La Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia (ACEEZ) en cumplimiento de las atribuciones que le confiere su ley de creación, en el artículo 2, acuerda tomar posición ante los últimos anuncios que en materia económica hizo el Ejecutivo Nacional el día 26 de julio de 2018.

Nuevamente, el Sr. Presidente de la República se dirigió al país para exponer una serie de medidas económicas, las cuales en su conjunto no contribuyen a resolver la profunda crisis económica que está afectando significativamente a la población venezolana.

En primer lugar, las medidas de carácter monetario, consistente en establecer un nuevo cono monetario antes de ponerse en vigencia el acordado para el 01-08-2018, muestra la falta de planificación de la autoridad monetaria central.



Por otra parte: se observa que el cono monetario es defectuoso, por cuanto es muy extendido en los múltiplos y corto en los submúltiplos; la eliminación de cinco ceros lejos de ayudar a agilizar las transacciones a nivel detal e incluso al mayoreo se presta a confusiones innecesarias; el diseño del cono monetario ayudará a que se profundice la denominada inflación por redondeo, perjudicando al ciudadano en sus transacciones e implicará aumento de precio.

En segundo lugar, el denominado anclaje del Bolívar al Petro, es como asumir que éste es el verdadero patrón del sistema monetario venezolano. Hay que recordar al público que el Petro no es un activo de reserva y tampoco es un activo refugio como lo es, por ejemplo, el oro o las letras del tesoro de Estados Unidos. Además,  al Petro no se le considera una criptomoneda, porque a diferencia del Bitcoin, está vinculado con el gobierno incluyendo su minado. Finalmente, se debe agregar que el valor del Petro está ligado a los precios del petróleo, que es un commodity con un comportamiento en sus precios muy distinto al oro o a las letras del tesoro estadounidense.



En tercer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 113 establece la posibilidad de otorgar concesiones públicas sobre recursos naturales propiedad de la nación. Sin embargo, no está claro cómo una institución no financiera (PDVSA) le entrega o adscribe riquezas de la nación a una institución financiera, cuyo objeto social no es explotar un negocio no financiero. Un sólido BCV no necesita de este tipo de operaciones financieras para fortalecer su patrimonio o justificar la emisión de nueva base monetaria.

En cuarto lugar, la falta de credibilidad de la política económica en general y de la  monetaria en particular es solamente responsabilidad del Ejecutivo Nacional, ya que así está establecido en el numeral 11 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En consecuencia, una política de aparente mayor permisividad en la circulación de divisas, contribuiría a que aumente la probabilidad de un proceso de sustitución de monedas de facto con cualquier divisa con que los venezolanos hagan negocios. Esta política estaría en contradicción con la idea del “Bolívar Soberano” y contribuiría al surgimiento de grupos sociales privilegiados. Además, esta política no necesariamente implicará un mayor flujo de inversiones, ya que Venezuela sigue con un régimen de control de cambios y un vasto sistema de rigideces legales.

Finalmente, la exoneración de aranceles por un año para bienes de capital o consumo intermedio para el aparato productivo es una medida aislada y de poca credibilidad. La razón es que no existe una política económica con carácter y por tanto confiable, debido a que representaría para el Ejecutivo Nacional enfrentar programas de reformas consideradas como anatema desde el punto de vista político.

En conclusión, las medidas adoptadas contribuyen a: 1) profundizar el desorden monetario en general y del sistema de pagos en particular; 2) no se combate a la hiperinflación y por el contrario lo que se busca es convivir con ella; 3) son medidas que siguen escondiendo el verdadero problema de la economía venezolana que es la falta de competitividad y productividad de la economía real gracias al desestimulo persistente de la iniciativa privada y el otorgamiento de privilegios a formas de organización de la producción basadas en saberes propios de economías improductivas y dependientes de transferencias gubernamentales masivas; 4) esa incompetencia productiva es la raíz del desplome generalizado de las remuneraciones.

En este sentido se recomienda: 1) Solicitar la opinión de la Contraloría General de la República y de la SUDEBAN frente a las operaciones del BCV como entes contralores, reguladores y fiscalizadores (artículo 319,320 de la CRBV), y 2) que la Asamblea Nacional exija cuenta de las actuaciones, metas y resultados de las políticas del BCV y de la política fiscal y de endeudamiento (artículo 319 de la CRBV).

 

 

 

Maracaibo, 26 de julio de 2018

 

 

Por la Junta Directiva.

 

 

 

Douglas Romero                             Thessaly González              Jennifer Fuenmayor

Presidente                                     Vicepresidente                       Secretaria

 

 

 

 

Alberto Castellano                         Emanuel Borgucci

Tesorero                                        Bibliotecario