Los latinoamericanos –a pesar de lo mucho que podamos hablar de integración y de hermandad- en realidad sabemos poco de lo que sucede en los países de la región, más  allá del país donde vivimos. Con respecto a Panamá, hay una buena parte de la opinión pública latinoamericana que solo sabe que se trata de un país cortado por un canal que comunica a los océanos Atlántico y Pacífico.  Eso es cierto.

Pero es bueno recordar que ese canal estuvo durante gruesa parte del siglo XX bajo control de Estados Unidos, el cual no solo administraba el canal propiamente tal, sino que tenía prácticamente soberanía sobre 5 millas a cada lado de la vía acuática. Allí llegó Estados Unidos a tener 14 bases militares de triste recuerdo. Si esa situación pudo finalmente eliminarse no fue gracias a que los norteamericanos hayan sido derrotados en una guerra de expulsión, o de liberación, o por obra y gracia de  una insurrección popular imposible de resistir, que haya obligado a los norteamericanos a salir arrancando de ese territorio. Si esa situación cambió, y si los panameños llegaron a ser íntegramente dueños soberanos de su territorio, fue gracias a la larga resistencia cívica del pueblo panameño y a los acuerdos Torrijos Carter, mediante los cuales se pactó, en 1977, la entrega del canal para 1999. Se trató, en pocas palabras, de un triunfo de la política y de la diplomacia, y en alguna medida de la sabiduría y de la prudencia, por parte de todas las partes involucradas. Así vistas las cosas, se trata, indudablemente, de un excelente ejemplo para toda la América Latina, donde la buena diplomacia tiende a ser sustituida muchas veces por la retórica y el discurso encendido.

Una segunda cuestión que es interesante de ser tenida en cuenta en el caso panameño es que el canal, en manos panameñas, ha funcionado excelentemente bien. Siendo una obra monumental de la ingeniería del siglo XX -que requiere de mucho dominio técnico para su funcionamiento y su administración- el canal es una vía acuática que sigue eficientemente a disposición del comercio y del tráfico marítimo internacional. Son 35 o 40 barcos los que cruzan diariamente el canal, en un sentido o en otro, con entera seguridad. Todo parece indicar que la administración del canal no se ha convertido en un trofeo para los gobernantes de turno, ni en una caja chica, ni en una fuente de colocación laboral para amigos y militantes.  Las palabras eficiencia, tecnocracia y meritocracia que se han convertido casi en malas palabras en ambientes políticos como el venezolano, siguen teniendo plena vigencia en al contexto panameño, por lo menos en lo que dice relación con el canal.

Cuando estaba en manos norteamericanas el canal no tenía, formalmente, fines de lucro. Se supone que si algo se cobraba por atravesarlo, era solo para cubrir los costos de funcionamiento, pero no se generaban utilidades que se repartieran a sus dueños. Estados Unidos se sentía suficientemente recompensado por el hecho de tener a disposición una vía que le permitiera unir sus costas atlánticas con las pacíficas, lo cual reducía costos y tiempos en el seno de su propia economía. Eso cambió con la administración panameña. Ahora se define claramente al canal como un mecanismo que tiene, entre otras funciones, la de proporcionar un ingreso por concepto de peaje a la economía de Panamá. Hoy en día el canal aporta aproximadamente 900 millones de dólares anuales al fisco panameño, además de lo que paga en salarios y en la adquisición de bienes y servicios locales. Se trata, por lo tanto, claramente, de lo que los economistas definirían como una economía rentista.

El rentismo panameño ha permitido la creación de obras de infraestructura – autopistas, metro en Ciudad de Panamá, remodelación del casco antiguo, parques, aeropuertos, etc.– y el apoyo a un sector financiero y de servicios altamente integrado a  la economía internacional.  Lo interesante del rentismo panameño es que no parece canalizarse hacia la producción de cualquier tipo de mercancías, ni hacia una elevación generosa de los niveles de ingreso y de consumo de la población, sino hacia potenciar a Panamá como una economía abierta y de servicios. Parece confirmarse en el análisis de Panamá que el rentismo no es intrínsecamente malo -como pretenden postular algunos analistas venezolanos que no hayan ya a quien echarle la culpa de su males– sino que es enteramente posible disponer con sensatez de una renta económica que no se agote en sí misma, sino que abra nuevas fuentes de riqueza al país que la posee.  Con la culminación de las obras de ampliación del canal –lo cual debe suceder a fines de este año o principios del próximo- la renta panameña aumentará, pues permitirá el paso de más barcos y de mayor tonelaje.

Otra característica importante de la economía panameña es, que se integra a le economía internacional por la vía fundamentalmente de la venta de servicios: los servicios del canal, los servicios portuarios que proporcionan  los puertos de Colon y de Balboa –los dos más grandes de América Latina-,  los servicios financieros, los servicios ligados a la interconexión aérea de todo el continente, los servicios comerciales relacionados con la zona libre de Colon. No se visualiza como un pecado ni como una deuda histórica el no tener un sector industrial suficientemente poderoso. Y lo interesante es que el sector moderno y de servicios genera un crecimiento que dinamiza al conjunto de la economía y que absorbe lentamente a los bolsones de pobreza y de falta de modernidad que todavía subsisten en la sociedad y en la economía panameña.

Una última cuestión: quien recorre Panamá no encuentra un solo afiche, ni pancarta, ni aviso en la prensa -en ningún punto del país- donde se muestre el nombre o la cara del Presidente de la República y donde se alabe su accionar. Y en todas las gasolineras, restaurantes y hoteles -de cualquier categoría- se encuentran baños limpios y bien provistos de papel toilette. Son algunas pequeñas grandes cosas, que se suman a las anteriormente mencionadas, que colocan a Panamá en la senda de los países civilizados. Cochina envidia debería darnos.

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