La inflación como problema de economía política

La inflación es el equivalente a un temblor constante en el suelo financiero de los ciudadanos. A nadie le gusta que los precios de los bienes y servicios aumenten sostenidamente, pero no es culpa de los comerciantes o empresarios; quien en realidad hace negocio con ello es el gobierno, que con la creación de dinero puede financiar su gasto discrecional y hasta clientelar.

Los funcionarios de cargos públicos no son, por lo general, hombres y mujeres predestinados para marcar el camino de los ciudadanos, sino sujetos con vocación de poder. Cuando llegan a esos cargos o instancias, entienden que su única manera de mantenerse es invirtiendo dinero en su base de votos, sobre todo a través de obras, programas sociales, servicios públicos y subsidios.

Pero, ¿Cómo se paga esto? Los gobiernos tienen varias formas de generar sus ingresos: mediante la recaudación de impuestos, a través del endeudamiento con fuentes internacionales, con las ganancias de las empresas estatales, y con la creación de dinero sin respaldo, que bien puede ser en impresión de billetes y monedas o en la monetización de sus déficits fiscales.

Este último tipo es, de todos, el más flexible para los gobiernos, porque pueden apelar a este cuando sus gastos ya superan el nivel de sus ingresos. Para invertir y pagar los compromisos entonces se crea dinero, literalmente, y de esta manera los gobiernos no se ven limitados por dinero.

El economista estadounidense Milton Friedman, ganador del premio Nobel, llegó a decir en alguna ocasión que la inflación es, de hecho, un impuesto encubierto, porque el gobierno emite más dinero del que la economía necesita para cubrir sus déficits, pero ello lo hace a costa de los ciudadanos, pues les quita parte de su dinero -tal como con un impuesto- cuando los bienes aumentan de precio.

Esto es, a todas luces, un problema de economía política, dado que ningún gobierno quiere tener una gestión limitada y austera, donde los ciudadanos no sientan ningún aporte estatal, pues ello les significaría una derrota segura en el siguiente evento electoral. Basta ver los casos en América, sobre todo a raíz de la pandemia, donde gobiernos como los de Argentina, Venezuela y hasta los propios Estados Unidos han estado creando dinero para poder mantener sus niveles de gasto social. Y la consecuencia ha sido muy clara: procesos inflacionarios que afectan a los ciudadanos.

Esto podría extenderse a más países de la región, como Colombia y Chile, que, si no controlan y limitan su emisión de dinero, pueden verse luego atrapados en una espiral inflacionaria de la que costará hallar una salida sin costos políticos graves para los gobiernos, tal como ha ocurrido en Venezuela durante los últimos años.

Entonces, si el gobierno es quien hace negocio a partir de la emisión inorgánica de dinero, ¿por qué las quejas van hacia los comerciantes, empresarios y banqueros? Estos agentes económicos solo responden a la dinámica en que se ven inmersos, y lo hacen naturalmente buscando mantenerse a flote. Los precios aumentan, pero no por culpa del comerciante, sino por culpa del gobierno.

Lo que más bien habría que evaluar en esos casos es cuál es el déficit del gobierno, cuál está siendo su gasto y su presupuesto público, qué tantas pérdidas pueden estar reportando las empresas estatales, qué subsidios se están otorgando y si van dirigidos a paliar solo la pobreza de ingresos (coyuntural), o más bien la pobreza de condiciones materiales y de servicios (estructural). El seguimiento ciudadano a ese gasto público sería esencial para entender la inflación del país.

La labor de contraloría y vigilancia ciudadana es vital para hacer frente a la inflación que provocan los gobiernos, y ello pasa por entenderlos como actores orgánicos que pretenden mantenerse en el poder, aún a costa de generar pérdidas económicas para los ciudadanos.

@anderson2_0

Por Anderson Ayala Giusti, El Nacional -octubre 29, 2021

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: