La formativa andina deja muy claro que si un país decide dejar de ser miembro de la CAN, como sucedió con Venezuela, debe mantener durante cinco años las ventajas arancelarias que recibía y que otorgaba en sus intercambios comerciales con los otros países miembros. En otras palabras: la liberación arancelaria de que gozaban las mercancías venezolanas al ingresar en el mercado colombiano, peruano, boliviano o ecuatoriano siguen tan vigentes como hace un año atrás. Nada ha cambiado en ese frente, como tampoco han cambiado las franquicias arancelarias de que gozan las mercancías de los países de la CAN al ingresar al territorio aduanero venezolano. La decisión venezolana no genera, por lo tanto, consecuencias ni inmediatas ni catastróficas en esos intercambios comerciales.
Hay desde luego algunas decisiones complementarias que hay que tomar para que todo siga marchando normalmente. Hay, por ejemplo, que redefinir que se entiende por mercancías venezolanas, colombianas, peruanas o bolivianas. Es decir, hay que ponerse de acuerdo nuevamente sobre las normas de origen que regirán en el comercio intrazona que goce de franquicias o de liberación arancelaria absoluta. También hay que ponerse de acuerdo respecto a como y cuando utilizar el mecanismo de las salvaguardias y respecto a como solucionar las controversias comerciales que son inherentes a todo trafico comercial relativamente fluido. Sobre todas esas materias existía y existe una extensa normativa jurídica en el campo de la Comunidad Andina, pero el retiro de Venezuela hace que esa normativa deje de ser vinculante para ella, pero no así las disposiciones arancelarias. Se ha creado ya una Comisión Ad Hoc CAN-Venezuela para buscarle solución a este tipo de problemas, y como nadie en su sano juicio desea que el comercio bilateral entre en crisis, lo mas probable es que a ese tipo de problemas se le encuentren prontamente soluciones sensatas y consensuales.
Es dable suponer, además, haciendo un pequeño ejercicio de futurología, que dentro de cuatro años y seis meses, aproximadamente, cuando el período actual de cinco años esté por vencer, los cuatro países miembros de la CAN y Venezuela se darán cuenta, cualquiera que sea el nivel de comercio que en ese entonces impere, de que no tiene ningún sentido poner fin a las concesiones arancelarias que han estado vigentes durante tanto tiempo, y firmarán rápidamente un acuerdo o un protocolo en que éstas se prorrogarán por otros cinco o mas años. Además, en ese entonces estará ya altamente avanzado el proceso de desgravación arancelaria contemplado en el acuerdo comercial vigente entre la CAN y el MERCOSUR, todo lo cual contribuirá a que Venezuela no esté interesada en regresar en solitario a una situación de escaso comercio con los países de la CAN
¿Qué cambia entonces con la decisión venezolana de retirarse de la CAN? A nuestro juicio esa es una decisión básicamente política, en el más elevado y estratégico sentido de la palabra política. Se ha tomado una decisión que implica mantener un área de libre comercio con los países andinos, pero no seguir caminando juntos hacia la consolidación de una unión aduanera; ni asomarse de conjunto a la construcción de un mercado común; ni coordinar con los países andinos cuestiones generales de política macroeconómica, ni de políticas de desarrollo; ni consensuar con ellos posiciones comunes en los foros internacionales; ni negociar de conjunto acuerdos comerciales con otros países o regiones del planeta; ni ponerse de cuerdo colectivamente en cuestiones de política cultural, educacional, sanitaria, migratoria, etc. Es decir, canalizar la búsqueda estratégica de opciones de desarrollo nacional por caminos diferentes o al menos independientes, hasta donde sea posible y necesario, de las decisiones que tomen el resto de los países andinos.
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