Un país no tiene derecho a inmiscuirse en la política interna de otro.  Ese es un principio muy importante del derecho internacional contemporáneo. No puede, por lo tanto, un país,  estar opinando sobre las diferentes cuestiones que se discuten en el Parlamento de otro, ni debe apoyar política ni mucho menos financieramente a otras fuerzas políticas amigas en un país extranjero, ni puede actuar en forma alguna para incidir en el resultado de las elecciones que en otro país se desarrollan Todo eso es obvio. El problema es que esa obligación de no meterse en los asuntos internos de otro país tiene sus límites: el límite es el respeto a los derechos humanos, y a una cierta categoría de derechos civiles y políticos. Cuando los derechos humanos están siendo violados, pisoteados o no respetados en un país determinado, todo país tiene el derecho y la obligación moral de desplegar todas las formas que la diplomacia y la política aconsejen para poner fin a ese estado de violación de derechos humanos que han pasado a ser derechos defendidos por la comunidad internacional, de acuerdo a tratados y convenios claramente establecidos sobre estos asuntos. También acuerdos como la cláusula democrática presente en el Mercosur, defienden internacionalmente la vigencia de los derechos civiles y políticos en todos y cada uno de los países miembros.

En las últimas décadas el  derecho internacional – que originariamente era el derecho de los estados – ha pasado a ser un derecho que defiende y protege también a  las personas, precisamente de actos realizados contra ellas por parte de los estados. Una manifestación concreta de ello es la existencia y funcionamiento del Tribunal Internacional para juzgar de crímenes de lesa humanidad, aun cuando esos crímenes estén amparados por leyes que los mismos criminales han redactado y aprobado.  

Venezuela tiene una honrosa tradición de injerencia en otros países en defensa de los  derechos humanos. Pongamos algunos ejemplos. Cuando en el sur del continente – básicamente en Argentina, en Uruguay y en Chile – imperaban dictaduras claramente violadoras del derecho a  la vida y de todos los derechos civiles y políticos, Venezuela desarrolló activas formas de solidaridad con las victimas de esas violaciones a los derechos humanos y de apoyo a  quienes defendían y trataban de ampliar los escasos espacios de libertad que lograban sobrevivir en medio de esa barbarie.  Abrió sus embajadas, para que se asilaran allí los perseguidos  políticos, o sus familiares, y el que escribe este artículo no tiene ninguna duda de que sus hijos lograron sobrevivir gracias al apoyo prestado por la Embajada de Venezuela, primero para que se asilaran en su sede, y posteriormente para que abandonaran el país, bajo protección diplomática,  y pudieran llegar a  territorio venezolano.   

Venezuela, a través de su gobierno, de su parlamento y de todas las fuerzas políticas, prestó apoyo irrestricto a los que buscaron asilo en este país, y condenó a las dictaduras sureñas en cuanto foro internacional se discutió la situación de las mismas, incluida la asamblea anual de las Naciones Unidas. Desde Caracas esas  fuerzas políticas democráticas desarrollaban todo tipo de actividades en solidaridad con las fuerzas anti dictatoriales internas, con pleno apoyo de todas las fuerzas políticas venezolanas. Dentro de los países gobernados por estas dictaduras los diplomáticos venezolanos sumaban sus esfuerzos, a veces discretos, a veces más abiertos, para apoyar los procesos democratizadores y para salvar vidas de las garras de los verdugos. El agradecimiento hacia Venezuela, de parte de chilenos, argentinos, uruguayos y brasileños, por nombrar solo a algunos pueblos latinoamericanos, es y será enorme y eterno. Se trató de una injerencia que enaltece a Venezuela.    

Una injerencia de otro tipo, más discutible en sus motivaciones y en su justificación moral, es cuando aviones oficiales sirven para trasladar miles de dólares de dudosa procedencia para apoyar a los candidatos amigos en procesos electorales internos que se desarrollan en otros países.  O cuando se apoya y se financia a un presidente depuesto en Centroamérica, o cuando presidentes de otros países participan en Venezuela en mítines y actos electorales como si fueran miembros activos de los partidos organizadores del mitin correspondiente, o cuando embajadores venezolanos participan en actos electorales en plena campaña presidencial de otros países, levantando la mano de los candidatos amigos.

En síntesis, la no injerencia absoluta, o el derecho de todo gobierno a hacer lo que se le de la gana dentro de su territorio, es una cosa del pasado. Tampoco la injerencia puede quedar librada a los intereses y puntos de vista coyunturales de gobierno extranjeros, que tienen un largo historial de intervenciones nefastas en América Latina y en el mundo. 

Pero hay una abundante legislación internacional – consensuada, aprobada y conocida – que se amplía y se profundiza cada día más, en materia de la defensa internacional de los derechos humanos, civiles y políticos, todo la cual no puede sino ser considerado como un avance de la humanidad contemporánea. 

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