Empresarios observan que se hace inviable la actividad privada

Mariela León. EL UNIVERSAL. La Ley contra el Acaparamiento coloca al sector productivo privado en un «escenario complicado», porque se insiste en darle un «tratamiento hostil» a la actividad y a sus representantes, en «exponerlo ante la opinión pública a señalamientos inadecuados» y en «cercenarle el derecho a la defensa».

En un análisis preliminar de esa ley, el presidente de Fedecámaras, José Luis Betancourt, señaló que «el Gobierno ejerce una posición extralimitada frente a los demás sectores de la actividad nacional», específicamente a la productiva, al no ser tomados en cuenta para diseñar políticas y elaborar leyes.

«El resto del país, que no sea Gobierno, queda excluido de la toma de decisiones, pues éstas son unilaterales e inconsultas», añadió el empresario, al momento de reiterar «la intención exacerbada del Estado de intervenir en todos los aspectos básicos de la economía».

Consideró en sus declaraciones que «estamos en vías de crear una nueva sociedad, en la cual confluyan únicamente Gobierno, ciudadanos y milicia».

Discrecionalidad
Se refirió también a las últimas decisiones que ha anunciado el Ejecutivo y al mantenimiento del control de precios que «se ha comprobado» es un «mecanismo ineficiente que lleva a la escasez de productos».

El presidente de Fedecámaras indicó que «es contra natura para un empresario vender a pérdida. Es contrariar su razón de ser. Esta y otras normativas recientes hacen difícil la viabilidad del sector privado».

En ese sentido, solicitó a las autoridades revisar estos instrumentos y restaurar el diálogo social, como herramienta necesaria para preservar el equilibrio de los distintos actores de la vida del país.

Desconocimiento
Betancourt destacó asimismo que el empresariado no ampara acciones ilegales ni irregulares». Que quede claro. No respaldamos el acaparamiento ni la especulación». Y en este texto legal no se precisa el alcance o limitación de esos conceptos; por ejemplo, «cuándo es para el Gobierno acaparamiento y cuándo inventario».

Sostuvo además el carácter discrecional de la ley, al delegar en los comités de contraloría de los consejos comunales el trabajo de supervisar e inspeccionar los establecimientos comerciales y expendios de productos básicos.

«Estos consejos no están en conocimiento de la actividad, no están preparados para administrar y aplicar la ley». Esto, argumentó,»pone en alta vulnerabilidad a la ciudadanía».

A la par, Betancourt detectó que esta Ley contra el Acaparamiento colide con la Ley de Protección al Consumidor, en virtud de que con esta nueva normativa «pareciera que se cercena el derecho de particulares y empresarios a hacer uso de la defensa», contemplado en la Constitución de la República.

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