Lorayne Finol: «Hay serias fallas estructurales en la Ley de Costos y Precios Justos»

Sobre un escritorio, apunta con el dedo a una copia de la Gaceta Oficial. Con algunas frases resaltadas en amarillo y con anotaciones en el borde, se puede observar que Lorayne Finol, profesora de la Escuela de Derecho en el área financiera, ha analizado bien la nueva y controversial legislación conocida como Ley de Costos y Precios Justos.

Para la académica, la nueva norma es fácticamente imposible de implementar, según el diseño jurídico que se le ha dado.

“La población a la que está dirigida la Ley, es decir, a todos los productores, comerciantes y empresarios, está sobredimensionada y es inviable que se logren aplicar las medidas que allí están previstas. Hay una limitación técnica porque no se tiene la plataforma de fiscalización lo suficientemente amplia para este fin”, afirma.

Recientemente, la Asamblea Nacional sancionó el reglamento parcial, que establece parte del aparataje que se encargará de canalizar las regulaciones. Pese a las opiniones que corren entre los venezolanos, lo que está vigente en la ley es la creación del organismo y parte de los mecanismos que ejecutarán las sanciones.

La ley establece un lapso de 90 días -conocido como vacatio legis– para empezar a funcionar. Sin embargo, a juicio de la profesora, estos 90 días no serán suficientes para crear el entramado organizativo y cumplir con las funciones planteadas en la ley.

“No dan abasto. Apenas tenemos una Superintendencia que creó un espacio web para hacer presencia en el gobierno en línea, pero de esta forma no se garantiza la aplicación de la ley con todas sus implicaciones”.

El reglamento parcial sancionado el 22 de septiembre de 2011 concede una nueva prórroga hasta marzo de 2012 -con un nuevo vacatio legis de 90 días hábiles- para ejercer todo el contenido. “Y no es de extrañar que luego sancionen un nuevo lapso en marzo, cuando este se venza”, comenta Finol.

Intervención estatal

A juicio de esta jurista, la consecuencia directa de esta nueva legislación es la creación de más burocracia, a través de la solicitud de información que el Estado ya tiene. “Se establece la obligatoriedad de consignar la estructura de costos por medio de un balance contable, información que ya el estado debe recibir a través del SENIAT”.

Instrumentos legales tan coercitivos como este generan ansiedad en el consumidor y constituyen, según la profesora, los resultados negativos de una política pública basada en la improvisación, en la que se actúa por ensayo y error.

“Por ejemplo, el INDEPABIS (Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios) se creó hace pocos años, y sus facultades incluyen ya la fiscalización de precios y protección de los usuarios”.

Finol, más allá de las fallas estructurales en la norma, aplaude la iniciativa del Estado en atacar un problema que está afectando a la economía venezolana, especialmente por la admisión tácita de que la empresa privada debe formar parte de la construcción de la economía.

“Reconocen que un estado omnipotente no es capaz de responder a todas las necesidades de la población, si no llama a la inversión privada, como expresa la maravillosa constitución de 1999”.

Fuente: http://www.agenciadenoticias.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=2784&Itemid=156

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