Informe COVID-19 CEPAL-FAO

Producto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020, lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a los alimentos.

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) tiene efectos sobre las actividades del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos) y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social. El Secretario General de las Naciones Unidas ha resaltado la necesidad de una reacción inmediata para evitar una crisis alimentaria.

Por ello, en este informe, preparado en forma conjunta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se hacen recomendaciones de política para sostener la demanda y administrar el comercio de alimentos durante la emergencia y para evitar que su prolongación conduzca a una crisis alimentaria regional.

Decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria

Con las diez medidas propuestas se buscan tres objetivos:

1. Que todos los hogares, especialmente aquellos en condición de pobreza extrema y de inseguridad alimentaria severa, accedan a una alimentación suficiente y nutritiva:

 i) Reforzar el ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL con un bono contra el hambre.

 ii) Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niñas y niños y adolescentes.

 iii) Apoyar con subsidios monetarios o con donaciones de alimentos provenientes de las empresas y los Gobiernos a las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.

2. Que todas las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas sin interrupciones:

 iv) Otorgar apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) a las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.

 v) Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción, el transporte y los mercados mayoristas y minoristas.

 vi) Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.

 vii) Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y los pescadores artesanales.

3. Que los países cuenten con alimentos suficientes para garantizar el abasto a precios razonables:

viii) Establecer o mantener mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario, abarcando la producción, el abastecimiento, la distribución y el acceso a alimentos.

 ix) Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.

 x) Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.

Fuente : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

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