El Gobierno Electrónico (Parte Primera)

El Gobierno Electrónico o E-GOVERNMENT, es el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos internos de Gobierno y en la entrega de los productos y servicios del Gobierno tanto a los ciudadanos como a la industria. Muchas de las tecnologías involucradas y sus implementaciones, son las mismas o similares a aquellas correspondientes al sector privado del comercio electrónico, (o e-business), mientras que otras son específicas o únicas en relación a las necesidades del Gobierno.

Constituye un instrumento esencial para prestar unos servicios públicos más eficaces y de mejor calidad, reducir los plazos de espera de los usuarios y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

En la Exposición de Motivos del Decreto con Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de 28 febrero de 2001 de Venezuela, se indica que:

“… se hace necesario que se consolide “El Gobierno Electrónico”, que incluye todas aquellas actividades basadas en las modernas tecnologías de información, en particular Internet, que el Estado desarrollará para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer las acciones del gobierno de un marco mucho más ágil y transparente que el actual.”

El Gobierno Electrónico es un medio para que todos los ciudadanos, en el ámbito nacional, regional, estatal y municipal, puedan ejercer su derecho a estar informados y acceder a los servicios que ofrece el Estado, a través de la Red del Sistema. Asimismo, el Estado, a través de las diferentes instancias de Gobierno, asume su obligación de garantizar el acceso de toda la población, a la información, uso y aprovechamiento de los diversos servicios públicos que ofrece.

Se basa principalmente en la implantación de herramientas como portales, ERPs, que en caso de los Gobiernos se conocen como GRPs, CRMs, y muchas otras, buscando una mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos internos y de vinculación con la sociedad.

El Profesor Andrés Cañizales, Investigador del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, (CIC-UCAB), en su excelente trabajo denominado “Apuntes venezolanos sobre Gobierno Electrónico. La lejana democracia Digital”, nos trae acotaciones sobre el tema del Gobierno Electrónico, de las cuales transcribimos algunas que nos parecen de ayuda para los estudiosos de este tema:

“Cuando pensamos en la posibilidad de que los ciudadanos realicen gestiones en línea, como pagar impuestos o tramitar el pasaporte, la calidad de la conexión cuenta. Una persona con una conexión precaria, si es que cuenta con ella, tendrá siempre menores posibilidades de involucrarse que aquel que tiene, por ejemplo, un servicio de banda ancha. A nivel global, la importancia que ha venido cobrando la red de Internet, entre quienes tienen acceso a ella, despertó muchas esperanzas sobre el impacto que tendría en el ejercicio de la política y, por tanto, en el debate democrático. Visto desde ambas orillas, en primer término las posibilidades del Gobierno Electrónico desde el Estado podría aumentar “la eficiencia en la gestión mediante la automatización de procesos y la integración informática de distintos servicios”, teniendo como resultados “en el mediano plazo importantes ahorros, mayor transparencia y mayor cercanía a la ciudadanía”.

Este indicador se relaciona con el índice de disposición para el Gobierno Electrónico, que difundiera la Organización de las Naciones Unidas en el año 2003, y el cual se construyó tomando en cuenta tres aspectos: “presencia de los Gobiernos en la red, infraestructura de telecomunicaciones, y capital humano”. El segundo índice es el de probidad pública, (PP), que remite a la “rectitud, integridad y diligencia manifiestas por los representantes y funcionarios de los poderes del Estado para servir a los ciudadanos y preservar sus garantías y derechos dentro de un marco jurídico-institucional respaldado por el conjunto de las instituciones republicanas”, y para ello se toma como referencia el índice de percepción de la corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional .

En este proceso pueden identificarse cuatro fases que persiguen, no sólo que el Estado llegue a los ciudadanos, sino que además sea capaz de idear los medios para que éstos sean escuchados y puedan tener injerencia en la vida pública participando a través de ellas. Sin duda, para la mayoría de nuestros países el principal desafío consiste en el desarrollo e implementación de políticas públicas, que pongan las ventajas de la era digital al alcance de todos los ciudadanos. Esa promoción universal del acceso y uso de las nuevas tecnologías de información, debe estar acompañada de la facilitación de los servicios públicos en línea, a fin de promover una administración eficiente y transparente.

Dirección-E: [email protected]

A %d blogueros les gusta esto: