LA OPINIÓN DE Rafael Palacios

El Nacional

17 DE ENERO DE 2017 12:04 AM

Ninguna intención política de pensar la transición del rentismo petrolero a la productividad como motor del desarrollo económico y social del país, puede desestimar el gran peso que tienen los indicadores y variables científicos y tecnológicos en la realidad macroeconómica actual.

Ciertamente, la Cepal, que ha tenido como muy pocas instituciones, una cierta visión positiva de la realidad del país, afirmó recientemente que Venezuela está haciendo esfuerzos para diversificar la matriz productiva, pero al mismo tiempo reconoció una contracción económica del PIB de -8% en 2016 (casi equivalente a la contracción económica registrada en toda América Latina de -9%). La Cepal vaticina una menor contracción para el país en 2017 de -4%, a diferencia del repunte económico que sí tendrían para ese mismo año las economías suramericanas. Por su parte, el FMI ha estado también muy cerca de las predicciones de la Cepal en cuanto a la contracción económica, la calcula en -4,5%. También el FMI predice una inflación de 1.660% para 2017 y una caída significativa del desempleo. Todas estas cifras no parecen estar fuera de la realidad, sobre todo, si se consideran las predicciones hechas por estas instituciones en 2016. Tampoco estas cifras parecen inciertas, cuando se leen datos preliminares emanados de portales de información que señalan que números parecidos a la Cepal y al FMI son también manejados desde el BCV. Pero si además a todo esto se le agrega el precio actual y la tendencia real que alcanzaría el barril de petróleo en 2017, será entonces una tarea titánica enfrentar los problemas de escasez y de producción que se observan actualmente en Venezuela.

El presupuesto nacional de 2017 ha sido valorado en 8.479.301 millones de bolívares y se ha estimado que solo 3,2% de ese presupuesto sería sostenido por las exportaciones petroleras. Por lo tanto, valdría la pena preguntarse: ¿cómo el país generaría productividad en estas condiciones?

La realidad es que Venezuela aún no cuenta con el conjunto de intangibles y el esquema de políticas necesarias para transitar hacia una nueva economía. En 2017 continuará la tensión de la política económica nacional de acuerdo con el alza y la baja de los precios del petróleo, y esto no solo determinará el cumplimiento de los compromisos de deuda extranjera del gobierno, sino que también definirá los alcances de una alta inversión en dólares que obligatoriamente requiere el aparato productivo nacional. También, la intención de aumentar la producción de bienes y servicios para este año, pensando que con ello se reduciría la dependencia de importaciones, al mismo tiempo que se ha disparado el indicador de rezago tecnológico en el sistema de producción nacional (sector público y privado), luce imposible. De acuerdo con indicadores de ciencia y tecnología latinoamericanos, este rezago en países medianamente productivos ya ha alcanzado cifras alarmantes por encima de 55%. Según reportes científicos, solo en la industria petrolera venezolana podría existir un rezago tecnológico mayor de 60%.

La conformación del conjunto de motores económicos impulsados desde hace años por el gobierno de Chávez y ampliado por el gobierno de Maduro en el 2016, no podrá tener el impacto esperado en 2017. La principal razón es que la exportación de productos nacionales no estaría lo suficientemente estabilizada como para poder asociarse con un esquema de producción basados en generación de productos de alto valor agregado de forma sostenida y masiva. La pérdida del capital humano, el rezago tecnológico, la baja significativa en la productividad laboral y las dificultades para aumentar drásticamente la inversión en la conformación de intangibles relacionados con la innovación aumentará, dado que no existe la capacidad suficiente de investigación y desarrollo por parte del sector productivo público y privado. Adicionalmente, este sector prácticamente carece de una demanda estructural que se articule con la oferta de conocimiento existente particularmente en las universidades y centros de investigación nacionales.

Apostar al objetivo de que en este 2017 el empresariado pueda producir mayormente para el consumo nacional en ausencia de una política industrial nacional sostenida y en ausencia de un sistema de innovación articulado con los planes económicos, no podrá generar capacidad productiva e innovativa como para elaborar productos nacionales de mayor calidad a los producidos anteriormente.

La generación de capacidad innovativa y la posibilidad real de sustituir la renta petrolera por nuevos sectores de producción de alta tecnología es cada vez más dependiente de la existencia de una estrategia estatal de utilizar las inversiones extranjeras directas. La IED es el instrumento por excelencia para crear capital de intangibles y capital fijo relacionado con capacidad productiva exportadora. Las inversiones chinas que son prácticamente las inversiones que caracterizan la demanda de las IED en América Latina, para el caso de Venezuela, no han sido aprovechadas lo suficiente con la conformación de una estrategia nacional de transferencia tecnológica asociada a la balanza comercial. La transferencia tecnológica como generadora de capacidades de dominio de conocimiento tecnológico no han sido claramente observables en el proyecto del arco minero, lo mismo ha ocurrido con la estrategia de ampliación de capital y tecnología internacional en la faja petrolífera del Orinoco y asimismo con los otros proyectos menores de transferencia tecnológica convenidos con países de América Latina (Brasil, Argentina, Cuba, entre otros). Siendo la transferencia tecnológica un esquema que requiere de madurez en la estrategia política de innovación, no es precisamente el año 2017 donde se podrán aprovechar estos procesos mediante las inversiones extranjeras. Pero más negativas lucen aún las condiciones económicas actuales, que no favorecen atraer inversiones extranjeras de alto capital de riesgo.

La política nacional de ciencia y tecnología e innovación, la cual debiera ser instrumento para avanzar hacia una nueva economía, tendrá en 2017 limitaciones presupuestarias significativas sobre todo para invertir en la importación de tangibles y la creación de intangibles nacionales. En consecuencia la inversión no podrá tampoco igualarse a los indicadores de ciencia y tecnología que alcanzó el gobierno de Chávez publicados en 2006. El éxodo masivo de investigadores registrado hasta 2016, y la muy baja colaboración internacional observada hasta el presente en el campo de la investigación científica fundamental con instituciones internacionales de excelencia, continuarán debilitando las posibilidades para que el país pueda desarrollar grandes proyectos estructurales de investigación científica y tecnológica, así como la conformación de una oferta tecnológica realmente atractiva al sector público y privado. No menos importante es que la aprobación de la Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti), una vez aprobada en segunda discusión por parte de la AN, no será aplicada en 2017 por el gobierno nacional, pero quizás será un año para repensar una nueva propuesta de ley de la forma más amplia posible y más adecuada a estos tiempos.