lo sabe y por qué no es posible, no lo sabremos; y es probable que la propia Iris Varela tampoco lo tenga muy claro. En la indeterminación de esta respuesta, yace toda la ambigüedad de la relación del Chavismo con la democracia. Una ambigüedad tal vez más productiva que preocupante si, en lugar de hacerse la pregunta bastante tonta de si Chávez es “un demócrata sincero”, se considera su acción en el marco de los límites que le imponen el contexto y las tendencias socio-políticas locales y regionales.

Fuente: http://noticieroalternativo.com/2009/12/03/el-enigma-bolivariano-ocho-preguntas-y-ocho-respuestas-sobre-la-venezuela-de-hugo-chavez/#

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